Sánchez solventa el ataque de celos del PNV con cinco traspasos más y continúa la venta del Estado al peso

Los acreedores, también en política, tienen una extraña costumbre: siempre quieren cobrar las deudas. Y el presidente del Gobierno se ha endeudado hasta la mandíbula en el tiempo que lleva en la Moncloa, que ya va para ocho años. Con Junts, con ERC, con Bildu, con el BNG, con Coalición Canaria y también con el PNV, el partido que decantó la balanza a su favor en la moción de censura de 2018.

Ahora, con Pedro Sánchez más necesitado de sus socios que nunca, más débil política y orgánicamente, y con la legislatura mortecina, los cobradores han hecho fila para recibir lo que les fue prometido. El presidente comenzó el año apaciguando a ERC, con esa reforma del modelo de financiación autonómico rechazada por todas menos Cataluña, y ha seguido por los de Aitor Esteban.

Este viernes, el ministro de Política Territorial y la consejera de Gobernanza y portavoz del Gobierno vasco sellaron la reconciliación con un ramo no de flores, sino de cinco traspasos de competencias: las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social (ambas serán efectivas desde el 1 de enero de 2027), Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.

La oposición denuncia que esta cesión rompe la caja única de la Seguridad Social, algo que Ángel Víctor Torres negó taxativamente; con la misma convicción con que María Jesús Montero negó el viernes pasado que su propuesta de modelo de financiación quiebre los principios de solidaridad interterritorial y de igualdad, al privilegiar a Cataluña.

«El Gobierno de España cumple lo que firma», se felicitó el ministro de Política Territorial durante una comparecencia ante la prensa. Torres también mostró la «predisposición» del Ejecutivo de Sánchez, siempre, a llegar a acuerdos que hagan «avanzar en el autogobierno», para los que fijó como límites la Constitución y los estatutos de autonomía. También destacó la «magnífica relación» con el Gobierno del lendakari Imanol Pradales y el trabajo de la consejera María Ubarretxena y del resto.

El Gobierno central tiene prisa por pasar página y dar por normalizada la relación con los nacionalistas vascos, después de varias semanas de advertencias por parte del PNV, que amagó con dar a Sánchez un escarmiento. Ello se debió a que la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de este viernes debía haberse celebrado a finales de diciembre, pero se pospuso hasta este 16 de enero por diferencias entre ambos ejecutivos en la materialización de los traspasos acordados el mes de julio anterior. «Si no cumplen, no nos vamos a quedar de brazos cruzados», avisó Esteban.

Lo que tenía el PNV era, en realidad, un ataque de celos respecto a otros socios de la mayoría de investidura. En diciembre, los nacionalistas vascos vieron cómo Sánchez se arrodillaba (en sentido figurado) ante Carles Puigdemont para reconocer sus «incumplimientos», pedirle disculpas y otra oportunidad. También vieron cómo el presidente dejó que Bildu se colgara la medalla de la prórroga de las medidas del llamado «escudo social» y, entre ellas, la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables. Y, ya en enero, vieron cómo, el jueves de la semana pasada, Junqueras salía de la Moncloa con un modelo de financiación que daría a Cataluña (en condicional, porque queda un largo trámite) 4.700 millones de euros más. Y que respetaría el principio de ordinalidad para ella.

El PNV se ha felicitado por el acuerdo alcanzado, pero también ha avisado de que quedan otras transferencias pendientes de materializar. Nunca es bastante. El próximo jueves, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, se reunirá con el presidente en la Moncloa dentro de la ronda de contacto de éste sobre la política exterior y de defensa. Y allí seguro que hablan de Presupuestos y otros asuntos domésticos.