El PSOE extremeño, obligado a levantar el veto sobre las supuestas pruebas que hizo el enchufado David Sánchez

¿Qué tipo de documentación presentó David Sánchez para superar a otros candidatos y hacerse con un puesto de altura en la Diputación de Badajoz? El PSOE se ha negado hasta ahora a hacer públicos los trabajos que supuestamente le permitieron al hermano del presidente del Gobierno batir a sus rivales, pero una resolución legal ha acabado con ese ejercicio de opacidad y ahora se conocerá todo, entre dudas sobre su solvencia o incluso existencia.

Solo cabe recordar el ruidoso antecedente de la entrevista a la que se sometió David Sánchez, segundo hito en su selección, realizada por una dirigente del PSOE, cuyo contenido él mismo fue incapaz de recordar en su comparecencia ante el juez.

Las dos incógnitas relevantes del caso que mantiene procesado al hermano de Pedro Sánchez están cerca de tener respuesta tras una larga pugna legal que ha concluido con una victoria de El Debate y del derecho a la información.

Presentar un proyecto y realizar una entrevista. Esos fueron los pasos que llevaron a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a hacerse con el puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz encargándose de los conservatorios y posteriormente de la Oficina de Artes Escénicas, al que renunció en febrero.

Tal y como desveló El Debate, la clave de todo estuvo en la entrevista, que ni siquiera el encausado fue capaz de recordar en su primera declaración delante de la jueza Beatriz Biedma, pero que la socialista Cristina Núñez valoró según su propio criterio discrecional y consideró que David Azagra, nombre por el que se le conocía en el mundo artístico, era «el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto».

Dicho y hecho, el trabajo era suyo, pero la Diputación ha tratado por todos los medios de esconder el proyecto que presentó el candidato así como los informes que como alto directivo debería haber firmado junto con los de la propia Diputación evaluando su trabajo. Ahora, gracias a la investigación de El Debate, la Diputación tendrá que hacerlo público.

Así lo ha dictaminado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en su resolución 2025-0317 de este 17 de julio, en el que insta a la Diputación de Badajoz a solicitar las alegaciones pertinentes al propio David Sánchez, para después remitir a este periódico una copia del proyecto presentado y defendido en la entrevista que le permitió acceder al puesto.

De esta forma, el máximo organismo encargado de velar por la transparencia de las administraciones públicas, echaba por tierra los argumentos de la Diputación, que consideraba que, una vez que dicho proyecto se encontraba «en sede judicial e inmersa en un procedimiento penal que se está sustanciando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz», no debía hacerse público.

Es más, los expertos juristas que asesoran a El Debate en esta materia ya alegaron ante el Consejo que la Diputación no podía oponerse a la entrega del proyecto, habida cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo n.º 645/2022, de 31 de mayo (RCA 7844/2020), que sentaba jurisprudencia al respecto y sentenciaba que solo se podían denegar «las solicitudes de información respecto de contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados en el ámbito de la mencionada Ley elaborados para ser presentados ante un órgano jurisdiccional».

De hecho, el CTBG ha dado la razón a este periódico en su derecho a la información, al señalar que dicho proyecto «es, sin lugar a duda, información de naturaleza administrativa, no procesal», y teniendo en cuenta que «los documentos que no son creados con vistas a procesos judiciales como tales, no pueden ser denegados», por lo que no puede seguir escondiéndolo.

Además, el organismo ha ahondado en ello al señalar que «la copia del proyecto presentado y defendido en la entrevista de acceso a un puesto directivo tiene la naturaleza de información pública que obra en poder de la administración concernida, con independencia de la existencia de un proceso judicial a la que se haya aportado o vaya a aportarse», de forma que deberá hacerla pública.

Cabe recordar, que tal y como publicó este periódico, Sánchez obtuvo una calificación de 90 puntos sobre 100 y durante su declaración ante la jueza, que se prolongó durante alrededor de hora y media, el músico no fue capaz de precisar el contenido de un proyecto que fue vital para su contratación y que, posteriormente, fue evaluado por el mismo tribunal, al que se incorporó la socialista Cristina Núñez, en su calidad de diputada delegada de Cultura, para participar en la realización de las entrevistas personales a los candidatos.

De hecho, en la «valoración para la cobertura del puesto de coordinador/a actividades conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social», fechada el 29 de junio de 2017, Cristina Núñez, certificaba que se proponía como «candidato más idóneo para su designación a David Sánchez Pérez-Castejón».

