Tras los casos de Leire y Jéssica el Gobierno deberá decir qué empresas públicas difunden sus plantillas

En el marco del caso PSOE, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que Jéssica Rodríguez, la joven que mantuvo una relación sentimental con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, disfrutó de una vivienda en la madrileña Plaza de España cuyo alquiler era asumido por la trama investigada. Además, estuvo contratada en las empresas públicas Tragsatec e Ineco, y admitió ante el Tribunal Supremo haber realizado «15 o 20 viajes oficiales» con Ábalos, quien era el que «siempre lo pagaba todo».

Las dos entidades estatales abonaron a Rodríguez 43.978 euros a Rodríguez por el tiempo que estuvo contratada sin trabajar. En abril de 2025, Ineco confirmó ante el Supremo que fue la empleada quien consignó «directamente» sus horas trabajadas utilizando sus claves personales.

Por su parte, Leire Díez, la militante del PSOE que presuntamente trabajaba para Santos Cerdán, fue arrestada el 10 de diciembre por presuntas irregularidades en contrataciones públicas en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario. Además, está imputada por haber intentado sobornar a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa con el fin de obtener información comprometedora de miembros del Ministerio Público y de la Fiscalía. Con anterioridad a su etapa de fontanera, Díez fue nombrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez responsable de comunicación de la empresa pública Enusa, función que desempeñó hasta 2021. Posteriormente, entre 2022 y 2023, desarrolló su labor profesional en Correos, donde llegó a asumir la Dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales.

En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó en diciembre una batería de preguntas, a la que ha tenido acceso El Debate, en la que relata que «el 20 de diciembre de 2023, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo».

«La Disposición adicional décima cuarta de dicho texto legal contenía el siguiente mandato: 1. Las entidades del sector público institucional estatal que no dispongan de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares estructurados u organizados mediante la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo del sector público. En este catálogo se identificarán los puestos, funciones o categorías que, de acuerdo con sus estructuras salariales, perciban complemento que retribuya el factor de incompatibilidad. 2. El catálogo de puestos de trabajo se elaborará en el plazo de un año desde la entrada en vigor del libro segundo de este real decreto-ley y para su confección se partirá de los efectivos existentes, incluido el personal directivo», añade el escrito de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo.

Así pues, el escrito recoge que «transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este texto de rango legal, es necesario comprobar el cumplimiento de sus mandatos por parte del Gobierno de España». En consecuencia, el PP pide al Ejecutivo que explique «¿qué entidades del sector público institucional estatal disponían ya, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2023?», y «¿qué entidades del sector público institucional estatal disponían ya, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2023 , de otros instrumentos organizativos similares?».

«¿Cuáles de estas últimas han adaptado su instrumento organizativo para incorporar la identificación de los puestos, funciones o categorías que, de acuerdo con sus estructuras salariales, perciban complemento de incompatibilidad? De entre las entidades del sector público institucional estatal que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2023, no disponían todavía de relaciones de puestos de trabajo ni de otros instrumentos organizativos similares, ¿cuáles han aprobado ya su catálogo de puestos de trabajo y cuáles tienen todavía pendiente dicha aprobación?», preguntan también los 'populares'.

La obligación del Reglamento

El Reglamento del Congreso señala que «las diputadas y los diputados podrán formular preguntas al Gobierno y a sus miembros», y que «la contestación por escrito a las preguntas deberá realizarse dentro de los veinte días siguientes a su publicación, pudiendo prorrogarse este plazo a petición motivada del Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Congreso, por otro plazo de hasta veinte días más».

«Si el Gobierno no enviara la contestación en dicho plazo, la Presidencia de la Cámara, a petición de quien haya realizado la pregunta, ordenará que se incluya en el orden del día de la siguiente sesión de la Comisión competente, donde recibirá el tratamiento de las preguntas orales, dándose cuenta de tal decisión al Gobierno», se añade.