Un documento demuestra que la Diputación de Badajoz conocía que David Sánchez se fue a Portugal para pagar menos y no hizo nada

A David Sánchez le crearon una plaza ad hoc, la entrevista definitiva se la hizo una diputada del PSOE, su supuesto proyecto presentado en la Diputación de Badajoz carece de su firma, no tiene registro de entrada oficial en las fechas en que se hizo el proceso de selección y está rubricado en 2025 y, según revela hoy El Debate, nadie hizo nada cuando el propio hermano del presidente hizo constar su residencia fiscal en Portugal para pagar menos impuestos en España, algo que hasta ahora negaba la administración socialista contratante y que hoy queda demostrado con un documento oficial al que ha accedido en exclusiva este periódico.

La Diputación de Badajoz, mediante Decreto de la nueva presidenta, Raquel del Puerto, fechado el pasado 16 de septiembre, niega que David Sánchez comunicara su traslado de residencia fiscal a Portugal. Una afirmación que no es más que una 'trampa', pues sí que reconoce que en el expediente del hermano de Pedro Sánchez están los certificados de residencia fiscal en el país luso expedidos a partir de 2023, con la intención de realizar los correspondientes ajustes del IRPF en sus nóminas y así reducir su factura al fisco.

Así, lo «confiesa» la propia Diputación en un escrito al que ha podido acceder en exclusiva El Debate, pese a la obstrucción permanente del organismo provincial, que ya ha visto cómo la Audiencia Provincial de Badajoz daba por buenas las tesis de la jueza instructora, Beatriz Biedma, y ha sentado en el banquillo a Sánchez, junto con el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.

Este periódico solicitó el acceso a la información que obrara en poder de la institución relacionada con la «fecha en la que (…) tuvo conocimiento de que D. David Sánchez Pérez Castejón, contratado como personal de alta dirección, tenía su residencia en el extranjero y fecha de comunicación de dicha circunstancia a recursos humanos u órgano competente en la materia».

La Diputación, presidida en ese momento por el ahora procesado Miguel Ángel Gallardo, negó a este periódico el acceso a tal información al considerar que no procedía divulgar esa información «en un contexto de cobertura mediática intensa». Ha tenido que ser el Consejo de Transparencia, en virtud de la resolución del CTBG 2025-0315 del 17 de julio, el que le obligara a hacerlo público, tras negarse a hacerlo amparándose en un supuesto carácter reservado del sumario judicial.

Sin embargo, no le ha quedado más remedio que reconocer que, aunque intenta sacudirse de su responsabilidad asegurando que «no consta comunicación de cambio de residencia fiscal por parte del afectado a la Diputación de Badajoz», según expone en una resolución de este 17 de septiembre firmada por Enrique Pedrero, el secretario general de la institución, reconoce mediante un decreto de la nueva presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que sí que eran conscientes de ello.

En concreto, señala que «las retenciones en nómina se produjeron en abril de 2023, obrando en el expediente personal certificado, emitido por la autoridad portuguesa para su presentación en esta Corporación de marzo de 2023, acreditativo de su residencia fiscal en Portugal». Una contradicción evidente pues, pese a asegurar que no le consta el cambio, sí que obraba esa información en su expediente personal certificado.

Estos documentos, en poder de este periódico, corresponden a los ejercicios 2022 y 2023, aunque ambos tienen una fecha de expedición muy próxima. En concreto, el correspondiente a 2022 fue sellado por las autoridades tributarias portuguesas el 19 de abril de 2023, mientras que el que hace referencia a 2023 es anterior, del 22 de marzo, lo que lleva a pensar que los solicitó de forma casi paralela.

Además, estas fechas corresponden con el inicio de la campaña de la declaración del IRPF, por lo que cabe deducir que David Sánchez los solicitó con el objetivo de realizar su liquidación de impuestos del 2022 ya como residente en Portugal y así acogerse a los beneficios fiscales que brinda el conocido como Régimen especial para Residentes No Habituales (NHR).

De hecho, tal y como explicó El Debate, el NHR ofrece una fiscalidad mucho más beneficiosa que la española, con un tipo del 24 % para profesionales como profesores universitarios, dentistas o músicos, caso este último de David Sánchez, conocido artísticamente como ‘Azagra’. En comparación, el tipo marginal en el IRPF en España para su tramo salarial se sitúa en el 37 %.

Este cambio de residencia fiscal llevó a la jueza a sospechar de la posibilidad de que Sánchez hubiera cometido algún delito contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente, un polémico informe de la AEAT, sin firma ni membrete o código de verificación (CSV) a fecha de emisión, le exculpaba de cualquier delito fiscal.

Este informe fue puesto en cuestión por diversos expertos fiscalistas, incluido el propio exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, que señaló que el documento «hace todos los esfuerzos» para, «evitando la aplicación de la legalidad española», considerar a David Sánchez como no residente, «pese a que, por tener su centro de intereses económicos en nuestro país y aplicando la ley del IRPF, es residente fiscal a todos los efectos».

