La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
Begoña Gómez, en contra del jurado popular pese a que fue una ley que impulsó el PSOE
La defensa de Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación que dirige por la presunta malversación en la designación de Cristina Álvarez como asesora de la Moncloa y sus actividades laborales a un eventual juicio con jurado popular, conformado por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.
Sin embargo, la ley del Tribunal Jurado –que incluyó el jurado popular– se incorporó al ordenamiento jurídico en 1995, al final del mandato del presidente socialista Felipe González. El PP se abstuvo en la votación porque, según su postura, la norma contenía «gazapos», como que el delito de malversación, de carácter muy técnico, fuera enjuiciado por ciudadanos legos en derecho. Precisamente, la malversación de caudales públicos, que el PSOE insistió en incluir en la ley, es el tipo penal por el que está imputada la esposa de Sánchez.
En el recurso de apelación en el que la defensa ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, la esposa del jefe del Ejecutivo defiende que no hay indicios de que Gómez participara en el nombramiento de Álvarez «ni en el pago de emolumentos», por lo que descarta que haya cometido malversación alguna.
«Por ello, debemos concluir que tampoco concurre el segundo de los elementos que han de concurrir para incoar el procedimiento del tribunal del jurado», argumenta para frenar la decisión de Peinado de transformar las diligencias de investigación para que en caso de que esta pieza separada vaya a juicio sea juzgada por un jurado popular.
La defensa insiste en que no puede considerarse que la mujer de Pedro Sánchez, «que es una particular», sea una «funcionaria pública a los efectos de la comisión del delito de malversación». «Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas», añade.
A pesar de esta postura, la Audiencia Provincial dictaminó en una resolución del 12 de junio que no se debe «perder de vista el concepto de Funcionario Público a efectos penales, a tenor del artículo 24.2 del Código Penal, concepto que incluye a la citada Cristina Álvarez, como a la propia Begoña Gómez, en lo relativo al cargo que ocupaba en la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva».
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en un acto del PSOE
Además, sostiene que es «habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos». «Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación», añade.
Para Camacho, se trata de «una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad». «El Código Penal no puede aplicarse con relación a lo que constituye un uso social, una costumbre universalmente admitida», reitera.
Sobre los 'emails' intercambiados entre la asesora de Moncloa y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por la cátedra que codirigía Begoña Gómez, el abogado insiste en que «hay multitud de correos» que evidencian que es la esposa del presidente del Gobierno «quien trabajaba en esta materia». «Y, por lo tanto, la labor puntual de Cristina en la misma era de auxilio administrativo, nunca encargarse de la misma con exclusividad», aduce.
Según expone, los correos electrónicos en los que participa Álvarez «representan solo una mera parte mecánica de transcripción o traslado de mensajes dentro de toda la gestión administrativa realizada». Por su parte, destaca a Gómez como «la responsable de liderar y gestionar el contenido y desarrollo de la cátedra junto con el vicerrector, Reale y La Caixa».
Asimismo, recalca que «todos» los correos «sin excepción» han sido remitidos por Cristina Álvarez «desde su correo particular» y, según sostiene, «responden a una ayuda puntual en relación con el tema de la firma de los convenios de la cátedra derivada de la amistad» que mantiene con la esposa de Pedro Sánchez.