El Supremo da la razón a Vox y anula una multa del Tribunal de Cuentas de 238.000 euros

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el partido de Santiago Abascal contra una resolución del Tribunal de Cuentas, del 4 de julio de 2024, y ha anulado así por sentencia firme la sanción que este organismo imponía a Vox por un importe de 233.000 euros. Considera que «la resolución sancionadora llevó a cabo una interpretación literalista y excesivamente formalista». Además, exonera al partido de la imposición de costas al entender que el caso «presentaba serias dudas de derecho».

El Tribunal de Cuentas había sancionado el año pasado, por un lado, con 50.000 euros al partido por la «infracción continuada» del artículo 17.2 a) de la ley de Financiación de Partidos en relación con las donaciones finalistas de la querella contra el independentista Quim Torra que Vox interpuso en 2019, para cubrir una fianza de 15.000 euros. Y, por otro lado, con 183.324,22 euros por la infracción de ese mismo artículo en relación con las donaciones finalistas de la campaña 'Ayudemos a Borja', que Vox impulsó para ayudar a este joven a pagar una multa de 180.000 euros para evitar entrar en prisión al provocar la muerte de un ladrón en un forcejeo cuando intentaba ayudar a una mujer que estaba siendo atracada por este. La resolución contó con dos votos particulares.

La formación de Abascal alegó al respecto entre otras cosas que los que realizaron esas aportaciones económicas aceptaron «expresamente» que fueran para «la realización de las actividades propias del partido»; también, que la ley no define qué es una donación finalista.

Según expresa la Sala, concurre «una duda razonable» de que la aplicación de la infracción prevista en el artículo 5. 1 a) de la ley de Financiación de Partidos cumpla en este caso «con la garantía constitucional de certeza en la predeterminación normativa». «Consideramos, en suma, que la resolución sancionadora llevó a cabo una interpretación literalista y excesivamente formalista, que olvidó el espíritu y finalidad de la norma sancionadora, soslayando el bien o interés jurídico protegido por el tipo legalmente establecido».

El alto tribunal indica que lo que parece contemplar el artículo 5.1 a) de la ley de Financiación de Partidos es una serie de limitaciones al donante privado que quiera contribuir a financiar un partido: «que se haga de forma transparente y se identifique el autor –esto es, que no sea anónima–; y que no se quiera condicionar ni mediatizar la actuación del partido –que no sea finalista ni revocable–». «Es por tanto al donante privado al que van dirigidos esos límites», subraya, y señala asimismo que en este caso es el partido el que anuncia la finalidad a la que quiere destinar las donaciones.

La Sala expresa en la sentencia que «no aprecia en qué medida, en los casos enjuiciados, pudo verse comprometida la actuación libre del partido sancionado, cuando era él quien había anunciado el fin o destino de las ayudas solicitadas». Es decir, no percibe «cómo pudo verse restringida la acción de un partido político cuando fue él quien fijó el destino de las contribuciones que pudiera recibir, e incluso podía dedicar el excedente a otros fines del partido». Tampoco ve –añade la sentencia– «qué otro bien jurídico pudo verse afectado, respecto a otros partidos políticos o, en general, a otros intereses públicos merecedores de la enérgica protección que supone el ejercicio de la potestad sancionadora».

«Fracasa la persecución del Gobierno contra Vox»

La formación de Santiago Abascal ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya estimado «el argumento principal de Vox» reconociendo que «las cantidades aportadas por miles de españoles para apoyar las acciones judiciales y políticas de Vox son legales, correctas y debidamente contabilizadas».

«Fracasa la persecución del Gobierno contra Vox», ha afirmado, al tiempo que ha criticado que estas sanciones se pusieron «ilegalmente» después de la renovación del Tribunal de Cuentas «acordada por el PP y el PSOE».