El fiscal general se suma al relato del lawfare en el juicio a la corrupción institucional del sanchismo

La primera sesión del histórico juicio al fiscal general del Estado dejó este lunes varias estampas inéditas. La de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, haciendo los coros a la defensa de Álvaro García Ortiz, ejercida a su vez por la Abogacía del Estado. La de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ejerciendo la acusación popular contra su superior jerárquico por un delito de revelación de secretos. Y, sobre todo, la del máximo responsable del Ministerio Fiscal enfundado en su toga con puñetas y haciendo suyo el relato del Gobierno de la persecución judicial. Tirando piedras contra el tejado del poder judicial, al que pertenece.

García Ortiz escaló ayer un peldaño más en esa teoría al declararse víctima de un «proceso injusto», de una «investigación inquisitorial y prospectiva por parte del juez Ángel Luis Hurtado. Aun cuando la Sala de Apelaciones del alto tribunal decidió en julio, por dos votos frente a uno, avalar la instrucción del magistrado y enviar al fiscal general a juicio. Entre los argumentos que esgrimía la Sala en aquel auto había uno demoledor: «No puede pasarse por alto que el fiscal general del Estado, a pesar de su posición institucional, borró los correos electrónicos de su cuenta de correo personal y también todos los mensajes de WhatsApp, lo que ha impedido a los investigadores, a pesar de los esfuerzos realizados a tal fin, acceder a toda la información que existía sobre las comunicaciones de los investigados. En este contexto, es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables». En el juicio habrá de probarse que el acusado borró todo el 16 de octubre de 2024, el día en el que fue imputado.

La defensa del fiscal general denunció ayer que la entrada y registro «indiscriminado» en su despacho ordenada por el juez Hurtado vulneró sus derechos fundamentales, y lo declaró «víctima de una presunción de culpabilidad». García Ortiz lleva persiguiendo la nulidad del procedimiento desde la fase de instrucción, cuando en enero declaró como imputado y únicamente contestó a las preguntas de su abogado, al denunciar que se había vulnerado su derecho de defensa.

«Corrupción institucional»

«Esta mañana ha comenzado el juicio a la corrupción institucional del sanchismo, que es un fiscal general del Estado sentado en el banquillo por urdir una operación política», señaló Alberto Núñez Feijóo ante los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional. El líder de la oposición situó a la Fiscalía al servicio del Ejecutivo; apenas seis días después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal que, de salir adelante en el Congreso -algo improbable- dejaría la instrucción de las causas penales en manos del órgano constitucional que aún dirige García Ortiz. Con esa reforma en vigor, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales no podría ejercer la acusación popular, de la que el ministro Félix Bolaños habló en estos términos el martes pasado: «Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras muy bien financiadas para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas. Esta es la realidad que hoy existe en nuestro país. Organizaciones ultras bien financiadas, con buenos abogados, persiguiendo y querellándose contra personas honestas, progresistas y sus entornos».

El Gobierno fingió ayer normalidad, como lo lleva haciendo desde que el Supremo abrió diligencias contra el fiscal general y éste decidió no dimitir. Después llegaron su imputación, su declaración en sede judicial y su procesamiento. El día en que García Ortiz conoció esto último, las cámaras captaron una conversación entre éste y la ministra de Igualdad que mostraba su complicidad, y hasta de camaradería, con los miembros del Ejecutivo. Aunque, sobre el papel, se le suponga «autonomía funcional». Ana Redondo consolaba a García Ortiz y lo emplazaba a «una cenita» en Valladolid.

Los socialistas insisten en que García Ortiz no cometió ningún delito, sino que intentó desmontar un «bulo» del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Durante la instrucción, el juez Hurtado dejó escrito que el fiscal general actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Aunque la Sala de Apelación consideró que este extremo no había quedado sustanciado: «Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible».

No obstante, lo que sí ha quedado acreditada es la defensa a ultranza de Sánchez y los suyos hacia un fiscal general que hablaba de no dejar que la Comunidad de Madrid les ganara «el relato», y que el Gobierno considera uno de los suyos. Frente a un Tribunal Supremo que, por el contrario, el presidente situó al otro lado del muro desde el momento en el que se interpuso en el camino de la ley de amnistía. Y del regreso de Carles Puigdemont.

Llegados a este punto, en la Moncloa fían el éxito de su estrategia a que durante el juicio oral las acusaciones sean incapaces de probar que la filtración partió de García Ortiz.