Por qué Ábalos se enfrenta a 24 años de prisión: del dinero negro a las prostitutas

El pasado 27 de noviembre, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos comparecía en la Sala Penal del Tribunal Supremo ante el magistrado Leopoldo Puente. Horas después, llegaba a Soto del Real, junto a su ex asesor, Koldo García. El juez instructor del caso PSOE decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza, como pedía la Fiscalía Anticorrupción —que reclamaba para él 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada—.

El Ministerio Público consideraba «especialmente sensibles» tres aspectos por los que se incrementaba el riesgo de fuga: la existencia de un inmueble en la ciudad peruana de Chimbote a su nombre, como reveló El Debate; la actividad en varios países de Hispanoamérica de su ONG, Fiadelso que, según la Guardia Civil, fue empleada para ocultar presuntos cobros de mordidas de la trama, y los flujos de dinero que el exministro recibió desde Colombia procedentes de una empresa a nombre de su hijo.

Junto a Ábalos, el Ministerio Público reclama 17 años y seis meses de prisión para su exasesor, Koldo García, quien funcionaba «alter ego» que desarrolló «un buen número de tareas de muy diversa índole». En el escrito de acusación preliminar, se decía que «tanto en el propio MITMA como en el seno de otras Administraciones Públicas se sobreentendía» que se trataba del «fiel transmisor de las decisiones y los deseos de José Luis Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor».

Junto con el principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama, —para quien también Anticorrupción pide siete años de cárcel—, el documento detalla cómo Koldo «manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos», que en ocasiones «se confundían» con los propios. Fue en estas «relaciones personales» donde el Ministerio Público señala una oportunidad de «obtener un común beneficio económico», aprovechando «el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista». Los tres adquirirían roles diferentes, siendo el extitular de Transportes quien empleaba su «directa influencia cuando era precisa, aprovechándose en lo demás de los oficios de su hombre de confianza, Koldo García», así como la «autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el MITMA».

Esta organización acordó «la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueron presentando», con una —señala Anticorrupción— «innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas» que se «debilitó con la salida de Ábalos» y Koldo del Ministerio de Transportes.

Pisos y enchufes

El 24 de abril de 2019, Aldama y Ábalos sellaron su alianza con «un contrato de arrendamiento con opción de compra, que expiraba el 14 de febrero» de un piso en propiedad del empresario en el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid. Establecieron una renta anual de 30.000 euros, a descontar de los 750.000 euros del precio fijado —muy por debajo del mercado— para la adquisición que el ministro de Transportes nunca finalizó —y, por ende, nunca pagó—.

Según la Fiscalía, este contrato «encubría como negocio jurídico real una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones —ilegales, desde luego— de tal manera que mientras subsistía la obligación el acreedor mantenía la propiedad fiduciaria de la cosa (en este caso la ventajosa opción de compra) y una vez extinguida la deuda (el pago de las comisiones), se hacía exigible su obligación de restituir la propiedad».

Mientras el trinomio llevaba a cabo sus corruptelas, Aldama pagó a Koldo García unos 10.000 euros mensuales en efectivo, al menos, entre octubre de 2019 y julio de 2022. En algunas ocasiones, estos se ejecutaron «en presencia de José Luis Ábalos», ya que la cuantía estaba destinada para el reparto entre ambos.

En el auto del magistrado del Supremo, también consta que Aldama se hizo cargo de otros gastos, como el piso ubicado en Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, la por entonces pareja sentimental del exministro.

Haciendo valer su cargo de ministro de Fomento, promovió su contratación en dos empresas dependientes de la cartera. En febrero de 2019, Koldo contactó con Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF y Alta Velocidad, antes «adscritos» al Departamento de Fomento, para que la ex amante de Ábalos fuera contratada en Ineco. Y así fue, entre el 1 de marzo de dicho año y el 28 de febrero de 2021, llevando a cabo labores administrativas para un proyecto de Adif «sin que hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que acudiera un solo día a su centro de trabajo», ni tampoco de forma telemática.

Tras cobrar 34.477,86 euros, repitieron la operación, esta vez, por Tragsatec. Esta «relación laboral» comenzó apenas dos días después de finalizar su vinculación con Ineco, alargándose durante seis meses y recibiendo una retribución de 9.500,54 euros. De la misma forma, allí desempeñó funciones administrativas, asignada a la Presidencia.

