Sánchez declara secreto de Estado su inaudito apoyo a la flotilla de Gaza

Pedro Sánchez no quiere dar explicaciones sobre el despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’ que envió para auxiliar a la esperpéntica Flotilla de Gaza a finales de septiembre, que alentó protestas en la calle, difundió una supuesta represión israelí que nunca sufrió y le costó un dineral al contribuyente en gastos de repatriaciones.

Dice no tener constancia alguna de las instrucciones que hubieran podido ser cursadas desde Presidencia del Gobierno al Ministerio de Defensa, algo llamativo si se atiende a lo dispuesto por el artículo 2.2.f de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, según el cual corresponde al presidente «dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar».

Tras secundar el «numerito» de la llamada «Barbie Gaza» o la activista Greta Thunberg, Pedro Sánchez ha preferido ahora guardar silencio y descargar toda la responsabilidad en Margarita Robles, para que sea la Ministra de Defensa quien explique la necesidad de movilizar al ejército español en una operación que podría haber desembocado en un conflicto internacional aún mayor, en un clima de evidente animadversión pública de Sánchez y su gobierno hacia Israel.

El silencio de Sánchez contrasta con el anuncio de esta misión, que el presidente realizó a bombo y platillo durante su presencia en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, exigiendo que se respetase «el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad», ya que a bordo de los barcos que se dirigían hacia Gaza había varios españoles, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sin embargo, pese al ceremonial empleado entonces, Presidencia asegura, en un documento al que ha accedido en exclusiva El Debate, con fecha 4 de noviembre y firmado por su directora jurídica de Moncloa, Isabel León, que no posee ningún documento en el que consten las instrucciones que dio Sánchez al «Ministerio de Defensa en relación a misión que tiene que desempeñar la patrullera Furor», aunque en su propia comparecencia ya había explicado que el objetivo de la misión era garantizar la seguridad de los participantes y, en caso necesario, intervenir en labores de rescate.

Además, en el mismo escrito, Moncloa señala al Ministerio de Exteriores como responsable de aclarar qué ayuda se solicitó desde la Flotilla, algo que a cierre de esta edición no ha realizado.

La respuesta de Defensa

Defensa invoca la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para catalogar la información solicitada por este periódico de «información operativa clasificada». Así lo hace al negarse a explicar la necesidad de movilizar al ejército español para esta operación, que se desencadenó después de que Colau denunciara un supuesto avistamiento de drones israelíes en las proximidades de las embarcaciones y reclamase «una protección real frente a posibles ataques».

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el teniente general José Antonio Herrera, sostiene en un escrito de este 4 de noviembre, que «la existencia de información operativa clasificada, referente al despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) «Furor», a la que le es de aplicación su normativa específica, hace inviable el acceso a la información solicitada», ya que el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales aprobada por Franco en 1968 y que se amplió por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, señala que «se otorga, con carácter genérico, la clasificación de SECRETO a…: …El despliegue de unidades…».

Pero además del carácter secreto de dicha operación, el alto mando, designado por el Gobierno con la misión de dar apoyo al JEMAD en la definición de la estrategia militar o en la conducción estratégica de las operaciones, señala en su escrito que conocer la necesidad de este despliegue «causaría un perjuicio más grave a la seguridad nacional y la defensa, que el interés público de acceso que se pretende preservar».

Ni la dana, ni el apagón ni los incendios

Resulta cuanto menos contradictorio que el Gobierno se agarre a su deber de preservar la seguridad nacional a la hora de dar explicaciones por el buque enviado a escoltar a la flotilla, cuando ignora de forma sistemática la ley que la regula y que le confiere la obligación de ponerse al frente de grandes catástrofes como la dana o los incendios, o situaciones de crisis como el apagón. Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico definen esta situación como una «verdadera dejación de funciones al inhibirse en una competencia que pertenece exclusivamente al presidente del gobierno».

De hecho, tal y como reveló El Debate, en el caso de estos tres episodios que han marcado el último año, Sánchez ignoró a sabiendas el instrumento legal que él mismo aprobó en 2021 por el que se obliga a ponerse al frente de todas estas situaciones, según ordena la Ley de Seguridad Nacional (LSN)y toda su normativa de desarrollo, eludiendo sus responsabilidades como máximo dirigente del país.

Resulta llamativo que, mientras Sánchez intenta gestionar las catástrofes en España como un asunto doméstico cuyos únicos responsables son las comunidades, especialmente cuando están gobernadas por el PP y parece moverle un interés partidista, en el caso concreto del buque de la Armada, el Gobierno muestra un especial interés por mantenerlo en secreto, invocando una supuesta intención de proteger la seguridad nacional a la que solo recurre cuando le resulta útil para mantener su opacidad.