El fiscal Julián Salto: «Dijeron que el interés del caso era la relación de González Amador con la presidenta de Madrid»

Cuatro conformidades negociadas en tres años y medio. Éste es el balance que resume el contacto habitual entre el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, con el fiscal Julián Salto –inicialmente asignado a las diligencias de investigación pre procesales sobre el empresario madrileño, administrador único de la sociedad Maxwell Cremona– y, nunca, hasta entonces, se había visto envuelto en una espiral de petición «urgente» de informaciones al respecto de un posible pacto de conformidad. Salto ha sido el primer testigo citado a declarar en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador y, hasta en dos ocasiones, ha referido que el «interés» del caso, en sí mismo, derivó de la «condición» de pareja sentimental del investigado con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Si en este asunto no hubiese estado implicada» la pareja de Isabel Díaz Ayuso, «no constaría de ninguna especialidad» o «enjundia» suficiente para elevarlo, en virtud del mecanismo interno de «dación de cuentas», previsto en el artículo 25 del Estatuto, hasta la Fiscalía General del Estado.

De hecho, el fiscal ha apuntado que «no solo» todo apuntó a que se trataba de una causa en la que «íbamos a llegar a una conformidad» porque, en principio «no era un asunto de mucha enjundia, ni de mucha trascendencia» sino que, además, «me dejó un poco sorprendido que me preguntasen por el expediente de Maxwell Cremona», hasta que me indicaron que el titular de la empresa «tenía una relación sentimental con la presidenta» madrileña.

Mientras no conoció el detalle del dato, para Salto se trataba de un procedimiento «básico», castigado con entre 1 y 5 años de prisión, en el que el investigado estaba predispuesto «a reconocer los hechos y a pagar la cantidad presuntamente defraudada», atendiendo en avance la «responsabilidad civil derivada de dicha cuantía» que, cabe recordar, asciende a un total de 350.000 euros.

Yo no tengo ningún problema en facilitar toda la información que me piden mis superiores, todos los correos del asunto, porque yo no he hecho nada irregularJulián SaltoFiscal del Departamento de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid

El fiscal Salto Torres ha relatado, además, cómo el 2 de febrero de 2024 fue el abogado Neira quien le escribió a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para ofrecerle la posibilidad de un acuerdo. Ya, unos días más tarde, el 7 de marzo, le «llaman» desde la Fiscalía Provincial de Madrid y le «preguntan» sobre el estado de situación del asunto de González Amador. Le «sorprendió», ha reconocido, mientras la fiscal decana no le comentó que el implicado en el expediente «mantenía una relación sentimental» con Díaz Ayuso.

Sin embargo, no será hasta la noche del 13 de marzo, asistiendo a un partido de fútbol de Champions del Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, cuando recibió hasta tres cuatro llamadas distintas para consultarle a «qué nos habíamos comprometido» con el abogado Neira. Salto confirmó que se había limitado a responder, como tantas otras veces, la propuesta de un letrado, y atender las meras negociaciones con las que se inician todos los acuerdos que, ha recordado, «si no se ratifican en sede judicial, posteriormente», no tienen ninguna validez..

Alto atendió tanto a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien «no me transmitió urgencia alguna», ni tuvo inconveniente en postponer la conversación hasta el día siguiente; y, a la fiscal provincial Pilar Rodríguez que, por el contrario le apremió, porque «el fiscal general no puede esperar». Salto ha confesado que pese a las limitaciones, se puso manos a la obra desde su móvil, dentro del evento deportivo, con todas las limitaciones de un entorno en el que se concentraban «miles de aficionados» y donde «los datos móviles» no eran los mejores.