El Colegio de Abogados de Madrid publica una guía para incorporar la IA al trabajo jurídico

La inteligencia artificial ha entrado en los despachos de abogados para quedarse. Desde los sistemas de revisión documental hasta la redacción automática de escritos, su capacidad para procesar información a gran escala, anticipar tendencias y mejorar los procesos de investigación jurídica promete transformar la práctica del Derecho. Pero también plantea riesgos que alcanzan el núcleo de la profesión: la confidencialidad, la responsabilidad profesional y la propia esencia del juicio humano.

Con el objetivo de orientar a la abogacía en este nuevo escenario, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha publicado la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, un documento que marca el camino hacia un uso ético, responsable y jurídicamente seguro de esta tecnología en la profesión legal.

«La abogacía no debe limitarse a adaptarse al cambio: debe liderarlo», subraya el decano del ICAM, Eugenio Ribón. «Con esta guía, ofrecemos a la profesión una herramienta práctica y rigurosa para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin comprometer los principios esenciales de la abogacía: la confidencialidad, el juicio profesional y la defensa de los derechos fundamentales. Nuestro compromiso es claro: que la transformación digital no debilite el Derecho, sino que lo refuerce.»

La publicación, coordinada por Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno responsable de innovación, tecnología y cultura, traslada a la práctica las recomendaciones del nuevo marco regulador europeo y nacional en materia de inteligencia artificial.

«Usar la IA sin miedo, pero con criterio: eso es lo que propone esta guía», señala Klimt. «No se trata de frenar la innovación, sino de acompañarla con criterios éticos, herramientas claras y pautas jurídicas que nos permitan integrar esta tecnología de forma segura, transparente y eficaz. Queremos que cada abogado, independientemente del tamaño de su despacho o de su nivel de conocimiento técnico, cuente con un marco práctico que le ayude a tomar decisiones informadas y responsables.»

Partiendo de los principios y recomendaciones de los principales organismos europeos y nacionales en materia de inteligencia artificial y protección de datos, la Guía aborda los retos que plantea esta tecnología en el ámbito legal: la protección de datos, la formación continua y la supervisión humana. A lo largo de seis capítulos, ofrece un marco práctico para incorporar la IA al trabajo jurídico sin comprometer los principios esenciales de la profesión.

«La tecnología es una herramienta de apoyo, pero no reemplaza ni debe reemplazar al abogado ni a su criterio profesional. La abogacía debe mantener siempre la supervisión, el juicio crítico y una diligencia reforzada en el uso de estas herramientas», se afirma en la Guía, elaborada con la colaboración de especialistas como Santiago Mediano, Sara Molina, José Ramón Moratalla, Alejandro Touriño, Jesús María Boccio, Agustín Born, Noemí Brito, Carlos Fernández, Javier Fernández-Lasquetty, Rodrigo González Ruíz, Antonio Muñoz Vico, María Pardo de Vera, Carolina Pina y Teresa Rodríguez de las Heras.

Responsabilidad profesional

Entre las conclusiones, el texto sostiene que el uso de la IA en la abogacía debe ser proporcional y justificado, aplicarse únicamente cuando aporte valor real al cliente y mantenerse siempre bajo control humano. Subraya también la necesidad de realizar evaluaciones de riesgo, asegurar la trazabilidad de los procesos, garantizar la protección de datos y la confidencialidad, y documentar el uso de las herramientas para justificarlo ante clientes o tribunales. Asimismo, advierte de la importancia de preservar los derechos fundamentales y prevenir sesgos o discriminaciones algorítmicas mediante revisiones periódicas y diversidad en los equipos que supervisan o desarrollan las herramientas.

El capítulo central sitúa el cumplimiento normativo como piedra angular de la adopción responsable de la inteligencia artificial. En un momento en que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) empieza a desplegar sus primeras obligaciones, el ICAM recuerda que cada herramienta incorporada a un despacho debe responder a criterios de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.

El dosier propone a los despachos adoptar protocolos internos de control, definir qué soluciones tecnológicas pueden emplearse, con qué objetivos y bajo qué condiciones, y designar responsables de supervisión que garanticen la revisión humana de toda decisión relevante. También aconseja auditorías periódicas y procesos de actualización continua, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos y la responsabilidad profesional.

Uno de los apartados más relevantes se centra en el respeto a los derechos fundamentales y la mitigación de sesgos, recordando que la inteligencia artificial no es neutral. Por ello, recomienda verificar la equidad y calidad de los datos, auditar los modelos de forma periódica y fomentar la diversidad en los equipos que diseñan o supervisan las herramientas, como salvaguarda frente a posibles discriminaciones.

Del conocimiento técnico a la cultura responsable

La Guía pone el foco en la formación y actualización dentro de los despachos, e insta a los abogados a comprender el funcionamiento de las herramientas que utilizan, evaluar su fiabilidad y límites, y promover una cultura de aprendizaje tecnológico. Recomienda invertir en capacitación técnica, talleres prácticos y comunidades de aprendizaje que integren a juristas, tecnólogos y expertos en protección de datos y ética de la inteligencia artificial.

El texto advierte también sobre la supervisión de terceros ante la proliferación de plataformas externas y servicios en la nube. Señala que la delegación tecnológica no puede implicar la delegación de responsabilidad y que el uso de herramientas de proveedores externos debe regirse por los mismos estándares de diligencia, transparencia y confidencialidad que los aplicados internamente. Los despachos deben garantizar que las empresas proveedoras cumplan la normativa vigente y que no se sustituyan funciones que requieran juicio jurídico o control humano directo.

En definitiva, la integración responsable de la IA exige una combinación equilibrada de formación técnica, ética profesional y supervisión jurídica, de modo que la innovación no se imponga sobre la esencia del Derecho, sino que la refuerce.