Bolaños hace un quiebro para eludir la gran pregunta del resto de la legislatura: «¿Habrá referéndum?»

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso del año, que además también será la única hasta el 11 de febrero, mostró una bancada azul menguada. La vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra Pilar Alegría, dos de las señaladas por el caso Salazar, no estuvieron, como tampoco otros cinco ministros. La vicepresidenta Yolanda Díaz asistió un miércoles más como convidado de piedra, puesto que no tenía preguntas de la oposición (sí una interpelación al término, que le hizo la portavoz del PP, Ester Muñoz).

Pedro Sánchez se marchó raudo en cuanto respondió -a su manera- a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián. Y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo le tocó un papel de lo más difícil, precisamente la mañana en que El Debate desveló las denuncias por acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé. Denuncias después confirmadas por el partido, que también calló en Galicia.

La corrupción y el escándalo de los casos de acoso en el PSOE protagonizaron una sesión dura, en la que Feijóo recriminó a Sánchez que lo que sabe de feminismo lo aprendió «en los prostíbulos de su suegro». Mientras el presidente trató de socializar su problema y el de su formación y convertirlo en «un problema estructural y sistémico».

La sesión de control sirvió como previa a las votaciones de este jueves, donde el Gobierno tendrá cal y arena. De todo. Junts tumbará por segunda vez, y definitiva, la senda de estabilidad del Ejecutivo, pero éste podrá sacar adelante los tres reales decretos leyes que somete a convalidación.

Esta vez la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no tenía pregunta al presidente. Pero la crisis entre Sánchez y los independentistas sobrevoló el hemiciclo, una semana después de que la propia Nogueras diera un portazo a Sánchez después de que éste intentara hacerse perdonar por Carles Puigdemont. El plan del presidente, según sus propias palabras, es «perseverar» con Junts, como contó El Debate el sábado. Pero, ¿ofreciendo qué?

Ahí precisamente quiso llegar la portavoz de Vox, Pepa Millán, que le hizo dos preguntas directas al ministro Félix Bolaños. «¿Habrá referéndum de autodeterminación también el año que viene? ¿Va a haber foto con Puigdemont el año que viene? Si eso no es así usted tiene la oportunidad de desmentirlo».

Pero el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no dijo nada, para mayor inquietud de la oposición. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Bolaños obvió las dos preguntas de Millán, referentes al alto precio que se intuye que tendrá que pagar el Gobierno por devolver a Junts a su redil. Por el contrario, el ministro habló de la «involución democrática» que suponen el PP y Vox, a los que calificó de «unidad de acción». Y criticó a los de Santiago Abascal por hablar de los barrios, porque según Bolaños no están legitimados. «Vox no puede nunca representar los intereses de las clases trabajadoras y las clases medias porque sistemáticamente votan en contra», argumentó.

El ministro acudió a la sesión de control con un único objetivo: pedirle al secretario general del PP, Miguel Tellado, que fije «día y hora», esta semana o la siguiente, para empezar a negociar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato vence el 17 de diciembre. Entre ellos, Cándido Conde-Pumpido.

Precisamente cuando el Gobierno se ha encomendado al TC para que revierta la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, como antes lo hizo con la de los cabecillas al procés.