García Ortiz justifica en el Consejo Fiscal su continuidad en el cargo ante la ausencia de una norma «expresa» que le obligue a dejarlo

El último Pleno del Consejo Fiscal de Álvaro García Ortiz antes de ser juzgado se celebraba, este lunes, en un ambiente híbrido entre lo lacónico y la «normalidad ficticia» frente a lo que está por llegar. Un orden del día repleto de nombramientos, un total de 15 designaciones, en contra de la mayoría de los vocales del órgano que, unos días antes, volvían a insistir, tanto desde la asociación mayoritaria (AF), como desde la profesional e independiente (APIF), en la necesidad de que su máximo titular jerárquico se apartase del cargo, antes de sentarse en el banquillo del Supremo, acusado de un delito de revelación de secretos.

Pese a la petición expresa de siete de los doce miembros del órgano consultivo, trece de las designaciones se tramitaron con agilidad, al tratarse de renovaciones en Jefaturas Provinciales o de Área, para las que los actuales titulares de los mismos eran los únicos aspirantes. Sin embargo, no todos fueron tan amables; y, tanto la del teniente fiscal del Principado de Asturias, como la de la titular de la Fiscalía Superior de Galicia confirmaron la criticada política de designaciones afines del máximo titular del Ministerio Público.

De hecho, en este último caso, tal y como había adelantado El Debate, se confirmaba la propuesta de Carmen Eiró Bouza como candidata –la hasta ahora responsable del Departamento gallego de Medioambiente, promocionada al puesto por Dolores Delgado– frente a varios candidatos con mejor posición en el escalafón, más antigüedad, mérito y experiencia que la seleccionada, según apuntan varias fuentes consultadas por este diario.

Las mismas fuentes destacan, además, lo «inexplicable» de una elección para la que ha sido necesario «jubilar anticipadamente» a uno de los fiscales, el veterano Carlos Varela, con el número 75 de la Carrera y declinar a otro, el actual fiscal jefe de Santiago de Compostela, Antonio Roma, bajo el pretexto de que quien se compromete a ocupar una plaza de responsabilidad tiene la obligación de acabar el mandato de la misma. El mismo fiscal general del Estado que promocionó, hasta en dos ocasiones distintas, a su predecesora y amiga en el cargo, Dolores Delgado, sin haber agotado los cinco años correspondientes a cada una de ellas.

García Ortiz consumaba, así, un Consejo Fiscal ante el que justificaba su continuidad en el cargo, por la falta de una norma «expresa» que le obligase a abandonarlo, pese a su complicada, inédita y delicada situación procesal como acusado ante el más Alto Tribunal español.

Para el titular del Ministerio Público que, salvo sorpresa, se sentará en el banquillo como tal, la ausencia de una regulación específica para un caso que el legislador jamás imaginó –el máximo exponente de la defensa de la legalidad, violentándola– le habilita a seguir asumiendo todas sus funciones de manera «plena», ejerciendo las «competencias» que tiene atribuidas y «conociendo» de todas las cuestiones que cuelgan de la Fiscalía, incluso, aunque ello suponga que su subordinada y varios de los fiscales seleccionados para representar a la Institución en su juicio, se encuentren en una posición que «dista mucho de la imagen de independencia e imparcialidad» que sería exigible.