La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens
Baleares llevará a la Audiencia Nacional el rechazo del Gobierno a aplicar la contingencia migratoria en las islas
«Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación», ha lamentado Marga Prohens
El Gobierno de Baleares presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Juventud e Infancia que rechaza la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria en Baleares pese al aumentado de la llegada de inmigrantes ilegales a las islas.
Lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas. en una nota de prensa, después que esta mañana la presidenta balear, Marga Prohens, haya lamentado la negativa del Gobierno a que Baleares pueda acogerse a la contingencia migratoria.
La resolución ministerial que el Govern recurrirá concluye que el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados de las Islas, con 694 jóvenes atendidos a fecha de 1 de septiembre de 2025, no alcanza el umbral legalmente establecido para activar este mecanismo.
El Ejecutivo balear ha hecho hincapié en que ya ha impugnado el Real Decreto-ley 2/2025, que fija los criterios de declaración, así como el Real Decreto 658/2025, que regula el procedimiento. También recurrirá el Real Decreto 743/2025, que determina la capacidad ordinaria del sistema balear en 406 plazas.
Con este nuevo recurso, el Ejecutivo balear supeditará la impugnación de la resolución ministerial a la de las normas que la fundamentan, en defensa de la capacidad del sistema balear y de la necesidad de dar «una respuesta adecuada» a la situación migratoria que afronta el archipiélago.
La líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado en el pleno del Parlament que el Gobierno autonómico «recurrirá a todas vías» que tiene a su alcance para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados.
«Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad», ha criticado Prohens, zanjando que «esto es racismo institucional».
