Los fiscales advierten sobre el plan del Gobierno para que asuman la instrucción: «Lo peor de la reforma es lo que no dice»

Entre las principales novedades a incluir en el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que se ve afectado por la conocida como 'ley Bolaños' -la reforma con la que el Gobierno quiere que las instrucciones penales pasen a estar en manos del Ministerio Público-, miembros de la Carrera y asociaciones profesionales entendían imprescindible, y así lo trasladaban a través de diferentes vías al Ministerio de Justicia, el blindaje del fiscal que, con la dirección de la investigación penal encomendada, quede encargado de un caso concreto, lejos de interferencias políticas subliminales.

Porque, precisamente, para quienes se han parado a analizar el contenido del nuevo texto legal, lo peor, es «lo que no dice» y debería haber incluido de manera expresa, si la voluntad del legislador hubiese sido «mejorar la situación actual».

Los fiscales, con los que ha podido hablar El Debate, consideran imprescindible garantizar que, cuando asuman un caso concreto, deben gozar de las mismas certezas de limitación de la dependencia jerárquica, que es propia de la organización interna de la Fiscalía, así como de la inamovilidad que blinda a los magistrados que, actualmente, se encargan de las pesquisas. En este sentido, con referencia expresa a que el artículo 25 de su Estatuto, que permite al fiscal general del Estado dar indicaciones al resto de los miembros de la Institución, quede acotado a instrucciones de tipo genérico vinculadas al desarrollo de la política criminal, pero no a órdenes directas a un fiscal concreto sobre uno o varios de los procedimientos en los que éste intervenga.

Para la mayoría de los fiscales «no es viable», ni «recomendable» colocarles al frente de la instrucción penal en las circunstancias actuales y bajo unas supuestas razones de urgencia que no concurren

Es decir, se trata de garantizar –más allá del mero visado técnico del superior jerárquico, práctica habitual en el seno de la Institución– que cada miembro del Ministerio Público, sea cual sea el caso en el que está trabajando, goce de la capacidad, sin injerencias, ni sugerencias, de actuar bajo su propio criterio sin el temor de ser corregido, apartado o condicionado en sus escritos por intereses diferentes del mero ejercicio del Derecho y de la aplicación de la ley.

Y, para ello, cualquier modificación estatutaria, a juicio de los fiscales, debería haber previsto, también, «la revisión del mecanismo de resolución de controversias» internas, en aquellos escenarios en los que un fiscal al frente de un caso se vea concernido, sin estar de acuerdo, por las órdenes de la Jefatura de la Fiscalía a la que, hoy por hoy, ampara el principio de dependencia jerárquica. «Hay que potenciar la capacidad decisoria de la Junta de Fiscales que sigue siendo meramente consultiva», reclaman desde el cuerpo del Ministerio Público.

Tampoco ha incorporado la 'ley Bolaños' nada relativo al «reforzamiento de las funciones de control del Consejo Fiscal en los nombramientos discrecionales». Muy al contrario, el órgano ha quedado reducido a un papel «anecdótico» y residual que, sin embargo, contrasta con la, cada vez mayor «concentración de poder discrecional» por parte de su Presidencia, personalizada por un fiscal general del Estado inmerso, cada vez más, en un «ejercicio autoritario del poder, sin contrapeso o límite alguno».

El estatus jurídico del fiscal general

Precisamente, en relación con este último, los fiscales han echado de menos que la reforma planteada por el Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Justicia, no diga nada sobre un cambio del procedimiento de selección y nombramiento del fiscal general del Estado para el que, el nuevo texto, sólo prevé ampliar el mandato a cinco años, en lugar de los cuatro actuales. Una modificación que, «por sí sola» y en ausencia de consenso en la designación del candidato, es meramente cosmética y «manifiestamente insuficiente», afean los miembros de la Institución consultados por este diario. Por no hablar de los «graves problemas» que podrían darse, en ausencia de pacto, con el «mantenimiento en el cargo de un perfil designado con un Gobierno de diferente signo político».

De hecho, más que nunca, un plazo superior de legislatura para el titular del escalafón «obliga a extremar las exigencias y cautelas respecto del prestigio profesional del candidato y sus garantías de independencia», alertan los fiscales. «Lo contrario significará caer en los errores de los últimos años en los que la falta de idoneidad y la carencia de neutralidad» han sido una constante en la cúpula 'política' de la Fiscalía.