El socio de Cerdán en Servinabar y otros empresarios del caso PSOE declaran este lunes en el Supremo

El magistrado del caso PSOE en el Tribunal Supremo prosigue las declaraciones de empresarios imputados este lunes con el dueño de Servinabar y un exdirectivo de Acciona por el presunto pago de comisiones al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García a cambio de obras públicas.

A partir de las 10.00 horas, el magistrado Leopoldo Puente ha citado a Joseba AntxOn Alonso como administrador único de Servinabar y a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra.

El magistrado imputó a varios empresarios a la vez que a Cerdán al considerar que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación» de obras públicas concretas a favor de sus respectivas empresas mediante «la realización de pagos» que, «en parte», habría podido recibir Ábalos, cuya condición de aforado implica que el Supremo investigue la causa junto a la Audiencia Nacional.

Puente se dirigió contra Alonso, Merino, José Ruz y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó una presunta trama de corrupción basada en amaños de obras y que estaría integrada por Cerdán, como supuesto cabecilla, Ábalos y Koldo. Para acordar investigarlos se apoyó en buena medida en las conversaciones que el exasesor grabó entre 2019 y 2023 con los otros dos implicados.

Al registrar la vivienda de Alonso, administrador único de Servinabar, los agentes hallaron un contrato privado de compraventa en el que consta que Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones –el 45 %– de esa empresa, que según la UCO se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

El documento estaba «firmado en sus cuatro páginas» por el exdiputado y por Alonso, así como «estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar». Y constaba que el empresario –titular de 3.000 participaciones sociales– vendía algo menos de la mitad a «Santos Cerdán, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago».

También suscribían que «ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con el presente contrato».

La defensa de Cerdán subrayó que no se trata de una escritura sino de «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno».

Al declarar, el exdiputado dijo conocer el contrato privado, pero insistió en descartar que tenga validez y aseguró que ni siquiera llegó a realizar el pago por esas participaciones sociales.

Cerdán declaró que conocía a Alonso desde 2006 pero que hacia 2011 tenían ya «una relación bastante fuerte de amistad» porque hablaban «mucho» de política. «Es una persona que viene del mundo nacionalista, simpatizante o del entorno del PNV», por lo que analizaban «las relaciones que podían tener diferentes partidos» para que «un día en Navarra» no gobernaran «las derechas», expuso.

Lo describió como «fundamental» en las conversaciones «tanto con PNV como con Bildu» para llegar al Gobierno. De hecho, dijo que le facilitó la «interlocución» con ese segundo partido porque «era del mismo pueblo que Arnaldo Otegi»: «Me abrió las puertas». Extremo que el propio líder de la izquierda aberzale.

Pero Cerdán negó relación alguna con Servinabar y ligó el contrato privado a que el PSOE acababa de cosechar «el peor resultado de la historia» en Navarra y él, como director de campaña, era el responsable de ese «fracaso» y pensó «abandonar la política», algo que le comentó a Antxón, que le ofreció «ser socio».

«Firmamos», admitió, pero «el fin de semana» lo habló con su mujer, que le dijo que no abandonara la política y que, si lo hacía, regresara a su trabajo como técnico de mantenimiento: «Te vienes aquí al pueblo». Tras ello, ordenó a Antxón que «rompiera el documento».

El exdirigente añadió que en 2017, cuando recaló en Madrid, compartió piso con Alonso por unos 800 euros de renta mensual y que uno dormía en una habitación y el otro en el salón, detalló.

Negó cualquier gestión a favor de Servinabar, indicando que cuando se creó, en 2015, el PSOE estaba en la oposición. «Difícilmente puedo interceder, ayudar de ninguna manera a ninguna empresa», expuso.

La UCO indicó en su informe que Servinabar y Acciona participaron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se presentó a varias adjudicaciones públicas de Navarra, una de ellas las obras del túnel de Belate, que lograron por 76 millones de euros.

Se trata de «uno de los mayores contratos de obra pública adjudicados en Navarra en la última década», según la acusación popular ejercida por el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En el registro en la casa de Merino, quien fuera director de departamento de Navarra de Acciona Construcción, los agentes hallaron documentación que revelaría estrechos vínculos de la mercantil con Servinabar, como una «copia simple de cesión de participaciones y modificación de estatutos, formalizada el día 27 de febrero de 2019, relacionada con Antxón Alonso Egurrola y la sociedad Acciona Construcción».