Los motivos argumentados para la contratación fueron «presentar un completo currículo vitae, con tres licenciaturas (…); «(…) sobresale su experiencia en actividades pedagógicas, relacionadas con las funciones del puesto al que se opta y de capacidad de organización de equipos»; «poseer un alto nivel de idiomas y de interrelación con otras instituciones culturales y musicales (…)»; y por último que realizó «una buena defensa de su proyecto, marcando claramente objetivos y metodología, exponiendo ejemplos aclaradores».

La Diputación deberá hacer públicos los informes

Por su parte, el absentismo laboral y su traslado a Portugal ha sido otro de los ejes en torno a los que ha girado la causa y la documentación al respecto del desempeño que ha realizado en su puesto de trabajo también deberá ser pública, previa comunicación al interesado, en virtud de la resolución del CTBG 2025-0315 del 17 de julio.

En ella se señala que la Diputación de Badajoz volvió a agarrarse a un supuesto «carácter reservado del sumario judicial» para no facilitar los documentos «justificativos de la ejecución de su contrato con la diputación de Badajoz», ni los informes de «evaluación del desempeño de David Sánchez Pérez-Castejón como trabajador de la Diputación de Badajoz y de los remitidos a los patrocinadores de Ópera Joven justificando las cuantías de sus patrocinios».

Además, tampoco informó, bajo la misma excusa, de la fecha en la que tuvo conocimiento de que David Sánchez «tenía su residencia en el extranjero y fecha de la comunicación de dicha circunstancia a recursos humanos u órgano competente en la materia». Una decisión que no comparte el organismo, pues, a su juicio «tiene la naturaleza de información pública que obra en poder de la administración concernida, con independencia de la existencia de un proceso judicial a la que se haya aportado», ya que versa sobre «la actividad ordinaria en materia de personal» de la Diputación.

La importancia de estos documentos radica en conocer cómo fue el trabajo real de David Sánchez en la Diputación, pues fue incapaz de ubicar dónde estaba la oficina que dirigía y a la Diputación no le «consta que haya solicitado el régimen de teletrabajo, ni tampoco su concesión, dejando constancia de que el personal de alta dirección, con carácter general, no es susceptible de prestar servicios bajo este régimen, de conformidad con el Reglamento que regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo», tal y como publicó este periódico.

Esta respuesta era idéntica a la que la corporación provincial envió a la jueza, en un escrito del 9 de abril, firmado por el jefe del área de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro Cardenal, que ya publicó El Debate, pero que según los agentes de la UCO «carece de credibilidad».

La jueza ya ha remitido el caso a la Audiencia Provincial después de que el TSJEX considerase que el aforamiento de Gallardo fue en «fraude de ley»

De hecho, en el auto emitido por la jueza Biedma el pasado mes de abril en el que da por concluida la instrucción judicial y da traslado del caso a la Audiencia Provincial para que inicie la vista oral para juzgar a Sánchez por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, también cuestiona el desempeño de Sánchez en el cargo.

Según su análisis, se desvinculó muy pronto de las tareas para las que fue contratado y, a su juicio, «el trabajo del Sr. Sánchez […] ha consistido en las funciones que él mismo fue eligiendo», e incluso los directores de los conservatorios, añade, «ya no se relacionaban laboralmente con él desde hacía bastante tiempo», por lo que conocer el contenido de estos informes resulta crucial para saber si realmente realizó las funciones para las que había sido contratado.

Por su parte, el que no ha podido escaparse del caso es el líder de los socialistas extremeños y también investigado, Miguel Ángel Gallardo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) declarase «falta de competencia objetiva» para juzgar la presunta contratación irregular, devolviendo la causa a la jueza Biedma, después de que Gallardo hiciera dimitir a cuatro diputados del PSOE en la Asamblea de Extremadura para conseguir la condición de aforado.

Sin embargo, la Sala consideró «un indicio inequívoco de una eventual manipulación del juez predeterminado la precipitación y la articulación de una serie de actos realizados por el Sr. Gallardo y otros miembros de la candidatura del PSOE, así como por una diputada, que culminan con el acceso a la condición de diputado electo en aproximadamente cuarenta y ocho horas». De hecho, la resolución dictaminó que «el aforamiento se ha realizado en fraude de ley».

Así, el procedimiento sigue su curso, con David Azagra en el banquillo de los acusados, algo que esperará desde Japón, ya que, según ha publicado ABC ha solicitado un visado por «reagrupamiento familiar» para reunirse con su esposa e hija que residen allí, aunque las acusaciones particulares personadas en la causa han pedido conjuntamente la retirada del pasaporte o que presente una fianza de 70.000 euros si piensa abandonar España.