El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este viernes en Barcelona
Política
Urtasun justifica la ilegalización de la Fundación Francisco Franco por «humillar a las víctimas»
Según el ministro, la entidad practica un «sistemático menosprecio a las historias de las víctimas»
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, justifica el procedimiento abierto para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) asegurando que esta entidad «no persigue el interés general», ya que «enaltece el golpe de Estado» y se presta a la «humillación de las víctimas». Por ello, considera el ministro, no cumple con la ley de memoria democrática.
Urtasun lo ha dicho en una rueda de prensa en Barcelona, horas después del anuncio de que el Ministerio de Cultura ha abierto el procedimiento previo para instar a la ilegalización de la fundación y les ha notificado dicho expediente. Según el ministro del ramo, la FNFF practica un «sistemático menosprecio a las historias de las víctimas» y «reescribe la historia responsabilizando a las víctimas de los hechos que ellas denuncian».
Ha dicho que hay un expediente jurídicamente sólido de que la fundación no respeta la ley, y ha subrayado que el Ministerio de Cultura será «estrictamente escrupuloso» en hacer cumplir a todas las fundaciones la ley de memoria democrática. «No puede haber fundaciones, que tienen beneficios fiscales, que estén operando contrariamente a la ley de memoria democrática», ha dicho.
Ha agradecido el trabajo minucioso de los servicios del Ministerio, la Secretaría de Memoria Democrática y las asociaciones de víctimas, y ha dicho que se ha elaborado un dossier de más de 1.000 páginas que cree que constituyen un caso sólido de que la Fundación Franco en su actividad «contraviene» la ley.
Menos de 9 meses
Urtasun ha explicado que han trasladado el acuerdo para la extinción a la Fundación Francisco Franco para que pueda hacer sus alegaciones, previo al traslado definitivo del expediente al juez.
«Todo este proceso que falta no puede tardar más de nueve meses. Lo que intentaremos es que tarde lo menos posible. Estamos intentando acelerar todo lo que podemos para acabar con una anomalía democrática que se debería haber acabado hace 25 o 30 años», ha subrayado el ministro.