Javier Gómez Bermúdez: «¿Cómo puede seguir siendo fiscal general una persona que ha borrado todos sus mensajes? Debería dimitir sin duda»

En una sala de Ramón y Cajal Abogados, el despacho al que se incorporó cuando solicitó la excedencia, Javier Gómez Bermúdez ya no ejerce como juez, sino como abogado en el departamento de Procesal Penal, aunque es difícil que se le pueda revocar al juez vocacional que tiene dentro desde que ingresó en la carrera judicial con 25 años.

En la Audiencia Nacional desde 1999, fue el presidente de la Sala de lo Penal durante ocho años, cuando le sustituyó el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ideólogo de la Doctrina Parot, con gran experiencia en materia de terrorismo, fue el juicio de los atentados del 11-M el que le dio un mayor protagonismo, al igual que cuando le tocó por turno el caso de los papeles de Bárcenas, «que me quitaron de las manos en tiempo récord, en cuarenta y ocho horas». En esta entrevista cuenta cómo ve la huelga convocada por jueces y fiscales, la Ley Bolaños, el papel del fiscal general del Estado o la ley de amnistía.

–Este sábado hubo una concentración por la independencia judicial ante el Tribunal Supremo y a partir del 1 de julio está convocada una huelga. ¿Está en juego parar el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial?

–Vaya por delante que este Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por reforzar la independencia de los jueces. Más bien al contrario, ha puesto en duda su independencia, incluso sus motivos finales atribuyéndole motivos espurios, de lawfare. Dicho esto, no creo que los jueces deban hacer concentraciones ni manifestaciones y menos huelgas. Durante los 30 años que he estado en servicio activo, jamás he ido a la huelga. Solo a una concentración por los atentados del 11 de marzo en la puerta de la Audiencia Nacional para manifestar nuestro dolor y solidaridad con las víctimas.

En este caso, establecer una presión sobre el Gobierno y sobre el Legislativo para que modifique una ley, no me parece correcto. También es verdad que el nivel de enfado que hay en la judicatura por el trato que llevan recibiendo constantemente es alto, aunque tampoco es exclusivo de este Gobierno. Todos los Gobiernos, cuando les ha ido mal, han tenido críticas muy duras para la Justicia.

–¿Cree que la conocida como Ley Bolaños incrementa el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos?

–La ley tiene graves defectos, y además no es una buena ley, aunque también hay que entender que las leyes tienen un proceso de tramitación y de enmiendas. Lo que conocemos hasta ahora tiene graves deficiencias y en el aspecto concreto que usted plantea, me parece insostenible. Ahora mismo no hay garantía de que un teórico fortalecimiento del fiscal general del Estado y otorgar la instrucción al Ministerio Fiscal sea lo más conveniente.

–¿Cuáles son las deficiencias que usted ha podido encontrar en ese anteproyecto de ley?

–Se dice que se desvincula el mandato del Fiscal General del mandato del Gobierno. O tenemos otra lectura: Blinda usted al fiscal que ha designado un año antes de irse. La instrucción del fiscal la llevo pidiendo décadas, pero una cuestión distinta es que hay que hacerlo bien. Ahora mismo ni hay medios personales ni la Fiscalía tiene suficientes miembros para hacerse cargo del pleno de la instrucción. No hay medios materiales, no hay garantías de que los fiscales puedan actuar, no con independencia, sino que tengan unos contrapesos, y esos serían los jueces de garantía. Pero con ello, lo que hacemos es duplicar la instrucción. Luego tiene que tener otra respuesta, que la encontramos en sistemas como el francés, que es un sistema mixto. Pero no podemos fijarnos en tomar las potestades del sistema anglosajón sin sus contrapesos.

–Y, sobre todo, porque se plantea de forma urgente entregar la instrucción de las causas penales y también el control de la UCO a una Fiscalía que ahora mismo puede parecer que está controlada a su vez por el propio Gobierno.

–No creo que la Fiscalía esté controlada por el Gobierno. Creo que algunos de los altos cargos de la Fiscalía son pro Gobierno o pro ideología socialista. Todos los jueces tienen ideología, lo que no puede ocurrir es que esa ideología determine el sentido de su actuación. Siempre he dicho que soy un juez de tendencia conservadora, cuando estaba en activo, pero también soy partidario de muchos derechos sociales. Lo que nunca hizo mi ideología es determinar el sentido de mis resoluciones. Un juez conservador que fue el ponente y presidente del 11-M o del Yak-42, asuntos que perturbaron muchísimo al entonces Gobierno. O fui ponente de la PSV, la Promotora Social de Vivienda patrocinada por la UGT, y condené a la UGT. Con los fiscales pasa lo mismo. El fiscal puede tener sus tendencias ideológicas, pero en el momento que su ideología condiciona el sentido de sus actuaciones, ya nos hemos salido de la vía. No creo que ahora mismo determinados altos cargos de la Fiscalía sean capaces de segregar su ideología de su actuación.

