«Sexo, edad y tipo de violencia»: el PP exige al Gobierno que amplíe las estadísticas sobre las violaciones

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) para exigir «la mejora de la información, difusión y estadísticas sobre ayudas a víctimas de violencia de género y violencia sexual y del acceso efectivo a las mismas». Uno de los principales objetivos de esta ofensiva del PP es que el Gobierno de Pedro Sánchez amplíe las estadísticas sobre las víctimas de violaciones y agresiones sexuales, y que –por ende– sean «transparentes y desagregadas por sexo, edad y tipo de violencia».

En el escrito, al que ha tenido acceso El Debate, se indica que «la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual establece un sistema público de ayudas destinado a las víctimas directas e indirectas de delitos violentos, con especial atención a los casos de violencia de género y violencias sexuales». Además, el PP señala que «los delitos susceptibles de generar estas ayudas públicas serán aquellos cuyo resultado sea la muerte, lesiones corporales graves o daños graves en la salud física o mental».

«Estas ayudas son incompatibles con la percepción de las indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas del delito que hayan sido reconocidas judicialmente. En consecuencia, se otorgan únicamente cuando el agresor ha sido declarado insolvente y la víctima no puede percibir la indemnización establecida por resolución judicial. En tales supuestos, el Estado se subroga de pleno derecho en los derechos de las víctimas o de sus beneficiarios contra el obligado civilmente por el hecho delictivo. Posteriormente, el Estado reclamará el importe de la ayuda concedida al obligado civilmente mediante el procedimiento administrativo de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación», añaden.

Así las cosas, desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo subrayan que «en materia de violencia de género, por ejemplo, los expedientes presentados y ayudas concedidas fueron los siguientes: en 2020, 36 solicitudes y diez ayudas concedidas; en 2021, 34 solicitudes y ocho ayudas; en 2022, 39 solicitudes y 12 ayudas; y en 2023, 27 solicitudes y cinco ayudas concedidas», mientras que «en cuanto a las víctimas de violencia sexual –sin limitarse exclusivamente a mujeres– los datos muestran una situación similar: en 2020 se registraron 85 solicitudes y cinco ayudas concedidas; en 2021, 68 solicitudes y tres ayudas; en 2022, 96 solicitudes y ocho ayudas; y en 2023, 103 solicitudes y 14 ayudas concedidas».

«Estos datos reflejan que la mayoría de las víctimas no acceden a las ayudas estatales en los casos de insolvencia de los agresores. Existe una baja proporción tanto de solicitudes como de ayudas efectivamente concedidas, lo que evidencia la necesidad de mejorar los procesos informativos y administrativos asociados. La indemnización reconocida judicialmente representa no solo un apoyo económico, sino también un acto de justicia y reconocimiento del daño sufrido. No obstante, muchas víctimas que se ven privadas de recibir dichas indemnizaciones renuncian a solicitar las ayudas previstas en esta Ley debido a la complejidad del procedimiento y a la ausencia de acompañamiento y asesoramiento adecuados», agregan.

En consecuencia, el PP pide que el Congreso inste al Gobierno a «elaborar estadísticas judiciales precisas sobre las víctimas de violencia sexual, desagregadas por sexo, y sobre las víctimas de violencia de género que no perciben la indemnización fijada por resolución judicial debido a la insolvencia de los agresores», y a «elaborar y publicar estadísticas periódicas, transparentes y desagregadas por sexo, edad y tipo de violencia, con indicación de las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 35/1995, las ayudas concedidas y los motivos de denegación, con el fin de evaluar y mejorar el sistema de ayudas a víctimas de delitos violentos».

Igualmente, los 'populares' solicitan al Ejecutivo tanto «mejorar los canales de información dirigidos a las víctimas, garantizando que conozcan sus derechos y los procedimientos para solicitar estas ayudas», como «simplificar los trámites administrativos y reforzar el acompañamiento y asesoramiento especializado, facilitando un acceso efectivo y equitativo a las ayudas públicas previstas en la Ley 35/1995».