La Oficina Anticorrupción, dirigida por Bildu, que cuesta un millón de euros y no supo ver lo que hacía Cerdán

Navarra cuenta desde hace 7 años con una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que fue impuesta por Bildu para apoyar el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) y que cuenta en este año 2025 con un presupuestos de casi un millón de euros, 997.710 euros para ser exactos. Y sin embargo, no fue capaz de ver lo que estaba sucediendo en las adjudicaciones de obras a la empresa Servinabar, donde el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tenía el 45 % de la propiedad.

Esta Oficina Anticorrupción «se crea para la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y prácticas fraudulentas de las Administraciones Públicas de Navarra y de las sociedades y entidades participadas por estas en los términos que se regulan en la presente ley foral», según reza el artículo 1.2 de la Ley Foral de creación de esta entidad.

Y desde el año 2022 está dirigida por Edurne Eginoa, a propuesta de Bildu pero que contó con el respaldo del PSN y el resto de formaciones que conforman el Gobierno de Navarra.

Se trata de una Oficina que, año tras año, ve su presupuesto incrementado de forma notable. Si en el año 2023 contó con algo más de 600.000 euros (de los que gastó tan solo 200.000 por falta de personal), en el año 2024 fueron 875.000 euros de presupuesto y en este 2025 ya se acerca al millón.

Sin embargo, poco pudo ver en torno a las actividades de Servinabar y mucho menos de la participación de Santos Cerdán en esta empresa constructora.

Sobre su mesa hay dos denuncias presentadas en torno a la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, la obra más importante en Navarra en la última década. Sin embargo, pese a llevar más de un año con las denuncias interpuestas, todavía nada ha decidido.

La única resolución aprobada en torno a los túneles de Belate fue la que determinaba que el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, tío de la presidenta, había cometido una incompatibilidad de trabajo al ser consejero y participante en una empresa, que por cierto, trabajaba con una de las adjudicatarias de los túneles de Belate, aunque la Oficina Anticorrupción determinó que «no se puede afirmar que se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Comunidad foral o se haya producido un beneficio en el patrimonio propio o de terceras personas».