La Guardia Civil también señala que el presidente de Correos maniobró para amañar obras millonarias en favor de la trama del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vuelve a estrechar el cerco sobre la estructura que, desde el Ministerio de Transportes, allanó el camino para que la trama del PSOE integrada, entre otros miembros, por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García pudiera nutrirse de mordidas en contratos públicos. Y ahora, el foco apunta directamente a Pedro Saura, actual presidente de Correos y ex 'dos' de Transportes durante la etapa de Ábalos. Según la documentación incorporada a la causa, Saura intervino en varias de las obras clave que la red trataba de controlar, presionando, autorizando y desbloqueando expedientes cuya tramitación era fundamental para asegurar el pago de comisiones ilegales.

La UCO describe a Saura como una figura decisiva en la «cadena de influencia» que permitió que determinadas adjudicaciones avanzaran con una rapidez y una coordinación anómalas respecto a los cauces habituales. Su nombre aparece repetido en diversas comunicaciones entre los implicados, especialmente en momentos de presión interna para sacar adelante procedimientos administrativos urgentes o para justificar declaraciones de emergencia que permitieran acelerar la obra y, con ello, las contraprestaciones económicas que la trama esperaba obtener.

El primer episodio señalado se remonta al 6 de agosto de 2018, cuando Saura, recién nombrado secretario de Estado de Transportes, aprobó la declaración de emergencia para inspeccionar y evaluar el puente del Centenario de la SE-30 en Sevilla. Según el informe, esta declaración fue determinante porque abría la vía para una futura licitación millonaria que la trama ya vigilaba. Meses más tarde, en noviembre, Cerdán trasladó a Koldo que estaba «anunciando un puente nuevo» en Sevilla «en dos fases». Cuando Koldo le precisó que el puente ya existía y que solo se trataba de sustituir los tirantes, la comunicación derivó en una oleada de mensajes internos que demostraban que tanto Cerdán como su socio, el constructor vasco, ya maniobraban alrededor de ese contrato. La UCO destaca que, apenas doce días después, representantes de Acciona y Servinabar firmaron un memorándum que fijaba el porcentaje destinado a esta última de un 2% del total adjudicado, equivalente al mecanismo estándar mediante el cual la trama canalizaba las mordidas.

Pero la referencia más explícita al papel de Saura llega en abril de 2019, cuando Koldo informa a Cerdán de que «se le ha visto de lejos» en su insistencia con el expediente de Sevilla y que «Javier Herrero ha tenido que presionar mucho a Pedro Saura» para que el procedimiento avanzase. La Guardia Civil subraya que esta comunicación evidencia dos aspectos: la presión interna ejercida desde el PSOE para empujar la obra, y el papel de Saura como la pieza administrativa clave para destrabarla. Tres días después, el 24 de abril, la Dirección General de Carreteras aprobó formalmente la declaración de emergencia que permitía iniciar los trabajos previos para la sustitución de los tirantes del puente del Centenario. Todo ello coincidió con el progresivo interés mostrado por la trama para asegurarse que ese contrato se resolviera a favor del consorcio que estaban impulsando.

En engranaje de la corrupción

El informe añade también un episodio significativo respecto a la obra de Logroño, otro de los contratos donde la trama perseguía el cobro de comisiones. La UCO detecta una «notoria insistencia de Santos» para que la licitación saliera adelante, acompañada esta vez de presiones ejercidas «por Javier Herrero sobre el secretario de Estado, Pedro Saura». La Guardia Civil observa un patrón idéntico al de Sevilla: insistencia política, presión técnica sobre Saura y posterior avance del expediente. De nuevo, aparece el mismo esquema: Acciona como contratista principal y empresas vinculadas a Antxón como potenciales subcontratistas encargados de canalizar el porcentaje pactado.

El tercer bloque del informe que involucra a Saura se refiere a la adjudicación de los Túneles de Belate, una obra de 62,8 millones de euros en Navarra. Aunque la adjudicación final se produjo en diciembre de 2023, la UCO documenta que la operación se gestó «al menos cuatro años antes». En noviembre de 2019, una reunión entre delegados del Ministerio de Fomento, entre los que se encontraban Saura y Herrero, y delegados del Gobierno navarro, entre ellos Bernardo Ciriza y Cerdán, derivó en un compromiso político para duplicar los túneles de Belate. Según el informe, esta actuación se enmarca en la misma línea de colaboración entre Cerdán, Saura y los responsables públicos navarros, adelantando decisiones administrativas que favorecían a la misma red de intermediarios.

La UCO interpreta estas secuencias como una actuación coordinada en la que Saura desempeñaba el papel decisivo: era él quien podía autorizar las declaraciones de emergencia, validar procedimientos acelerados o desbloquear decisiones administrativas sin las cuales las obras no podían continuar. Y para la trama, esas obras eran esenciales, ya que de ellas dependía el cobro del 2% pactado con Acciona y el cierre de las deudas internas que, según el propio informe, mantenían con Ábalos y con sus colaboradores más cercanos. Las conclusiones policiales son claras, ya que para la Guardia Civil, las insistencias, presiones y decisiones asociadas al presidente de Correos no fueron aleatorias ni administrativas, sino que se enmarcan en un patrón de actuación destinado a «favorecer la tramitación y adjudicación» de proyectos que posteriormente derivarían en beneficios económicos ilegales para la trama.

El Debate ha publicado que Ábalos facilitó que Cerdán se incorporara a la delegación oficial del Gobierno en Marruecos en 2019, un movimiento que la UCO considera clave para que la trama pudiera influir en el macrocontrato del puerto atlántico de Kenitra, valorado en 460 millones de euros y objeto de maniobras para reclamar mordidas. Asimismo, este periódico reveló que la trama pactó al menos 1.070.000 euros en mordidas vinculadas a licitaciones de Acciona, y que Cerdán era el encargado de hacer llegar parte del dinero a Ábalos. La UCO lo describe como un papel activo y central en el engranaje económico de la red.