El juicio a García Ortiz deja al descubierto el fuego cruzado de la Fiscalía en la causa contra González Amador

El primer día de las vistas de la causa que se celebra contra el fiscal general del Estado ha dejado varias imágenes insólitas en el Tribunal Supremo: la primera, la de un Álvaro García Ortiz togado, sentado en el estrado de las defensas (los abogados públicos Consuelo Castro e Ignacio Ocio), al mismo nivel que los magistrados que le están enjuiciando y atento con las declaraciones de los cuatro testigos, todos ellos subordinados del acusado que, este lunes, se han sentado para contestar al interrogatorio de las partes; la segunda, el evidente fuego cruzado entre las dos responsables de la Fiscalía de Madrid -la jefa provincial Pilar Rodríguez y la autonómica, Almudena Lastra- y, por lo tanto, su discrepancia manifiesta en la gestión de la información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, en las horas previas a la filtración.

La única palabra que ha dicho este lunes el fiscal general en el juicio celebrado en su contra ha sido un sucinto pero sonoro «no», cuando el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le ha preguntado si se consideraba autor de los hechos de los que se le acusa. No en vano, la estrategia de su letrada principal, se centraba en denunciar las «vulneraciones de derechos fundamentales» que habría sufrido su cliente, durante la fase de instrucción, que ha calificado como «inquisitiva» y de la que, ha asegurado, afloraron los «francamente pobres hechos probatorios» que han llevado a sentar en el banquillo al fiscal general, por primera vez en democracia.

Unas calificaciones, próximas al relato del lawfare asumido por el Gobierno que, por el momento, sólo le han servido a la ex jefa de la Abogacía del Estado, para que las siete acusaciones -una particular, la del empresario González Amador; y, las seis populares, instadas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa (que aglutina a Vox y Hazte Oír), Iustitia Europa y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)-, se opusiesen a sus argumentos de indefensión y desigualdad de armas. Cuestiones previas que, por su parte, el Tribunal «resolverá conjuntamente con la sentencia» que dicte al final del procedimiento.

Frente al cierre de filas oficial, al que se ha sumado la Fiscalía, para la mayoría de las partes acusadoras, la investigación del juez Ángel Hurtado ha sido impecable y, dadas las circunstancias, ágil, destacando además cómo García Ortiz ha disfrutado de «la garantía del aforamiento», durante todo el transcurso de las diligencias preliminares.

El interés del caso del «novio de Ayuso»

El turno de los testigos arrancaba con Julián Salto, a quien en un primer momento se le asignó la investigación de las presuntas irregularidades de la empresa de González Amador, Maxwell Cremona con la Agencia Tributaria. Su declaración se centraba, de manera esencial, en el procedimiento de «dación de cuentas», o las explicaciones que los fiscales, en el ejercicio del principio de «jerarquía» que rige en el Ministerio Público, obliga a los fiscales a reportar a sus superiores.

Salto relataba en el Tribunal el «frenético intercambio» de mensajes en el seno de la Fiscalía, según palabras del propio instructor Hurtado, cuando la noche del 13 de marzo de 2024, saltaban las alarmas tras la publicación de una noticia que hacía referencia a sus correos electrónicos con el abogado de González Amador, Carlos Neira. Se trataba de rebatir del «relato» presuntamente deslizado por el entorno de González Amador en algunos medios de comunicación.

Una novedad que al fiscal encargado le pilló en el Estadio Metropolitano, mientras presenciaba un partido de octavos de final de la Champions, entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Si bien Salto confirmaba, a preguntas de las partes, que en todo caso la petición fue «legal», resultó algo «extraño» el repentino interés en una causa de poca «enjundia», hasta ese momento.

Tan sólo unos días antes, a través de la fiscal decana de Madrid, Salto había conocido que posiblemente la misma afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ésta y sólo ésta circunstancia «sentimental» sería la que determinase un avance cualitativo en el desarrollo de la misma, dado que por cuantía y tipo «básico» del delito, se trataba de una como tantas otras.

Choque de trenes en Madrid

El plato fuerte del día ha llegado, sin embargo, en la sesión de tarde, como resultado de las declaraciones de dos piezas clave en las horas previas y posteriores a la publicación de la nota de prensa oficial de la Fiscalía sobre el caso González Amador. Las versiones dadas, sucesiva pero separadamente, por la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, en primer término, y su compañera Almudena Lastra, después, han puesto al descubierto las evidentes diferencias de planteamiento que ambas dieron a la crisis desatada en Fortuny.

Rodríguez asumía un interrogatorio árido, largo y en muchos momentos incómodo, por parte de Gabriel Ramos, el abogado de González Amador, quien insistía en conocer su papel en el envío de información a la Fiscalía General. Cuanto más presionada se sentía la fiscal, más a la defensiva se mostraba en sus respuestas. En especial, cuando Ramos ha mencionado el mensaje de WhatsApp que ella envió a la jefa de Diego Villafañe, teniente fiscal en la Fiscalía técnica, a raíz de la noticia de eldiario.es, comentó: «Imagino que se ha dado publicidad», desde FGE. El conato de enfrentamiento ha sido rápidamente sofocado por el presidente del Tribunal, Martínez Arrieta, que cortaba la conversación cuando estaban discutiendo sobre si se trataba de una «filtración» o de «publicidad» en el procedimiento.

Rodríguez negaba, además, su participación en una nota, de prensa de la que se limitó a dar el visto bueno a los datos recogidos en la versión que recibió y, durante cuya confección, aseguró que la fiscal autonómica Lastra, en contra de lo publicado durante la instrucción, no le advirtió de que lo iban a «filtrar».

Con todo, ha aprovechado para aclarar que si comentó que se podía añadir «un poco de cianuro» a la nota fue por puro «desahogo», porque desde ciertos medios y desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid se puso en «solfa» su «profesionalidad». Rodríguez Acera navegó entre la incomodidad evidente del interrogatorio del abogado Gabriel Ramos, en representación jurídica de González Amador, y la actitud desafiante, por momentos, cuando se sentía más cercada.

No en vano, su todavía superior jerárquico, el que la arrastró a una imputación, finalmente archivada para ella por la Sala de Apelaciones del Supremo, se enfrenta a peticiones de hasta seis años de prisión, 12 de años de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.