¿Cree sinceramente que ahora mismo el ciudadano va a confiar en una instrucción hecha por el Ministerio Fiscal?

–Al querer ponerse en marcha de forma urgente parece que quiera paralizar los casos de corrupción que le salpican, desde su familia, su partido, su Ejecutivo…

–Me parece una obviedad. Durante siete años no se ha hecho nada, y ahora, de golpe y porrazo, es urgente todo. Trasferir la instrucción al fiscal requiere una ley de enjuiciamiento criminal nueva y una nueva estructura. Y hay que plantearse cómo se incardina esa instrucción con el ejercicio de la acción popular, que está institucionalizada en el artículo 125, y no se puede suprimir. Lo que si se podrá es regular. Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen muchos juristas de que la acción popular no puede ser ejercida ni por partidos políticos ni por sindicatos.

–El ministro Félix Bolaños insiste en limitar la acusación popular por ser «un nido de ultras», pero cuando Manos Limpias sentó a la infanta Cristina en el banquillo no se criminalizó como ahora que se investiga a Begoña Gómez…

–O cuando en la pieza 24 de Villarejo está el PSOE. Si es que no tiene sentido. Es verdad que hay asociaciones que tienen un tufo, y dan una impresión de ser más o menos radicales, pero las hay de ambos sentidos. Y mientras la ley no distinga, no podemos distinguir. Por lo tanto, habrá que reformarlo, y no hacer trampas al solitario, que es lo que se quiere hacer. Desactivar completamente a la acusación particular y la popular.

–Entonces, con estos mimbres, iríamos abocados a una ley chapuza.

–Las prisas, desde luego, no son un buen acompañante en este tipo de reformas. También es verdad que no podemos hablar de prisa, cuando llevamos cuarenta años debatiendo esta cuestión. ¿Pero usted cree sinceramente que ahora mismo el ciudadano va a confiar en una instrucción hecha por el Ministerio Fiscal?

–¿Debería dimitir el fiscal General del Estado por estar procesado?

En mi opinión, sin duda, pero por pura dignidad de la Fiscalía. No porque el señor García Ortiz haya hecho o no haya hecho, que tiene incólume la presunción de inocencia. Pero es que simplemente está perjudicando la imagen de la Fiscalía y la imagen de la Justicia española, no solo en España, sino en el mundo entero, porque esto se está comentando a nivel mundial.

–El Colegio de Abogados de Madrid pide cuatro años de cárcel por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cree que es proporcionado?

–Está dentro de los parámetros del Código Penal, por lo tanto, es correcto. Y no hablo ya del proceso penal, hablo de la realidad. ¿Cómo puede seguir siendo Fiscal General del Estado una persona que ha borrado todos sus mensajes y todos los correos electrónicos de las fechas concernidas? Y no me diga que me cambiaron el teléfono, ¿y su gmail que era privado también se lo cambiaron?

–El juez Peinado ha pedido al Supremo que investigue al ministro de Justicia por malversación y falso testimonio.

–El que tiene los datos es el juez. Lo que sí es cierto es que el tufo no es bueno, porque poner a trabajar a un funcionario público para intereses particulares suena raro. Lo que habrá que ver es si el trabajo que hacía era para intereses puramente particulares o eran intereses anejos al papel público que le corresponde por matrimonio con el presidente del Gobierno.

–El Gobierno de Sánchez abre ahora la puerta a 1004 plazas de jueces y fiscales sin oposición al sistema, ¿parece que están seleccionados los puestos y que tienen nombres y apellidos esas plazas?

–Hay dos reflexiones. El hecho de la temporalidad no implica que tengas que ganar la plaza fija sin hacer nada, sino que tiene que haber un control de calidad, un baremo de méritos. No todos los jueces sustitutos son iguales. Hay jueces sustitutos que son mejores que algunos jueces de carrera, porque llevan muchos años de práctica. Por lo tanto, no me parece mal que se regularice la situación de aquellos jueces sustitutos que pasen el estándar mínimo de calidad.

–Otra de las medidas que se habla es del desmantelamiento de la UCO, y se pretende purgar al equipo que investiga ahora los casos de corrupción del PSOE.