Además, cabe señalar que la posibilidad de que se acuse al hermano de Sánchez de fraude contra la Hacienda Pública sigue abierta, puesto que Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Agencia Tributaria, en base a las publicaciones de El Debate en las que se desvela que el músico vivió oculto en el Palacio de La Moncloa tras mudar su residencia fiscal al país vecino, a la espera de que la Inspección decida si inicia una comprobación, tal y como solicitan los denunciantes.

No obstante, lo que pone de relieve la existencia de los certificados de residencia fiscal portugueses es que, pese a que la Diputación explique que no tenía ninguna comunicación del traslado de residencia fiscal de David Sánchez, sí que era consciente de ello, al menos desde 2023, y, por consiguiente, también evidencia la falta de control por parte de la institución de su labor como coordinador de los conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, abonando aún más la tesis de la existencia de trato de favor tanto en su contratación como en el desempeño posterior de su trabajo.

La Diputación no evaluó el trabajo de David Sánchez y lo justifica con unas memorias bajo sospecha

De hecho, la propia Diputación ha reconocido expresamente, tal y como ha publicado El Debate que no posee ningún documento evaluando el desempeño de su labor al frente de los conservatorios, ya que, a su juicio, «no requiere para su constatación, en principio, de formalización documental expresa», sino que «ésta se realiza de forma continuada y permanente por los superiores jerárquicos directos».

En su lugar, remitió las memorias anuales presentadas por David Sánchez para justificar su trabajo. Unas memorias que apenas constan de dos o tres folios, en las que se repasan los programas, conciertos y actividades realizadas durante estos años, pero que fueron cuestionadas por la jueza instructora pues cree que fueron presuntamente confeccionadas a posteriori, una vez se inició la investigación al hermano del presidente del Gobierno, pues fueron remitidas al juzgado «sin la preceptiva firma electrónica», ni fueron enviados a través de medio telemático, sino que el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija, reconoció que se los hicieron llegar «en formato papel el pasado 3 de febrero de 2025», sólo dos días antes de que David Sánchez abandonara el puesto.

La Audiencia Provincial considera que el puesto se «adaptó a las necesidades propias» del hermano de Sánchez

Todos estos indicios acerca de la existencia de un posible trato de favor hacia David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz, tanto para su contratación como para dar vía libre a la hora de desempeñar su trabajo quedan reflejados en el auto de la jueza instructora y respaldada por la Audiencia Provincial en el auto que manda a David Sánchez al banquillo.

De hecho, el propio hermano del presidente en su declaración ante la jueza, en enero de este mismo año, negó las sospechas de absentismo laboral, si bien no pudo especificar cuántas veces había acudido a trabajar a un puesto al que accedió, según su propia versión, a través de una oferta de Internet.

Sin embargo, la jueza señaló que David Sánchez envió a sus superiores un correo solicitando acudir de forma presencial a su puesto solo cada 15 días, algo que el músico tampoco recordaba y que tampoco consta en la respuesta oficial de la Diputación publicada por El Debate, que certifica que «no consta que haya solicitado el régimen de teletrabajo, ni tampoco su concesión, dejando constancia de que el personal de alta dirección, con carácter general, no es susceptible de prestar servicios bajo este régimen, de conformidad con el Reglamento que regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo».

Así consta en el auto de la Audiencia Provincial, que relata, además, que «sobre la forma en que se desempeñó el trabajo creado se pronuncia el Auto igualmente de forma indiciaria revelando su adaptación a las necesidades propias de Don David. Teniendo en cuenta que el contrato de 10 de julio de 2017 se refiere a que el trabajo se realizaría en régimen de «plena dedicación» y con prestación de servicios «de forma habitual en Badajoz».

Es más, el auto deja claro que «ese régimen de plena dedicación se viene a difuminar con la posterior propuesta de modificación de nomenclatura del puesto», cuando Sánchez deja de ser coordinador de los conservatorios, para convertirse en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, y cuyas funciones fue incapaz de definir en sede judicial, momento en el cual «se elimina la incompatibilidad, por mucho que legalmente fuera legalmente imposible».

De hecho, los magistrados abundan en la «finalidad torticera de este cambio», y señalan que se observan «varias irregularidades de nuevo en este proceso, como disfrazar de simple cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto». Además, el propio organismo provincial intentó maquillar este cambio, tal y como señalan, pues «en el informe de legalidad (…) de la directora de Área de Recursos Humanos (…) se habla de «diversificación» y de «aumento de actividades paralelas» como intento de justificación del cambio, sin dar lugar a nuevas funciones reales».

De esta forma, a juicio de la Audiencia, «existen indicios suficientes (…) sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento», llevando a Sánchez y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, al banquillo, por ‘enchufar’ al hermano del presidente del Gobierno al frente de un puesto de alta dirección gracias a un procedimiento cuya legalidad está en entredicho.

La aparente protección de la Diputación de Badajoz con David Sánchez en este extraño movimiento fiscal alcanza más importancia si cabe tras trascender, también en una investigación de El Debate, que el hermano del presidente vivió durante varios meses en La Moncloa pese a estar empadronado en Portugal y que, durante ese tiempo, se dio de baja en su línea de teléfono móvil para, presuntamente, poder sortear la geolocalización de la UCO que demostraría la falsedad de su residencia lusa y avalaría la sospecha de que solo trataba de pagar menos impuestos en España.