Leire Díez presumía de que el PSOE manejaba a la Policía Nacional y presentaba a la UCO como «un riesgo»

Leire Díez, la conocida como la fontanera del PSOE, presumía de tener acceso a la cúpula de la Policía Nacional. En concreto, tal y como ha podido saber El Debate, la exmilitante socialista aseguraba que si las investigaciones judiciales que salpican al entorno político y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasaban a depender de la Policía podían ser controladas, mientras que si seguían en manos de la Guardia Civil no. Díez declara este lunes como imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. La fontanera del PSOE está llamada a declarar este lunes en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Las actas de la reunión que Díez mantuvo con el comandante Rubén Villalba, imputado en la trama el 10 de marzo de 2025, a las que ha tenido acceso este periódico, describen que la exmilitante del PSOE hizo gala de una cercanía privilegiada con mandos policiales, a los que presentaba como un canal alternativo para obtener información que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no facilitaba. Su mensaje, repetido durante el encuentro, era que la Policía permitía «sacar lo que la UCO no cuenta». Una frase que, según el documento, enmarcaba su estrategia de oponer a ambos cuerpos y usar a la Policía para arrinconar a la Guardia Civil en investigaciones sensibles para el Gobierno.

En el encuentro, Díez sostiene que planteó un escenario donde la Policía podía convertirse en instrumento político para neutralizar las investigaciones impulsadas desde la UCO en casos de alto voltaje que afectan al PSOE, al exministro José Luis Ábalos y a cargos próximos a la Moncloa. Según el relato de Villalba, Díez describió un mapa interno de poder donde la Policía estaba alineada con el partido, mientras que la Guardia Civil, en especial la UCO, actuaba con autonomía y era, por tanto, un riesgo. En ese contexto, deslizaba que si la UCO no se controlaba se podía recurrir a la Policía para obtener información, frenar líneas de investigación o presionar a mandos concretos. Una arquitectura de vasos comunicantes diseñada para politizar el flujo de información entre cuerpos de seguridad del Estado.

Las actas señalan que Díez transmitió esta idea como parte de un «cambio de estrategia» que consistía desplazar a la Guardia Civil, reforzar a la Policía y utilizar esa asimetría interna para proteger al PSOE de investigaciones judiciales. Villalba recoge en su escrito que la exmilitante socialista hablaba de mandos policiales concretos, de su disponibilidad para «ayudar», y de su capacidad para operar «por canales no formales». Es decir, una red paralela de circulación de información al margen de los procedimientos orgánicos de cooperación entre cuerpos. Este planteamiento vertebra buena parte del documento. Díez insiste en que la Policía puede ser utilizada para conseguir datos, mover piezas y «desactivar» a mandos de la UCO que consideraba incómodos.

En su descripción, la Guardia Civil se mostraba como un cuerpo dividido con mandos «alineados» y otros «problemáticos». Entre los segundos situaba a responsables de investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. De acuerdo con Villalba, Díez repetía que había que «quitarse de en medio» a determinados investigadores y que la Policía tenía mayor margen para actuar en ese sentido. Este periódico ya reveló que la fontanera del PSOE admitió que su labor real era dirigir una «operación de inteligencia» para proteger al PSOE de causas judiciales, y no escribir un libro de periodismo investigativo, como había defendido públicamente. También publicó que trasladó a Villalba que poseía «material sensible» procedente de un prostíbulo que podría hacer caer a mandos de la UCO, y que llegó a afirmar que había escuchado una conversación entre Víctor de Aldama y su abogado José Antonio Choclán, lo que de ser cierto podría anular procedimientos completos.

Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias, declara este lunes ante el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid. Será su primera comparecencia desde que estas actas han visto la luz y una oportunidad para esclarecer si su acceso a la Dirección General de la Policía era real, exagerado o parte de una estrategia más amplia para influir en quienes investigan los casos que afectan al PSOE.