Tres de cada cuatro jueces y fiscales han apoyado la huelga contra el Gobierno y arrastran a su asociación más afín a las críticas

Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de los tres días de huelga contra las reformas del Gobierno, los días 1, 2 y 3 de julio, contra las reformas que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado el seguimiento durante estas dos últimas jornadas, en un 70% de la plantilla total. Lo que significa que tres de cada cuatro miembros del Supremo o de la Fiscalía han decidido sumarse a estas protestas

Un dato estimativo que han proporcionado las entidades convocantes del Comité de Huelga -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

En un comunicado conjunto, las convocantes han explicado que «esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga».

También han reiterado que lamentan «profundamente» que, «por parte del Ministerio de Justicia, no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas».

No obstante, han confiado en que, «gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales» establecidos por el propio comité de huelga, «el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado, garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable».

Juezas y Jueces, estrena crítica

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha insistido este miércoles en su petición de que el proceso de regularización de jueces sustitutos impulsado por el Gobierno, en el marco de la reforma del acceso a la carrera, «se desgaje» de ésta para dar espacio a una tramitación parlamentaria «sosegada», reaccionando así a una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley que cree que ahonda en un proceso «discriminatorio».

«Volvemos a solicitar que se desgaje este proceso extraordinario de la reforma. Sólo con la tramitación sosegada y transparente que permita abordar con la adecuada planificación y valorando todas las opciones disponibles podrá alcanzarse una solución a un problema complejo en beneficio de la ciudadanía y de la carrera», ha incidido en un comunicado.

En el mismo, JJpD ha pedido al PSOE una reunión urgente después de conocer que los socialistas han presentado en el Congreso una enmienda a la reforma del acceso a la carrera en la que proponen que los jueces sustitutos queden adscritos al Tribunal Superior de Justicia más cercano, lo que ven «inaceptable».

Una enmienda que, a su entender, «ahonda hasta hacer inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo» el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos.

La enmienda del PSOE plantea que «quienes accedan a la carrera judicial o fiscal quedarán adscritos, respectivamente, al Tribunal Superior de Justicia o a la Fiscalía de la comunidad autónoma de su último nombramiento como persona sustituta o suplente o de su residencia al tiempo de publicarse la convocatoria del proceso de estabilización, a elección de la persona de nuevo ingreso», además de que «no podrán concursar en los cinco años siguientes».

A juicio de JJpD, permitir la adscripción de los jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo «es una medida que no tiene justificación», ya que «provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial».

Respecto a impedir que concursen en un plazo de cinco años, lo considera una «restricción a un derecho profesional» también sin justificación y discriminatoria para quienes vayan a acceder a través de este potencial sistema y una causa de disrupción en el normal desarrollo de concursos y movilidad dentro de la carrera, además de fomentar la temporalidad y la movilidad forzosa".

También ha señalado que rebajar a un 40 la puntuación necesaria para considerar aprobado un dictamen «supone excepcionar la normal apreciación de suficiencia y capacidad exigible a los aspirantes que se sitúa en un 5 (o 50)».

Además, ha tachado de «arbitrario» que el Gobierno, «unilateralmente y sin audiencia» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del colectivo de jueces, haya fijado un número de plazas de estabilización --673 anunció el Ministerio de Justicia--