La indignación de las familias aumenta la presión para que haya ceses en el Ministerio de Transportes

El ministro de Transportes salvó este jueves la primera de las bolas de partido a las que se enfrenta después de que los maquinistas de Rodalies llegaran a un acuerdo con Adif y Renfe para restablecer el servicio; después de que el gestor revise cada palmo de vía de la red de cercanías catalana. El objetivo de Óscar Puente es convencer también al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios para que desconvoque la huelga anunciada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Para ello, ayer siguió entrenando su tono más conciliador en diversas entrevistas en radio y televisión, en las que continuó sin reconocer que la hipótesis de un fallo en la vía es la principal. Lo es desde el lunes, en realidad.

El Ministerio de Transportes es una olla a presión. En el Gobierno van asumiendo que no podrán superar esta crisis sin que se produzca algún cese, aunque Pedro Sánchez intentará que no sea el del ministro, sino la de cargos intermedios. «Tengo la conciencia tranquila conmigo. Hago lo máximo que puedo y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen. Y si ha habido algún fallo lo examinaremos. Las responsabilidades, pues las que sean necesarias. Pero no estoy en eso. Estoy fundamentalmente en ofrecerle la verdad a las familias y en obtenerla también para aprender», afirmó este jueves Puente en COPE. Y sobre su posible dimisión: «Salí el domingo a las ocho y pico de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalies (el martes por la noche) con la misma ropa con la que me fui a Córdoba… no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo. Ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí».

La última cabeza de un ministro que entregó el presidente fue la de Arantxa González Laya, responsable de Exteriores hasta el verano de 2021. Y no se la entregó a la oposición ni a la opinión pública, sino a Mohamed VI: González Laya fue ministra la que desencadenó la crisis con Marruecos de aquel año al aceptar -con conocimiento del presidente- que el líder del Frente Polisario fuera tratado a escondidas de su cáncer en un hospital de Logroño.

El homenaje de Estado del día 31

Hay una fecha en el calendario que lo condiciona todo: la del 31 de enero. Ese sábado por la mañana tendrá lugar en Huelva el homenaje de Estado por las 45 víctimas mortales del descarrilamiento del Iryo. Los familiares de varias de ellas han venido expresando su indignación en los medios de comunicación estos días. Quieren que los culpables paguen y señalan directamente al Ejecutivo de Sánchez por el estado de la infraestructura. Este jueves, el abuelo de la niña de seis años que ha perdido a sus padres, a su hermano y a su primo estalló en Telecinco: «Yo siento que mis hijos no han muerto. A mis hijos los han asesinado, los ha asesinado el Gobierno por falta de mantenimiento», sollozó.

En el Gobierno tienen miedo de que el homenaje de la próxima semana derive en una situación parecida a la que vivió el entonces presidente Carlos Mazón en el homenaje del pasado 29 de octubre en Valencia, en el primer aniversario de la dana. Fueron los insultos de los familiares que Mazón recibió aquel día lo que acabó empujándole a dar un paso que había estado postergando doce meses, el de su dimisión.

De momento, la Moncloa no ha dado muchos detalles, pero sí ha confirmado a través de una breve nota que al acto serán invitadas «las principales autoridades del Estado» y, también, «familiares de las víctimas mortales del accidente». La nota no habla de los heridos.

El argumentario de la Moncloa

La cuestión es si para entonces ya se habrá producido alguna destitución en el Ministerio o el Gobierno seguirá intentando ganar tiempo, tratando de desmentir que la falta de mantenimiento sea el origen del fatídico accidente de Adamuz. El Ejecutivo envió ayer a la prensa un argumentario de 32 páginas, titulado El accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España. Datos, no relatos. En él, el Gobierno sostiene que ha aumentado «sustancialmente» la inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad: «Si entre 2012 y 2018 se destinaron, en promedio, 250 millones de euros anuales, entre 2018 y 2025 se han invertido en promedio cerca de 350 millones de euros al año, un 40 % más». También, que el gasto en mantenimiento por kilómetro ha pasado de 45.000 euros cuando llegó Sánchez a más de 71.000 en 2025.

El documento no decía nada de la carta de advertencia que el sindicato mayoritario envió en agosto a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Ni tampoco de la discusión que Puente mantuvo con un senador del PP por Córdoba en octubre sobre esas alertas de los profesionales, como contó El Debate el jueves.

Poco después de que la Moncloa pusiese en circulación ese documento, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, compareció para anunciar la petición de su grupo de una comparecencia urgente de Sánchez en un Pleno extraordinario, además de las de Puente y el presidente de Adif. Vox, que ya había dado el paso de pedir comparecencias parlamentarias dos días antes, este jueves directamente presentó una querella criminal en el Juzgado de Instrucción de Montoro contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el presidente actual, Marco de la Peña. Además, la Guardia Civil finalizó la inspección y entregó un atestado a la jueza. En paralelo a las responsabilidades políticas discurre la instrucción judicial.