Rescate de Air Europa

Por aquel entonces, Aldama era asesor de Air Europa. «Sirviéndose de su asesor», el TS defiende que Ábalos «pudo promover por encargo» del empresario la publicación de una nota de prensa el 8 de agosto de 2020 por parte del Ministerio de Transportes. En ella se defendía el rescate con dinero público de la aerolínea. A cambio, el extitular de la cartera «podría haber obtenido el gratuito disfrute de un chalet vacaciones en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la esposa de don Koldo García». «Fue satisfecha en la cantidad de 1.800 euros desde una cuenta titulada por la esposa de Don Koldo, y los 8.000 euros», con un dinero que «procedería del propio Sr. de Aldama o de la empresa cuyos intereses este representaba», apunta el auto, y se habría entregado «como gratificación a cambio de la publicación de dicha nota de prensa».

Un procedimiento similar se repitió con otras operaciones de la empresa de hidrocarburos Villafuel, a cambio del uso del chalet «La Alcaidesa», en Cadiz, o «gestiones» para el fraccionamiento de una deuda con Hacienda de la empresa de Aldama, y certificados de movilidad para evitar las restricciones de la pandemia.

Dinero en efectivo del PSOE

A esta corruptela del que fuera el principal hombre de confianza de Pedro Sánchez en el PSOE se le suma el cobro en efectivo de «al menos 95.437,33 euros» del partido. Este mes de noviembre, el magistrado Moreno abría una pieza separada sobre estos pagos, después de que lo pidiera el juez del Tribunal Supremo.

El dispendio se destinó principalmente a su familia y las varias mujeres con las que tuvo relación: su hijo Carlos (18.078 euros), su hija Tatiana (602), su exmujer Carolina Perles (10.635 euros), a sus exparejas Jéssica Rodríguez (6.887) y Andrea (2.953), a una mujer llamada Rosa (3.337), que fuentes policiales identifican con la asistenta que trabajaba en el domicilio del exnúmero tres del PSOE, a la fundación Fiadelso (18.706), a la sede en Perú de dicha entidad (5.808) y a otros gastos personales (20.799 euros).

El PSOE justificó con imágenes y conversaciones que figuran en la causa las cantidades otorgadas a Ábalos. Sin embargo, la UCO determina que existen pagos en efectivo de los que no consta «respaldo documental ni información alguna sobre este particular».

El exministro trató de defenderse alegando que se tratara de sobresueldos y que se trataba del reembolso de gastos anticipados, una operación habitual en el partido. «Obviamente no es un sobresueldo, es una fantasía, una campaña para intentar hacer una Gürtel del PSOE con comisiones ilegales que luego revertían en sobresueldos. No hay nada de eso», aseveraba.

«Soy feminista porque soy socialista»

A la investigación por estos delitos, a Ábalos se le conocieron varias relaciones extramatrimoniales que se beneficiaron de su influencia. Lejos de aquel «soy feminista porque soy socialista» las grabaciones de Koldo incautadas por la UCO recogía frases como «la Carlota se enrolla que te cagas» o «Ariadna está bien, está perfecta».

Además de Jésica Rodríguez, la que fuera Miss Asturias en 2017, Claudia Montes fue contratada por la empresa pública Logirail —dependiente del Ministerio de Transportes— y trabajó allí entre 2019 y 2022. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Montes aseveró que el extitular de Transportes le reconoció que «Pedro Sánchez lo sabía todo».

Junto a ellas, Andrea de la Torre. La UCO accedió a unos mensajes en los que Koldo admitía haber gestionado un préstamo de 130.000 euros para ella con «alguna entidad financiera». Según las pesquisas, de la Torre adquirió dos inmuebles por un valor de 125.000 euros apenas cinco meses después. Fue vista en Soto del Real la misma noche que Ábalos ingresaba en la prisión.

Otra de sus amigas, Anaís D.G. —descrita por ella misma como modelo para redes sociales y que había protagonizado contenido para adultos bajo pseudónimo— entró en escena cuando se ordenó el registro del piso del exdirigente socialista en Valencia el pasado 10 de junio. El Instituto Armado señalaba al Supremo que trató de ocultar un «disco duro azul» en su pantalón.