La corrupción del 'caso PSOE' se enfrenta a penas que superan los 50 años de prisión

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, a comienzos de esta semana, se convertía en un alegato en contra de la corrupción. El presidente del Gobierno, cercado por los casos judiciales que salpican tanto a su entorno familiar más cercano, como a su núcleo político más duro, desde que llegase a La Moncloa, se autoproclamaba máximo exponente en la lucha contra unas prácticas de las que renegaba como si se hubiesen producido lejos de su partido.

Victimismo y grandilocuencia para anunciar un paquete de 15 medidas con las que subsanar el «error» de haber confiado en dos de sus más estrechos colaboradores desde que, montados juntos en un Peugeot, se recorrieron España para recuperar la Secretaría General del PSOE. «La traición de unos pocos no puede manchar al resto. Desgraciadamente, sí puede provocar dudas legítimas que deben ser contestadas. Por eso estoy aquí. Para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios», prometía Sánchez, sin despeinarse, en una intervención dirigida a mantener los apoyos de sus socios que necesita para seguir, blindado, al frente del Ejecutivo.

Sin embargo, la propuesta «cosmética» del presidente del Gobierno no convencía, ni siquiera, a los propios socialistas que son conscientes de la magnitud de los escándalos judiciales que afectan a su mujer, Begoña Gómez; a su hermano, el músico David Azagra; a dos de sus ex secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán; y, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Entre todos suman más de cincuenta años de prisión por más de una veintena de delitos diferentes.

No en vano, el titular del Ministerio Público, que fue designado hasta en dos ocasiones por Sánchez para ocuparse del cargo –tras haber sido condenado por «desviación de poder» y declarado «inidóneo» por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– podría enfrentarse a una pena de prisión de 4 años y una de 5 inhabilitación especial para el desempeño de cargos públicos. Así lo recogía el auto de procesamiento dictado por el magistrado instructor Ángel Hurtado contra García Ortiz como presunto autor de un delito de revelación se secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una operación de Estado orquestada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que tanto daño político hace a Sánchez.

Unas cantidades que palidecen al lado de las que pesan sobre Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional. La condena total a la que podría enfrentarse si, llegado el momento, fuese condenado, ascendería a un mínimo de 8 y un máximo de 12 años de cárcel, con independencia de las sanciones económicas accesorias –que ascenderían hasta el doble del beneficio obtenido– y la inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, de entre 5 y 9 años, que le imposibilitaría para reincorporarse a la actividad política de cualquier naturaleza durante ese tiempo.

Cabe recordar que el ex secretario de organización del PSOE se encuentra imputado en el Supremo por varios delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio continuado, como presunto cabecilla y «gestor» de una presunta trama dedicada a la adjudicación de contratos de obra pública a cambio de 'mordidas'. Esto es, comisiones ilegales pagadas por empresarios para verse favorecidos en la concesión de licitaciones amañadas a su favor.

Tampoco corre mejor suerte a futuro, desde el punto de vista procesal, el hermano del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez (de apellido artístico Azagra) para quien la jueza extremeña Inmaculada Biedma ha encontrado suficientes «indicios de criminalidad» en la comisión de dos posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Unos ilícitos para los que la acusación popular personada en la causa pide tres años de privación de libertad y 12 de inhabilitación a los que habría que coser algunas multas adicionales.

La magistrada instructora sostiene que fue la Diputación de Badajoz quien habilitó un puesto para Azagra, que éste moldeó a su plena conveniencia, y de ahí las irregularidades que han llevado a pedir al hermano menor de Sánchez que devuelva el sueldo percibido de la entidad pública, con intereses.

Peccata minuta comparado con el futuro y eventual calvario del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien se investiga por malversación, tráfico de influencias y presunta contratación irregular de dos de sus 'amigas' en empresas públicas. Es decir, Jéssica Rodríguez, en Ineco y Tragsatec, y Claudia Montes, en Logirail. Como mínimo, Ábalos se asomaría a una pena de hasta 19 años de prisión, precisamente, porque está inmerso en varias de las piezas derivadas de la matriz inicial del proceso que se circunscribía a la compraventa irregular de mascarillas en pandemia.

Once años entre rejas es el riesgo que comportan los delitos de apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias por los que está siendo investigada la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Para la esposa de Sánchez, sólo el delito de corrupción en los negocios implicaría penas de cárcel de seis meses a 4 años, mientras que el de tráfico de influencias, abarcaría desde los seis meses a los dos años entre rejas.

«Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran en la norma, con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido», anticipa el Código Penal.

Y, todo ello, sin tener en cuenta las imputaciones que pesan sobre otros pesos pesados y ex altos cargos del PSOE que se encuentran, también, en apuros judiciales por su papel relevante en la red presuntamente corrupta encabezada, de momento, por Santos Cerdán. El que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio, Koldo García Izaguirre; la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, señalada hasta por cinco ilícitos diferentes; o, el ex director general de carreteras, Javier Herrero han pasado a engrosar tanto el número de delitos como las penas asociados a los mismos que, de terminar en condena firme, supondrían una veintena más de años de prisión que sumar al palmarés actual de los supuestos implicados.