La versión oficial de que Sánchez no tiene ninguna responsabilidad en la trama se cae a pedazos

A «la Paqui», la mujer de Santos Cerdán, la conocían todas las vendedoras de El Corte Inglés y también Pedro Sánchez. Es más, había relación entre los matrimonios. Un mes antes del primer informe Cerdán, el de junio, el presidente y Begoña Gómez invitaron a cenar a la Moncloa al entonces secretario de Organización del PSOE y a su esposa.

Fue después de que una periodista llamara a la puerta de casa de Cerdán y le abriera su mujer, que acabó echando a la reportera de su rellano. Los socialistas condenaron al unísono, lo que calificaron como un caso de «acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas». Ahora la UCO ha descubierto que el alquiler de ese ático en el barrio de Chamberí lo pagaba en realidad Acciona; la constructora de la que, presuntamente, Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García cobraban mordidas camufladas detrás de contratos con Servinabar.

El último informe de los investigadores de la Guardia Civil y la declaración judicial de Leire Díaz y de Javier Pérez Dolcet han estrechado aún más el cerco sobre el presidente. Como poco, en cuanto a su responsabilidad política por haber dejado que desde 2018 campara a sus anchas en el Gobierno una trama corrupta importada desde Navarra. Y una trama extorsionadora que pretendía acabar con jueces, fiscales y agentes de la UCO, con la que al menos en una ocasión se reunió el entonces director adjunto del Gabinete de Sánchez, Antonio Hernando. No obstante, en el PP y en Vox están convencidos, a estas alturas, de que es imposible que el presidente haya estado en Babia desde mayo de 2017: dos días después de que él ganara las primarias del partido, Cerdán y el presidente de Servinabar, Antxón Alonso, cenaron con el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini. De aquella velada salió el primer contrato entre ambas empresas.

Con el informe de la UCO, aún humeante, Sánchez se presentó este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. «Su moción de censura no fue contra la corrupción. Fue para la corrupción de su cuadrilla», le espetó Alberto Núñez Feijóo. El presidente entonó su clásico «tolerancia cero contra la corrupción» y de ahí no se movió, pero la inquietud se respiraba en la bancada socialista.

El relato hace agua

A estos cada vez les resulta más difícil mantener el relato de que el presidente no tiene ninguna responsabilidad, puesto que la UCO ha descubierto que Cerdán incluso estuvo utilizando una tarjeta de crédito de Servinabar entre 2016 y 2024, hasta el día antes de la detención de Koldo García. Es decir, el secretario de Organización del PSOE gastando durante ocho años de una tarjeta a nombre de una empresa adjudicataria de obras públicas.

El mismo Cerdán al que Sánchez ascendió en el verano de 2021 y al que después ratificó en su puesto en el Congreso Federal de noviembre de 2024, ya con Ábalos caído. El mismo que, pasadas las siete de la tarde de este miércoles, salió de la prisión de Soto del Real tras cinco meses con este mensaje: «Se están hablando muchas mentiras (sic) y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los dos informes sobre mi persona. Yo confío en que la verdad se imponga y que, al final, con esa verdad se haga justicia». A la misma hora, Pedro Sánchez daba un mitin con otro imputado de su partido: el candidato a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, que irá a juicio en febrero por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Fuentes del Gobierno insistían ayer en el Congreso en que no hay ninguna responsabilidad in vigilando que pedirle al presidente porque la trama camuflaba las mordidas bajo la apariencia de una UTE (una unión temporal de empresas entre Acciona y Servinabar). Sin embargo, las mismas fuentes reconocían con cierta prevención que quedan más informes de la UCO por salir. Porque falta una parte crucial del puzle: cómo Acciona acabó siendo la adjudicataria de esos contratos públicos del Ministerio de Transportes para diversas obras en Logroño, Sevilla, San Feliu de Llobregat y otros lugares. Es decir, si el fraude estaba en unos pliegos de condiciones redactados ad hoc o en la mesa de contratación que decidía las puntuaciones. Y otra más: si, como parece, hubo más contratos amañados de otras instancias públicas, como Correos.

Mientras los agentes siguen desenmarañando la madeja, de momento en el Ejecutivo reiteran que Cerdán llevaba una vida de lo más austera, que nunca se le vio en un coche que no fuera el que ponía el partido a su disposición, que no hacía vida social ni era «disfrutón» -palabra textual- como Ábalos… y que por eso no levantó nunca sospechas. De nadie, al parecer.

Con la defensa de Sánchez cada vez más complicada, todo lo que dijo este miércoles su socia, Yolanda Díaz, en el Congreso fue: «La corrupción es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transportes o venga de la Diputación de Almería». Hizo eso y quejarse de que, hace dos meses, el PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso una proposición de ley de Sumar para la creación de una oficina de prevención de la corrupción.

Quien sí votó a favor de aquella iniciativa fue el aún diputado Ábalos, irónicamente. La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer para él 24 años de cárcel por el caso de las mascarillas, y 19 años y medio para Koldo García. Ambos, por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.