–La UCO, como cualquier cuerpo policial con una larga tradición, no es desmontable en los términos que se plantea. Primero, no se iba a soportar la presión social. Y, en segundo lugar, los que llevan a cabo la investigación real, la que aporta datos válidos, son los funcionarios de base, no el teniente coronel. Obviamente hay una jerarquía, pero pretender que el teniente coronel va a poder controlar a todos y cada uno de sus funcionarios, eso está fuera de toda realidad. Ya se desmanteló una de las unidades más efectivas en la lucha contra la droga, y estamos viendo los resultados. Lo que sí se puede hacer es ahogarlos, no dándoles medios.

–Que eso parece que ha ocurrido con la UDEF.

–Por eso le digo que hay otros métodos. Si no te doy medios y te obstruyó la labor de trabajo porque no te doy lo que necesitas. Sinceramente, no creo que haya ninguna posibilidad real de desmantelar la UCO. ¿Qué hay deseos de controlarla? Claro. Hay una deriva para intentar controlar al Poder Judicial. El juez ideológico, el juez que resuelve conforme a su ideología, en España es muy escaso. Y son tremendamente más obedientes el juez ideológico de izquierdas que el de derechas.

–Lo estamos viendo con el Tribunal Constitucional.

–Esos no son jueces del Poder Judicial.

–Lo comentaba por el tema ideológico.

–Eso ha pasado siempre en el Constitucional desde prácticamente su creación, quitando quizás el primero y algún otro mandato más, sobre todo, cuando estaba el gran Francisco Tomás y Valiente de presidente. El Tribunal Constitucional normalmente ha votado con cierto sesgo ideológico porque es parte de su misión. Lo que no puede es inmiscuirse en lo que es competencia del Poder Judicial. Y hay algunas resoluciones que claramente entran en terreno vedado al Tribunal Constitucional, que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, cuya cúpula es el Tribunal Supremo.

–Podría usted estar mencionando el caso de los ERE.

–Puede ser un caso. Suena raro que se haga una reinterpretación de determinados tipos penales y que se quiera hacer desde el punto de vista del derecho a la presunción de inocencia, porque usted se convierte en una tercera instancia o en una cuarta. Creo que hay límites, pero insisto, no solo con este Tribunal Constitucional, con el anterior y con el anterior. Siempre han intentado meterse de una forma u otra en lo que es competencia de los tribunales del Poder Judicial.

–Pero cuando siempre las deliberaciones se ganan por seis votos frente a cuatro, ¿se está desvirtuando su papel?

–No, necesariamente. También han sido siempre por siete de cinco. Verá que todos los tribunales constitucionales se han movido por mayorías muy próximas al sesgo ideológico. Le pongo un ejemplo. En la famosa sentencia sobre el Estatut, que luego fue el inicio de parte del problema catalán, hubo un vuelco inesperado, porque un magistrado supuestamente progresista votó con los conservadores. Búscame otra, no existe.

Ofrecer una amnistía a cambio de apoyo parlamentario es un cohecho

–Las deliberaciones sobre la Ley de Amnistía no se han querido suspender antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie.

–Da igual, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a pronunciar antes o después. Lo que no me parece tan sano es la construcción doctrinal que se ha hecho para defender la Ley de Amnistía. Que la amnistía es buena en el sentido de haber favorecido que se vayan cerrando heridas, no lo sé, pero si no es legal, no es legal. Afirmar que la Constitución prohíbe los indultos generales, pero no prohíbe la amnistía, ese es un argumento con trampa. Pero es que además están mintiendo. En los diarios de sesiones y en toda la ponencia constitucional hay reflexiones muy profundas sobre la amnistía y se dice que no se va a introducir en la Constitución, y se descarta porque supone el olvido. Luego, en mi opinión, estas grandes mentes que no son en absoluto tontos, están haciendo construcciones aparentemente muy sólidas, pero con los pies de barro para defender la constitucionalidad de la amnistía.

–El propio informe que ha publicado la Unión Europea decía que es una autoamnistía.

–Que es una autoamnistía no hay ninguna duda. Fue negociada justamente con aquellos que se beneficiaban. Es como si negocio con el asesino concederle el indulto después de que ha cometido el asesinato. No valoro razones de justicia y de equidad, es como un cohecho legal.

–Además, es Santos Cerdán, que está ahora señalado por el último informe de la UCO, quien negoció con un prófugo de la Justicia como es Puigdemont…

–Ofrecer una amnistía a cambio de apoyo parlamentario es un cohecho, no legalmente, pero es un cohecho. Si no me apoyas parlamentariamente, no te doy la amnistía. Pues mire usted, mal vamos.

