La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría
Contra la separación de poderes
El Gobierno defiende el derecho de Sánchez a dar su veredicto sobre el juicio a García Ortiz
«El respeto a la Justicia no es contradictorio a manifestar una opinión», según Pilar Alegría. En la Moncloa creen que no va a aparecer ninguna prueba irrefutable en las jornadas que quedan
El juicio oral contra el fiscal general del Estado entra en su fase definitiva y el Gobierno no quiere adelantar acontecimientos sobre una posible condena a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.
No obstante, el Ejecutivo ya tiene su propio veredicto, como se encargó de proclamar Pedro Sánchez el domingo en la portada de El País: salvo en el supuesto de que apareciera una prueba irrefutable en las jornadas que quedan -que en la Moncloa no contemplan-, el fiscal general del Estado es inocente.
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Así lo reiteró este martes la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que defendió las palabras del presidente. Palabras que, sin embargo, para la Asociación de Fiscales, son un intento de «presionar y deslegitimar a los tribunales». Y, para la oposición, una forma de ponerse la venda antes de la herida.
«El presidente no dijo nada que no haya verbalizado en otras ocasiones, y además bajo el contexto de una entrevista periodística», señaló Alegría. «El respeto a la Justicia no es contradictorio a manifestar una opinión. El PP ha querido crear una falta polémica, siempre hemos dicho lo mismo, hemos manifestado nuestro respeto a la Justicia, pero no es incompatible con manifestar una opinión», insistió.
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La portavoz fue puesta en un brete cuando le preguntaron si, siguiendo ese razonamiento, en el caso de que García Ortiz sea condenado el Gobierno considerará que lo ha sido sin pruebas. Alegría no quiso responder, sino que se limitó a sostener que le corresponde a la Justicia decidir y que en la Moncloa siguen «manteniendo la confianza» en el fiscal general del Estado.
Fuentes gubernamentales niegan, no obstante, que Sánchez haya provocado un choque institucional entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo manifestando su «opinión» sobre la inocencia del fiscal general del Estado. Y matizan que lo que no hizo el presidente, ni lo hará, es opinar sobre lo que debería sentenciar el alto tribunal.
