La Audiencia Nacional autorizó medidas del Estatuto de la Víctima para la declaración de la doctora Elisa Pinto

La semana judicial arrancaba, este lunes, con la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, doce años después, contra el empresario Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el socio de éste, Rafael Redondo, acusados por un presunto delito de cohecho. López Madrid era el primero en declarar, a petición propia, en una comparecencia en la que negó haber contratado al ex policía para acosar y hostigar a la doctora Elena Pinto a la que, a petición de la acusación popular, se le autorizó la aplicación de medidas de protección contenidas en el Estatuto de la Víctima, previas a su turno como testigo.

Según ha podido saber El Debate, el día en el que la dermatóloga estaba citada por el tribunal, el jefe de seguridad de la AN estaba esperando a Pinto para acompañarla a una sala propia en la que se evitó que tuviese que esperar con el resto de testigos, y con los encausados. Un espacio en el que permaneció en compañía de una única persona, la ex abogada de la asociación Clara Campoamor, personada en el asunto penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, por la agresión con lesiones sufrida por la doctora, presuntamente, a manos de Villarejo, por encargo de López Madrid.

Ya una vez ante los magistrados encargados del asunto, la letrada Ana Blanco, al frente de la dirección jurídica de la acusación popular, solicitó a la Presidencia que se requiriese al comisario Villarejo para que abandonase el estrado que ocupa, a diario, en las sesiones orales, para evitar que el acusado entrase en el campo visual de Elisa Pinto. Una petición que, sin embargo, no tuvo recorrido ya que, como explicó la magistrada Palacios, no había cobertura normativa para «obligar» al ex policía a moverse, pues su condición de abogado le habilita a permanecer en dicha ubicación.

Visiblemente afectada, la dermatóloga contestó a las preguntas de las partes, reconociendo cómo la primera visita de López Madrid y Redondo (el socio de Villarejo que se presentó como abogado del primero) en su consulta, en 2013, fue «desagradable», le causó «miedo» y, desde ese momento, inició un calvario en el que se «sintió amenazada» por los hombres, aunque por aquel entonces todavía no había presentado «ninguna denuncia» contra el primero de ellos, yerno de Villar Mir.

Cabe recordar que el asunto que se dirime en la AN, en este momento, es la acusación de cohecho, pago de precio por encargo, que pesa sobre los tres procesados. La doctora Pinto viene denunciando, como ella misma confirmaba en sede judicial, que en una llamada recibida de López Madrid, el empresario le habría reconocido que recurrió a los servicios de Villarejo porque «era experto en hacer coartadas» y porque podía «ayudarle a hundir cualquier denuncia» contra él, por las presuntas amenazas que la doctora estaba recibiendo a través de diferentes vías de «comunicación» –llamadas, mensajes de Whatsapp o visitas en su domicilio y/o lugar de trabajo– que eran indeseadas.

Un extremo que tanto López Madrid, ex consejero de OHL, como Villarejo negaron rotundamente. De hecho, en su intervención del lunes, el empresario relató cómo el contacto entre ambos se produjo por recomendación de un amigo en común, ante la desesperación del empresario por las continuas llamadas que aseguró haber recibido tanto él, como su mujer, sus hijos y sus amigos, en las que le atribuían diferentes infidelidades con el objetivo de «destrozarle la vida».