El Gobierno alimenta el señalamiento al Supremo tras la sentencia del TC favorable a la amnistía

«Estamos cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política», aseguraba Pedro Sánchez desde su periplo europeo, nada más conocerse el aval del Constitucional a la Ley de Amnistía diseñada a la medida de sus socios de investidura de Junts. Sánchez criticaba, al mismo tiempo, que los gobiernos del Partido Popular hubiesen apostado más por la «judicialización» del conflicto que por la «convivencia» que, a su juicio, respalda la decisión del TC, al respecto del cual nunca tuvo «ninguna duda».

Las afirmaciones del secretario general de los socialistas no caían en saco roto y, de manera casi inmediata, el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, se hacía eco de las mismas para reclamar a los jueces del Tribunal Supremo la aplicación inmediata de la amnistía a los cabecillas del procés de Cataluña, entre ellos al prófugo Carles Puigdemont.

«Pido respeto por la decisión del Tribunal Constitucional. Ha hablado y no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley (...). Pido a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Supremo, con respeto pero con claridad, que se les aplique la ley con diligencia», reiteraba Illa poniendo el foco en el Alto Tribunal.

No ha sido la primera vez, ni será la última, en la que el máximo órgano judicial se ha visto cuestionado desde la atalaya de la política por su negativa reiterada a aplicar, en el ejercicio de su competencia exclusiva, el borrado penal a los delitos cometidos por los líderes separatistas catalanes. En especial, en lo relativo a la malversación, por la que fueron inhabilitados el ex presidente Oriol Junqueras (ERC) y varios exconsejeros del que fuera el Govern de Puigdemont que, también, está procesado por este motivo.

Sin embargo, mientras hasta la fecha habían sido los partidos secesionistas, con acusados o condenados entre sus filas, los que habían puesto al Supremo, y algunos de sus magistrados como el instructor Pablo Llarena o el juez Manuel Marchena, en el punto de mira, la preocupante novedad es que tras el fallo del Constitucional de Cándido Conde-Pumpido a favor del polémico encaje de la «autoamnistía» en nuestro ordenamiento, desde el Ejecutivo socialista se han sumado al señalamiento por boca, nada menos, que del mismísimo ministro de Justicia.

Tanto es así que Félix Bolaños comparecía en rueda de prensa desde el Congreso, minutos después de que el Pleno de la Corte de Garantías aprobase con seis votos la constitucionalidad de la amnistía, para defender que la medida de gracia se haga efectiva a «todos» los responsables del proceso independentista.

La amnistía no será «completa» aseguraba el tri ministro hasta que no beneficie, también, a quienes financiaron con cargo al erario su «ensoñación» de una república catalana. Una conducta que el Supremo ha excluido, en múltiples ocasiones desde la aprobación de la ley, de la aplicación de la amnistía. Ni Puigdemont, sobre el que además se mantiene vigente la orden nacional de detención, ni Toni Comín, ni Lluís Puig, ni Oriol Junqueras, ni Raül Romeva, ni Jordi Turull o Dolors Bassa, inhabilitados hasta 2031, han obtenido el resultado esperado.

No en vano, desde el Gobierno son conscientes de que la Sala Segunda del TS entiende que la malversación por la que fueron procesados no es amnistiable, ya que existió un beneficio personal de carácter patrimonial que les deja fuera del radio de la norma. De ahí que apoyado en el capote que le ha proporcionado el Constitucional, de mayoría afín, haya iniciado el relato para cuestionar los argumentos jurídicos del Supremo y situarlo en una suerte de rebeldía institucional que permita a los separatistas justificar, en el futuro, nuevas desobediencias.

¿Cómo si no se explica que apenas 24 horas después de que el TC diese luz verde a la amnistía, desde Junts hayan vuelto a reincidir en el referéndum pactado para la desconexión de Cataluña?. Pues, exactamente, en el empeño de Conde-Pumpido por aprobar la sentencia de la magistrada Inmaculada Montalbán sin consultar, previamente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el asunto. Una posición que no sólo podría dejar en una muy mala posición a España, si en unas semanas el órgano jurisdiccional europeo decreta que el TC ha violado el Derecho comunitario, sino que, además, ha abonado el terreno de un conflicto institucional cuando, de nuevo, el Supremo confirme que no puede aplicar la amnistía para blanquear la corrupción, tan sumamente perseguida por el resto de Estados miembros.

«La situación que se ha creado, artificialmente, alimentará los motivos que justifiquen un nuevo 'procés'», advierten algunas fuentes próximas al separatismo que, con sus siete votos, mantiene a Sánchez en el poder. Las mismas fuentes avanzan la clave del argumentario separatista «según la cual, en su negativa a obedecer la decisión del Constitucional» que no es tal, «venderán que es el Supremo el que se sitúa fuera de la ley».