García Ortiz insiste en su inocencia atacando al Supremo y recurriendo a la «falta de imparcialidad» de varios magistrados

El ex fiscal general del Estado, rehabilitado en el ejercicio profesional por su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, pese a haber sido condenado en firme por el Supremo, como único autor responsable de un delito de revelación de datos reservados, insiste en defender su inocencia atacando a varios de los magistrados del Alto Tribunal que firmaron su sentencia.

En concreto, Álvaro García Ortiz sostiene que se produjo una indefensión manifiesta en la causa, entre otras cuestiones, porque el Supremo rechazó investigar al presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y a otros dos de los jueces que le acompañaron, por su participación en unas jornadas del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), mientras éste era acusación popular del procedimiento, y las manifestaciones vertidas durante el desarrollo de las mismas.

La realidad es que se trataba de un curso en el que tanto Arrieta, como otros magistrados, ya habían participado en otras ediciones, pero el evento formativo ha sido expuesto por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, en el incidente de nulidad con el que aspira a agotar el trámite previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional, como adelantaba el Ministerio Público hace unos días.

Así las cosas, en el escrito que ha podido consultar El Debate, la Abogacía afea a los magistrados su interpretación «incongruente» de los hechos recogidos en la sentencia que condenó a García Ortiz y les señala por su «mutación» de lo ocurrido, al incorporar como una de las pruebas del delito el contenido de la nota de prensa en la que la Fiscalía incluyó frases literales del mail del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que había sido descartada en fase de instrucción al entender el magistrado Ángel Hurtado que el comunicado no contenía «aparentemente» ningún dato «indebidamente revelada», por cuanto todos había sido recogidos, con carácter previo, en varios medios de comunicación.

Los letrados públicos entienden que esta cuestión no es menor por cuanto, según su criterio, pudo lesionar el derecho fundamental de García Ortiz a ser informado de la acusación que pesaba sobre él, generando indefensión, lo que opera como una «incongruencia constitucionalmente relevante».

”El rigor, atino o fortuna técnico-jurídica en la redacción de las sucesivas resoluciones judiciales que delimiten el objeto del proceso no es una cuestión baladí, pues determinará, condicionará y definirá la estrategia de defensa que se desplegará en el acto de juicio oral. Esta estrategia de defensa ha quedado anulada o por lo menos altamente menguada, generando, por ello, un perjuicio irreparable, pues la indeterminación y fluctuación del núcleo fáctico de este proceso ha impedido a esta parte reaccionar de una manera efectiva", sostiene el escrito con el que la Abogacía aspira a anular la sentencia judicial impuesta en firme.