El Gobierno recrudece su ofensiva contra la Justicia para blindarse frente a las investigaciones que cercan la corrupción del PSOE

Con una huelga indefinida de jueces y fiscales en ciernes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sacaba pecho esta semana de la doble reforma que el Gobierno ha puesto en marcha para colonizar, desde la base, el Poder Judicial. De nada han servido, por el momento, las críticas, las reuniones, los paros, las declaraciones institucionales y las llamadas de auxilio ante Europa de las asociaciones profesionales. Tampoco la alerta formulada por juristas, catedráticos y expertos de todo el país sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo tras la «mayor transformación de la Justicia en décadas».

Una modificación que, bajo la apariencia de una intención noble y necesaria, oculta en realidad un plan para debilitar la Justicia, secuestrar el poder judicial y dinamitar la separación de poderes en nuestro país.

Se trata de intervenir en una Administración que, si bien tradicionalmente ha estado abandonada, se ha convertido ahora, al hilo de todos los casos de corrupción que cercan al núcleo duro del presidente del Gobierno y a la cúpula del PSOE, en un objetivo de caza mayor.

No en vano, desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptase incluir el lawfare como uno de los argumentos que, a petición de los separatistas catalanes de Junts y Esquerra (ERC) en el pacto para la amnistía, no han dejado de atacar el trabajo da aquellos jueces y fiscales que, en atención a sus competencias y en el marco de un Estado de Derecho con varios niveles de garantías, están haciendo su trabajo, por mucho que a quienes afecte sea a la mujer, el hermano o los hombres de confianza del líder del Consejo de Ministros.

Por todo ello, la reacción de La Moncloa pasa por lograr que el Poder Judicial se convierta en un apéndice del PSOE que es imprescindible controlar para asegurarse la impunidad a la corrupción política que se cierne sobre 'el 1' y su guardia pretoriana.

El PSOE quiere blindarse frente a la Justicia y, de ahí el doble proyecto que ha puesto en marcha, de manera urgente: por una parte, inyectar en la Magistratura y el Ministerio Público, de golpe, más de mil jueces y fiscales que no accederán a sus puestos por razones de mérito y capacidad, tras haber superado una oposición objetiva, y de las más duras que hay en España, sino por obra y gracia de la arbitrariedad; por otro lado, orillar a los jueces instructores, que se han revelado como profesionales al servicio de la verdad y no de la conveniencia o del oportunismo, y reemplazarlos por los fiscales en el ejercicio de la instrucción penal.

Adiós a magistrados como Ángel Hurtado, Leopoldo Puente, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Ismael Moreno, Juan Carlos Peinado o Beatriz Biedma. Bienvenido Álvaro García Ortiz –procesado en el Supremo por un delito de revelación de secretos, que estaba obligado a guardar más que ningún otro como defensor de la legalidad– y 'equipo de Fortuny', ha pensado el Gobierno socialista como solución a todos los procedimientos abiertos en su entorno como resultado de la corrupción.

Así las cosas, y a raíz del último informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aflorado una presunta trama «criminal» con sede en Ferraz que implicaría a José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y, también, a Santos Cerdán, en el cobro de 'mordidas' ilegales de empresas constructoras y promotoras que, por toda España, a cambio de adjudicaciones 'a dedo' de contratos de obra pública que, cabe recordar, sólo puede otorgar el Gobierno, Sánchez ha pisado el acelerador para intervenir el Poder Judicial.

Desde las presiones de Félix Bolaños al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para, entre otras cuestiones, apartar al juez Peinado de la causas que se sigue contra Begoña Gómez; o evitar que el bloque izquierdista del órgano apoye cualquier aspirante a presidir las Salas Segunda y Tercera del Supremo, que no sean las dos candidatas oficialistas; hasta el veto de la mayoría 'frankestein', que apuntala a los socialistas en el Congreso, a las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Vox contra los dos proyectos con los que, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscales (EOMF), el PSOE busca hacer de la Justicia un brazo ejecutor a su servicio.

Jueces y fiscales han dado la voz de alarma y, tras convocar un primer simulacro de protesta, ya han anunciado que irán a la huelga y recurrirán a los tribunales para frenar sendas reformas que, lejos de adecuarse a los estándares europeos, como ha sugerido el Gobierno, se aleja de ellos en materias tan sensibles para la gestión del erario, como el delito de malversación.