El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
«Madrid-Barça» de okupación en el Senado: el PP lleva a Almeida y Collboni para que contrapongan sus modelos
El pasado mes de noviembre el PP en el Senado –Cámara en la que tiene mayoría absoluta– anunció que organizaría «sesiones monográficas sobre okupación en la Comisión de Vivienda». La portavoz parlamentaria de los 'populares', Alicia García, explicó que esta iniciativa se iba a realizar porque Pedro Sánchez «ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los okupas», mientras que «en el PP lo tenemos claro: al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta».
Igualmente, García resaltó que «también comparecerán alcaldes de las ciudades más golpeadas por la okupación», y que este mes de enero se desarrollaría «una jornada muy reveladora con un Madrid-Barça», en la que los alcaldes de Madrid y Barcelona –el 'popular' José Luis Martínez-Almeida y el socialista Jaume Collboni– «comparecerán el mismo día, mostrando dos modelos diferentes contra la okupación».
Así pues, el PP ha citado este miércoles 14 de enero a los primeros ediles de las dos ciudades más grandes de España a la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta. De esta manera, Almeida expondrá a las 12:00 horas las medidas que lleva a cabo su gobierno contra la okupación, mientras que justo después, a las 13:30 horas, Collboni hará lo propio.
En este contexto, el pasado lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó su plan estratégico e integral de vivienda ante –según relató– la escasez de oferta, los altos impuestos, la inseguridad jurídica y la okupación ilegal, la demanda concentrada en determinadas zonas y los salarios bajos. Dentro de ese paquete de medidas, el jefe de la oposición se comprometió a materializar una ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 24 horas y proteger la propiedad privada.
Los agentes denuncian estar «atados de pies y manos»
En la sesión del 22 de noviembre, en el marco de la iniciativa del PP, la Comisión de Vivienda del Senado escuchó a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a asociaciones de afectados por la okupación. La portavoz nacional de Justicia Policial (JUPOL), Laura García Pérez, denunció la falta de herramientas claras para los agentes y alertó de que «mientras buscamos nosotros respuestas, los delincuentes ya tienen derechos». Según explicó, los policías afrontan un «doble riesgo, físico y judicial», con una protección jurídica «prácticamente atados de pies y manos», lo que genera desmoralización y actuaciones desiguales por la ausencia de protocolos claros y homogéneos.
García Pérez reclamó cambios legislativos «muy sencillos», como convertir la okupación en delito grave. «La propiedad y la seguridad no es una postura política, es una obligación constitucional», subrayó, apelando a la necesidad de proteger de forma real a las víctimas y garantizar la seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a agentes.
Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Diego Madrazo, ilustró la situación con un casos real: el de mafias que convierten edificios vacíos en un negocio ilegal. «Hemos construido sin quererlo un sistema que actúa con más energía donde no debería y con menos donde más falta hace», afirmó, reclamando un marco en el que «el Estado llegue antes que el miedo», con herramientas claras para perseguir al delincuente, proteger al propietario y atender al vulnerable.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, pidió ayuda a todos los partidos y denunció una «campaña de criminalización» contra pequeños propietarios: «No somos bancos. El 98 % de nuestros afectados tienen una única vivienda». Bravo criticó la falta de debate parlamentario y el «abandono institucional», exigió la derogación del llamado escudo social y defendió que no se puede legislar «considerando que todos son vulnerables». «Somos víctimas, somos familias trabajadoras», afirmó, advirtiendo de las graves consecuencias económicas y personales que sufren los afectados y concluyendo con un llamamiento a «la unión de los demócratas» para dar una solución real al problema de la okupación.