La Constitución permanece firme frente a los incesantes ataques de la izquierda radical y el separatismo

El pasado viernes 21 de noviembre, Felipe VI reivindicó y defendió la Constitución de 1978 en el acto del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía. El Rey afirmó que la Carta Magna es «el mejor legado de la generación» que llevó a cabo la Transición, ya que «consagró nuestra Monarquía Parlamentaria y articuló un sistema democrático plural y estable». Además, resaltó que la Corona está «comprometida con el servicio a la nación, que fundamenta en ese compromiso su razón de ser, respetuosa y defensora de nuestra Constitución democrática y sabedora de que la confianza democrática se sostiene sobre la ejemplaridad».

Así las cosas, la Carta Magna se mantiene firme, a pesar de que dirigentes tanto de la izquierda radical como independentistas –la gran mayoría de ellos miembros del bloque 'Frankenstein', que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez– no paran de atacarla. De hecho, Sumar, Podemos y los socios nacionalistas y secesionistas del Ejecutivo –ERC, Junts, Bildu, PNV y el BNG– rehusaron el viernes asistir al acto presidido por Felipe VI porque rechazan la Monarquía y sostienen que Juan Carlos I accedió a la Jefatura del Estado por decisión de Francisco Franco.

Tras la crisis de 2008 y la llegada de los partidos que se presentaban bajo el lema de 'la nueva política', Podemos –formación que en 2016 logró 71 escaños en el Congreso– y su entonces líder, Pablo Iglesias, empezaron a utilizar el término «régimen del 78» para referirse al sistema democrático surgido tras la Constitución. Esta expresión peyorativa para la Carta Magna se ha mantenido en la extrema izquierda y las formaciones separatistas. Por ejemplo, el pasado mes de julio se reunieron en Vitoria la dirigente 'morada' Ione Belarra y el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi –condenado judicialmente por pertenecer a ETA– y manifestaron «la necesidad de abrir un nuevo ciclo político y en superar el régimen del 78». «Hay que avanzar en la conquista de derechos nacionales y sociales, y en la regeneración democrática», señalaron.

Ese mismo mes, Otegi le espetó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «sabéis de sobra que por Euskal Herria no pasaréis; dijimos no a la Constitución, dijimos no a la OTAN y dijimos siempre sí al antifascismo rojo, republicano y de los pueblos». Al poco tiempo, en septiembre, subrayó que «en la república vasca de Bildu va a haber policía». «Y una cosa es tener la aspiración utópica de construir sociedades socialistas en las que no haya cárceles ni policías, que está bien, pero desde nuestro punto de vista en la república vasca va a haber policía. Lo que queremos definir es qué república vasca y qué modelo policial tanto en Navarra como en los tres territorios queremos tener», añadió en referencia a la independencia del País Vasco, un objetivo que es contrario al artículo 2 de la Constitución.

En este contexto, Bildu, Junts, ERC, el BNG y la CUP suscribieron hace cuatro años un documento conjunto en el que exigían al Gobierno de Sánchez una reforma total de la Carta Magna ya que actualmente es «un instrumento que impide dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática de los pueblos». El texto indicaba que «somos naciones y queremos decidir democráticamente nuestro futuro».

En cuanto a Junts, la formación que preside el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, sus diputados en el Congreso juraron la Constitución esta legislatura por «imperativo legal» y por «el mandato del 1 de octubre y comprometido con la defensa de los represaliados y exiliados». Por su parte, los representantes de ERC accedieron a su condición de diputados prometiendo también «por imperativo legal» y hasta «consecución de la república catalana», fines anticonstitucionales.

Además, el Anuario del Instituto Cervantes –ente encabezado por el izquierdista Luis García Montero– ‘El español en el mundo’ de este 2025 asegura que la Constitución «nació con un déficit democrático», que «carece de plena legitimidad democrática» y que es un texto «patriarcal».

Igualmente, en los últimos tiempos la izquierda radical ha arremetido con dureza contra la Monarquía. Tras el vídeo que difundió a principios de diciembre Juan Carlos I, Belarra dijo que estaba «muy agradecida» al Rey porque así más gente se da cuenta de que la Monarquía «es la heredera política» del franquismo. «Creo que cuanto más hable, menos apoyo va a tener su hijo y mejor para los objetivos republicanos que tenemos muchas de nosotras, mejor para las libertades y mejor para los derechos de este país», dijo. Desde Sumar, el diputado Nahuel González señaló que Juan Carlos I tiene un «desgaste ya de un nivel inconcebible» y que cada vez habla hace «daño a su imagen y a la de la Corona», que está «completamente desgastada».

De la misma forma, el 20 de noviembre el prófugo Puuigdemont escribió en sus redes «la imposición de una monarquía (sic) decidida por Franco simulando que era la voluntad popular, y el pacto entre la mayoría de fuerzas antifranquistas y el régimen franquista como si fuera reconciliación cuando, en realidad, era para no alterar las bases del poder español». «Cinco décadas después, la monarquía española sigue siendo un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestras naciones como las mayorías sociales del Estado anhelan», dijeron ese día por su parte Bildu, ERC y BNG en un comunicado, en el que exigían romper con la Corona.

Estos ataques se producen cuando la Constitución recoge claramente que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica», dictamina por su parte el artículo 57, mencionando de forma expresa al padre de Felipe VI.

De esta forma, a pesar de las constantes arremetidas de gran parte de los socios de Sánchez contra la Carta Magna, la Constitución se mantiene firme como la «ley suprema» de España, que –tal y como la define el Diccionario panhispánico del español jurídico– «regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos; ostenta una posición de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella establecidos».