–¿Ha podido leer el informe de la UCO sobre el papel de Santos Cerdán que arranca en Navarra?

–Cuando un número relevante de conversaciones gira siempre en torno a la misma idea, pues evidentemente significa que hay una trama y la UCO lo ha hecho en ese informe muy bien. Ahora fíjese en la nueva línea de defensa: «Hombre, de 30.000 conversaciones mencionan ocho”. Con una me vale: “He matado a Pepe». ¿Para que necesito las otras 29.999 si hay una donde confieso que he matado a Pepe?

–Se ha puesto en marcha una campaña, una cacería al juez con nombres y apellidos.

–La cacería al juez es uno de los deportes nacionales desde hace bastantes años. Si el juez X le parece a usted que es un maula, dígalo, pero no lo insulte, no lo descalifique, simplemente diga que no le gustan sus resoluciones, que no están bien fundadas. Eso es una crítica racional en democracia. Ahora decir: «Este juez está prevaricando». Si está prevaricando vaya usted al juzgado de guardia y si no, calladito. Y menos si lo dice un ministro o una ministra o un alto cargo. ¡Vamos, por Dios! ¿Dónde estamos?

Lo que es peligroso es el secretismo. Ir a comer con políticos en secreto

–Incluso la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha estado buscando información para menoscabar la reputación de los jueces, como ha pasado con la jueza Beatriz Biedma, para conseguir el archivo del caso del hermano de Pedro Sánchez.

–Mientras recabe esa información por métodos legales, es lícito. Lo que no es lícito es hacerlo usando métodos ilegales o instrumentos del Estado.

–Ella salía de la sede de Ferraz después de reunirse con Santos Cerdán, no tiene pinta de ser muy limpio el procedimiento.

–Las campañas de desprestigio no se suelen basar sobre verdades, sino sobre la manipulación de la verdad o sobre mentiras directamente. Y si hubiera algo contra esta juez que usted menciona, estamos en lo mismo, vaya al juzgado de guardia.

–Mentiras como los dos DNI del juez Peinado.

–Por ejemplo.

–Sí, pero ¿es demasiado burdo?

–En el país de Pepe Gotera y Otilio. O de Mortadelo y Filemón o de Anacleto, agente secreto… Yo es que soy un fan de Paco Ibáñez.

–O de Torrente, que parece ahora un documental.

–No, pero Torrente pega más para otros sectores, porque era el brazo tonto de la ley.

–Como abogado en el despacho de Ramón y Cajal defiende a la empresaria Carmen Pano, que afirmó que llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz de parte de Víctor de Aldama. ¿Estamos ante una posible financiación irregular del PSOE?

–Sobre asuntos que llevo, ni una palabra. No por nada, sino porque está en sede judicial, y esto hay que decirlo ante los jueces, no en ningún otro sitio.

–¿Así que no me puede decir si es fiable o no Víctor de Aldama?

–No, sobre eso nada.

–¿Existe un conflicto de intereses en tomar el aperitivo junto al juez Santiago Pedraz, que instruye la causa de la trama de hidrocarburos que afecta a su clienta?

–Menuda tontería. ¿Por qué? En primer lugar, porque el juez Pedraz y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que fui destinado en el año 1989 a Montilla y él se marchaba de Cabra. De hecho, lo conocí en su despedida. En segundo lugar, los que son peligrosos son los que se van de cenáculos y a casas y cenan en privado. Nosotros nos reunimos en una terraza públicamente, porque nos da la gana y porque tenemos derecho a hacerlo. Ahí se reúnen muchas otras personas que también son amigos míos, incluido un expresidente de la Audiencia Nacional, y cuando me tienen que revocar o mandar a freír espárragos, me mandan a freír espárragos. Lo que es peligroso es el secretismo. Ir a comer con políticos en secreto o estar todo el día al teléfono con políticos.

–O sea, que la trama de hidrocarburos no aparece en el aperitivo.

–No solo no aparece, sino que le digo más, es que jamás hemos hablado una palabra de hidrocarburos el juez Pedraz y yo.

–¿Volvería a la judicatura o se jubilará como abogado?

–Me encantaría volver a la judicatura, pero es muy difícil por muchas razones. Personales, profesionales, económicas. Pero desde luego mi vocación es la de juez. La abogacía es una profesión muy bonita, pero soy vocacionalmente juez. Lo que pasa es que si fuera juez no podría estar hablando con usted de estas cosas.