La Fiscalía admite a trámite la denuncia de dos trabajadores de Vox contra Revuelta

La Fiscalía ha aceptado este martes la denuncia que presentaron dos trabajadores de Vox y exmiembros de Revuelta, Arturo Villarroya y Javier Esteban, contra esta asociación juvenil, por «presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados». Según han trasladado fuentes conocedoras a El Debate, interpusieron dicha denuncia por la exigencia de Vox de ser transparentes como trabajadores del partido a la hora de colaborar con otras asociaciones. Era esa «total transparencia» la condición para poder seguir formando parte del partido de Santiago Abascal.

Este fin de semana, la asociación Revuelta, que se dio a conocer a raíz de las protestas convocadas en Ferraz y en otras partes de España contra el PSOE y Pedro Sánchez en el marco de las negociaciones sobre la amnistía en 2023, se ha visto envuelta en una polémica después de que varios ahora exdirigentes o exmiembros publicaran en redes sociales comunicados denunciando una supuesta falta de transparencia y poniendo en cuestión las cuentas de la organización que preside Jaime Hernández, que, a su vez, en otro comunicado, ha tildado de falsas todas las acusaciones y lo ha achacado a un intento de «erosionar la credibilidad» de Revuelta para «destruir lo que no pueden controlar».

En el comunicado que, por ejemplo, publicó en sus redes sociales Villarroya, uno de los denunciantes y exvicepresidente de la organización, acusa a Hernández y a personas de su entorno –de los que dice que para constituir esta asociación se basaron en otra que ya existía, Asoma, como un «trámite provisional» pero que luego, según señala, no se hizo el cambio– de haber «acaparado todo el poder de decisión con absoluta opacidad hacia el resto de miembros» de la dirección, así como de haber «arrastrado a Revuelta de manera progresiva y deliberada hacia un distanciamiento político y personal contra Vox por intereses personales».

Indica que él y el otro denunciante, Javier Esteban, solicitaron «acceso a movimientos de cuentas, conocer el destino de los fondos recaudados para la DANA, presentación de impuestos» entre otras cosas y que «la respuesta fue el silencio», ante lo que tomaron la decisión, explica en el comunicado, de dimitir y llevarlo a la Fiscalía.

Por su parte, Revuelta ha trasladado que «ha sido objeto de intentos de injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a Vox» para «apropiarse de la organización» e influir en sus decisiones, y al no poder, ha apuntado, «algunas de esas personas han optado por difundir acusaciones públicas inciertas destinadas a intentar erosionar nuestra credibilidad, por orden de los de arriba». «La negativa de Revuelta a entregar documentación confidencial para ser utilizada por estructuras partidistas», ha respondido respecto a las acusaciones de falta de transparencia, y ha defendido su limpieza, asegurando que está en marcha una auditoría para que se vea dónde ha ido el dinero.

Vox señala que Revuelta «no está integrada» en el partido

Desde su aparición, ante quienes los han relacionado indicando que Revuelta vendría a ser las juventudes de Vox, el partido ha señalado que no lo crea él ni es un satélite de este, aunque comparten objetivos y planteamientos y la formación ha venido secundando todas las convocatorias hasta ahora. Preguntada esta mañana en rueda de prensa sobre esta polémica, la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, ha desvinculado a Vox de todo ello: «Yo no puedo comentar las vicisitudes internas de una organización que no se encuentra en Vox. Las personas que estén allí sabrán lo que tienen que hacer, pero yo no tengo elementos para valorar las desavenencias o las vicisitudes de una organización que no está integrada en Vox», ha subrayado.

Denuncia ante el órgano competente

Según ha podido saber este periódico, el partido ha presentado este mismo martes una denuncia contra Revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el órgano donde se puede denunciar si se tiene conocimiento de presuntas irregularidades. En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Debate, recalca Vox que, promovida en 2023 por varios afiliados, Revuelta surgió como «una iniciativa de jóvenes del partido pero al margen del partido, no orgánica, sin dependencia jerárquica ni participación en la estructura, con plena autonomía económica». Los fundadores eran Jaime Hernández Zúñiga (presidente), Arturo Villarroya González (vicepresidente), Pablo González Gasca (secretario) y Santiago Aneiros y Javier Esteban Bejarano (vocales), en ese momento afiliados y trabajadores de Vox.

Señala el partido que desconocía que sus promotores no habían constituido una asociación con ese nombre, «sino que actuaban, bajo la apariencia o con la pantalla de una entidad denominada Asociación Social de Mayores» (Asoma). E indica que esta «ha sido utilizada como cobertura legal» de la plataforma Revuelta y que los cuotas se pagan a dicha entidad. «Asoma como asociación y Revuelta como apariencia han sido dirigidas de forma personalísima por Jaime Hernández, quien a su vez disponía del control de Picaporte, sociedad mercantil, que al parecer dispone de un vehículo comprado con dinero de las aportaciones a Revuelta, según informan los dos vocales de la Junta Directiva», expresa Vox en el texto.

En la denuncia recoge que esta organización ha captado «cientos de miles de euros por parte de terceros de cuantiosas ayudas para las víctimas o afectados de la dana», sin tener información sobre las cifras concretas y que, año después, «se sigue disponiendo de mucho dinero en la cuentas corrientes pero sin haber sido destinado a su finalidad; de forma que decenas, cientos o miles de aportantes han sido engañados», ahonda el partido, que dice desconocer si se han pagado los impuestos debidos «pues se realizan actividades mercantiles (venta de artículos) con la marca Revuelta» o qué se hace con los ingresos en efectivo.

Siempre según la demanda, los dos exmiembros de Revuelta y trabajadores de Vox pidieron información y documentación y Hernández, que trabajó en el partido hasta 2024, se negó a dársela y registró a su nombre la marca de Revuelta.