El PSOE vive un miércoles fatídico a caballo entre Ábalos, el Supremo y la Audiencia Nacional

Dicen en el Gobierno que disparar contra todo y contra todos «no es el estilo de José Luis», que siempre ha defendido su inocencia sin enmerdar a nadie, que si el juez decreta su ingreso en prisión provisional este jueves dejará el escaño… pero lo cierto es que, a estas alturas, los socialistas confunden deseos con realidad.

Más aún después de que, a un día de su vistilla con el juez Leopoldo Puente, el exministro de Transportes saliera de su refugio para lanzar una granada contra Pedro Sánchez. Lo hizo en X, al confirmar que la entrevista entre el presidente y Arnaldo Otegi de mayo de 2018 existió, según «lo que me contaron fuentes presenciales», añadió (un matiz importante). Ya no es solo la palabra de Koldo García, que supuestamente hizo de chófer en aquel encuentro, sino también la de Ábalos.

La tensión por lo que suceda este jueves en el Tribunal Supremo se palpaba este miércoles en el Congreso. Y cuando todos miraban allí, la noticia saltó en la Audiencia Nacional: el juez Ismael Moreno, que investiga la posible existencia de una caja B en el PSOE, dio al partido 10 días para que le facilite «la relación de pagos en metálico efectuados» entre 2017 y 2024, así como su soporte documental para cotejarlos. «El Tribunal Supremo cerca a tres de los cuatro integrantes del clan del Peugeot. La Audiencia Nacional, al cuarto, al Uno, a Pedro Sánchez», resumieron desde el PP. Desde el PSOE se apresuraron a replicar: «Aclaramos que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la Justicia, es total. Aportaremos al Juzgado la documentación solicitada».

La Fiscalía Anticorrupción está apretando las clavijas al exministro para que colabore, y la prueba está en que ha pedido para él 24 años de prisión frente a los siete que solicita para el empresario Víctor de Aldama, que por ahora es el único que ha hablado. Fuentes socialistas recuerdan que la Fiscalía solo pidió prisión incondicional por riesgo de fuga para el extesorero del PP Luis Bárcenas después de que éste hubiera sido condenado a 33 años por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, y una vez que se le descubrió una fortuna en el extranjero estimada en 47 millones de euros. La desproporción es evidente, según las mismas fuentes.

No hay salida buena para los socialistas: si tras la vistilla Anticorrupción solicita cárcel para Ábalos y el instructor la acepta, el exministro puede ser un peligro para sus excompañeros. Pero si el juez lo mantiene en libertad se dará cuenta de lo cerca que ha estado esta vez de verse entre rejas y tal vez se ablande.

Ábalos fue uno de los muñidores de la victoria de Sánchez en las primarias; uno de los muñidores de la moción de censura que lo llevó a la Moncloa; uno de los muñidores del pacto con Pablo Iglesias tras la repetición electoral de noviembre de 2019… mano derecha, brazo ejecutor, confidente… Tan confidente que, después de cesarlo como ministro, Sánchez lo recuperó para las listas a las generales de 2023.

Y luego están las consecuencias políticas. Como cuenta El Debate este miércoles, si Ábalos duerme en la cárcel a partir de este jueves, el Gobierno perderá cualquier opción de mayoría. De las pocas que ya tiene de por sí después de que Junts se bajara del barco a principios de noviembre.

«¿Qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana? A usted no le preocupa que decaiga el techo de gasto, eso es lo de menos. Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos», le recriminó Alberto Núñez Feijóo a Sánchez durante la sesión de control. Porque además de la vistilla de Ábalos y también de Koldo García, este jueves el Pleno del Congreso votará, y tumbará, la senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada.

Como a perro flaco todo son pulgas, mientras los miembros del Gobierno se batían el cobre contra la oposición en el Congreso, un segundo juez movía ficha. En este caso, el que instruye el caso Leire Díez, que este miércoles citó a declarar como testigos el próximo 2 de febrero a Santos Cerdán y al que fuera director adjunto del Gabinete de Sánchez, Antonio Hernando, el nexo que conecta la cloaca con la Moncloa.