La UCO rastrea una donación sospechosa de un millón del PSOE en plena pandemia que gestionaron el tesorero, Ábalos y Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa una donación de un millón de euros que el PSOE llevó a cabo en plena pandemia del coronavirus. Según la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva El Debate, el movimiento financiero se formalizó con las firmas de tres dirigentes hoy investigados por su relación con la trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo: el exministro José Luis Ábalos, en ese momento mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el partido; el exgerente Mariano Moreno Pavón; y Santos Cerdán, el exsecretario de Organización que actualmente se encuentra en prisión provisional.

La donación, aprobada oficialmente el 11 de mayo de 2020, fue anunciada como una aportación de «un millón de euros al Instituto de Salud Carlos III para proyectos de investigación que contribuyeran a frenar la pandemia». La iniciativa, en apariencia altruista, consistía en una colecta entre militantes y cargos públicos del partido canalizada a través de una cuenta de donaciones gestionada por la dirección federal que, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, finaliza en «1505029». El objetivo, según la versión oficial, era sumar pequeñas aportaciones individuales que el PSOE completaría hasta alcanzar la cifra simbólica del millón de euros.

Sin embargo, los investigadores de la Guardia Civil han incorporado este donativo al conjunto de diligencias abiertas para rastrear los movimientos económicos opacos vinculados a la financiación del PSOE durante la pandemia. En su investigación, los agentes intentan esclarecer quién efectuó realmente las transferencias, de qué cuentas salió el dinero y si los fondos procedían íntegramente de aportaciones de militantes o si, por el contrario, fueron complementados con recursos de origen no declarado. Los documentos analizados por la UCO muestran que el proceso de recaudación se desarrolló en apenas cinco semanas.

La Guardia Civil verifica en estos momentos si esta donación pudo servir como mecanismo de canalización o blanqueo de fondos procedentes de comisiones ilegales relacionadas con los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia. El Instituto de Salud Carlos III, organismo público adscrito al Ministerio de Sanidad, participó durante la crisis en la evaluación técnica y supervisión de proveedores vinculados a la adquisición de material sanitario, dentro de los procedimientos impulsados por el Ministerio. Numerosas empresas se beneficiaron de esas adjudicaciones exprés y muchas de ellas obtuvieron beneficios millonarios que, de momento, no han sido objeto de investigación judicial.

Los agentes consideran relevante el hecho de que la donación del millón de euros coincidiera temporalmente con el auge de esas contrataciones y que estuviera avalada por tres dirigentes directamente implicados en el aparato financiero del partido. En su análisis, los investigadores tratan de determinar si el dinero que salió del PSOE hacia el Instituto Carlos III pudo regresar, de forma directa o indirecta, mediante contratos, adjudicaciones o pagos a empresas vinculadas a la trama Koldo. El material policial incluye, además, documentación en la que el PSOE informaba a sus militantes de que las donaciones realizadas dentro de esa campaña podían desgravarse fiscalmente.

Financiación ilegal

Para la Guardia Civil, este aspecto resulta relevante porque podría implicar un doble beneficio para el partido. Por un lado, el lavado fondos opacos y, por otro, el retorno fiscal en forma de deducciones aplicadas a quienes canalizaron las aportaciones. En uno de los documentos, Ferraz explicaba que «todas las donaciones desgravan» y que, para aplicar el beneficio, los donantes debían facilitar su DNI o NIF y domicilio, lo que habría permitido registrar formalmente las operaciones con apariencia de legalidad. No obstante, el PSOE no hizo público el acta notarial ni los extractos bancarios que supuestamente justificaban la transferencia del millón de euros al Instituto Carlos III, a pesar de que en los comunicados internos se afirmaba que la operación había sido «verificada ante notario».

Las pesquisas de la UCO se centran ahora en verificar la existencia real de esa transferencia, determinar qué entidad bancaria intervino y esclarecer si los fondos ingresados en el instituto fueron efectivamente destinados a proyectos de investigación o si, por el contrario, sirvieron de instrumento para reintroducir dinero de origen desconocido. Fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico consideran clave el papel de Mariano Moreno Pavón, ya que era quien controlaba la tesorería y las cuentas internas del partido. En los últimos informes remitidos al Tribunal Supremo, la Guardia Civil sostiene que Pavón tenía «conocimiento directo» de las entregas de dinero en metálico en Ferraz y de los sobres que circulaban entre la dirección económica del PSOE y el entorno de Ábalos.

El juez Leopoldo Puente ha citado a declarar la próxima semana a Pavón y a una trabajadora de la secretaría de Organización del PSOE para aclarar el papel de la dirección económica en los pagos en metálico en sobres a Ábalos y a su asesor Koldo García. En la providencia dictada tras recibir el último informe policial, el magistrado señala que existen «comunicaciones y operaciones económicas» cuyo origen y finalidad «no constan en la información facilitada por el partido político». La investigación judicial avanza en paralelo a la denuncia presentada por Vox contra el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales.