García Ortiz busca anular el juicio por el registro «indebido», «injustificado» e «indiscriminado» de su despacho

La defensa de Álvaro García Ortiz, dirigida por la ex jefa de la Abogacía del Estado Consuelo Castro, ha empezado la primera de las vistas cargando contra la instrucción del juez Ángel Hurtado de la que aseguran que fue «inquisitiva» y «prospectiva». Castro ha denunciado la vulneración del principio de igualdad de armas respecto de García Ortiz, al asegurar que todas las diligencias impulsadas por el instructor de la causa estaban encaminadas a sostener una «idea preconcebida» de la culpabilidad de su cliente y no a «buscar pruebas de descargo».

«Así», ha criticado la letrada que no se admitieran diligencias «muy relevantes» como una ratificación de los informes de la UCO en los que se basó el magistrado para imputar a su cliente y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien finalmente se archivó la causa; pero, también, ha asegurado que el fiscal general ha sido «víctima de una presunción de culpabilidad» que ha devenido en numerosas irregularidades durante la práctica de las pesquisas, por lo que ha pedido «anular el material obtenido en los registros», clave para la causa.

Y ello, pese a que como resultado del 'borrado' de los mensajes, no se pudo obtener ninguna evidencia directa de las actuaciones de García Ortiz, durante los días claves para el procedimiento, de sus dispositivos móviles en los que no se encontraron rastros de las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año.

Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticosÁngeles Sánchez CondeTeniente fiscal del Tribunal Supremo

Sin embargo, la nulidad de las actuaciones ha sido, también, secundada por la Fiscalía, representada por la número dos de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde que, además, ha pedido que se eliminen del procedimiento las «comunicaciones de la fiscal provincial de Madrid», Pilar Rodríguez, quien estuvo coimputada con su superior.

Unos mensajes que, en su caso, fueron incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un registro de su despacho, simultáneo al «allanamiento» todavía más lesivo, que los agentes practicaron en el de García Ortiz, al que se «negó» una copia de todo lo clonado como resultado de dicha actuación; y, que en consecuencia, ha aseverado que partió de una «ficción» de Hurtado que «no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico».

Para la defensa de García Ortiz «las irregularidades cometidas en la instrucción» fueron «tantas» que el fiscal general «ha sido sometido a un proceso injusto»

Desde el estrado, donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales, subordinados directos, que reivindican también su inocencia, al lado del propio García Ortiz –togado, ya que conserva su condición de fiscal general– quien ha empezado negando su culpabilidad, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta: «¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?». «No», ha contestado tajante y conciso García Ortiz.

Para su abogada, Castro, García Ortiz «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles» en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier «otra alternativa».

De tal suerte que la fiscal Sánchez Conde se ha sumado a la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que «ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa,(...)» y algunos «medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general».

La fiscal ha avalado igualmente la entrega de la pericial de parte, «tanto para demostrar los motivos que pudiera tener el fiscal general para proceder a borrar ciertos datos personales, habida cuenta de la trascendencia que ha tenido su divulgación; como para acreditar que el borrado de su teléfono móvil puede no tener ninguna relación con esta causa al no saberse cuándo se pudo hacer».