El Ejecutivo usa el decreto con ayudas a las víctimas de Adamuz y Gélida para elogiarse a sí mismo

El BOE publicó este miércoles el real decreto ley que aprobó el martes el Consejo de Ministros con 20 millones de euros en ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. En el primero murieron 45 personas y otras 123 resultaron heridas, según los datos oficiales. Entre el Iryo y el Alvia viajaban 527 pasajeros. En el segundo falleció un maquinista en prácticas y hubo además 41 heridos.

En la exposición de motivos de la norma, el Gobierno aprovecha para elogiarse a sí mismo por su despliegue de medios humanos y materiales y su rapidez de respuesta. A pesar de que los ocupantes del Alvia, que se llevó la peor parte del impacto, estuvieron una hora sin recibir asistencia médica porque nadie había reparado en su presencia. De hecho, fueron varios de los accidentados los que tuvieron que caminar hasta el Iryo para avisar a los servicios de emergencia. Y a pesar, también, de las críticas de los familiares por la falta de información en los dos largos días posteriores al accidente.

El texto del real decreto ley empieza por reconocer la «excelente y rápida labor» del personal de los servicios de emergencias, sanitarios, personal asistencial, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, efectivos y voluntarios de Protección Civil, el pueblo de Adamuz y los ciudadanos anónimos. «En situaciones de accidente con víctimas mortales y heridos, la rapidez en la atención no es solo un factor deseable, sino un elemento crítico que puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte, así como la magnitud de las secuelas físicas y psicológicas», expone.

A continuación, ya entra en las alabanzas al propio Gobierno: «La capacidad de los servicios públicos para ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante un accidente con víctimas constituye un elemento esencial para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esta confianza no se construye únicamente a partir de la eficacia técnica de los equipos de emergencia, sino también mediante la percepción de que el Estado actúa con diligencia, sensibilidad y responsabilidad en todas las fases posteriores al incidente. En este sentido, la pronta activación y gestión de ayudas destinadas a las personas afectadas se convierte en un componente fundamental de la respuesta institucional».

Después, el Gobierno destaca que con su «activación temprana» de las ayudas está: proporcionando a las víctimas y a sus familias «un respaldo material inmediato que contribuye a mitigar el impacto económico derivado del accidente»; reforzando «la idea de que las instituciones actúan de manera proactiva y no reactiva: planificación, previsión y capacidad de gestión»; y contribuyendo a «fortalecer la cohesión social». Y añade: «Cuando las instituciones responden con rapidez y sensibilidad, se genera un sentimiento colectivo de protección y solidaridad. Este efecto es especialmente relevante en accidentes con un alto impacto emocional o mediático, donde la sociedad observa con atención la actuación de los poderes públicos. La transparencia en los criterios de concesión, la claridad en los plazos y la accesibilidad de los procedimientos refuerzan aún más esta cohesión».

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el encargado de presentar las ayudas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Queremos garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional», sostuvo el ministro. «El Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios. Debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad», añadió.

No obstante, esas declaraciones quedaron eclipsadas por las críticas que después dirigió Puente al presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, por cuestionar la versión oficial sobre la renovación supuestamente integral -que no lo era- de la vía. «Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido y el alcance de la renovación a mí sí que me produce sorpresa. Porque esa información está disponible públicamente, y más para los expertos ferroviarios. Para saber lo que se ha hecho en esa línea basta con entrar en el portal de contratación de Adif y verán en qué ha consistido», declaró el ministro.

El Ejecutivo ha dispuesto que cada familia afectada por fallecimiento reciba 216.000 euros, entre ayudas directas y anticipos del seguro. En el caso de los heridos, la cantidad asciende a 168.000 euros.

El Consejo de Ministros aprobó estas ayudas dos días antes del funeral, previsiblemente multitudinario, que este jueves se celebrará en Huelva, presidido por los Reyes. Ante la ausencia de Pedro Sánchez, será la vicepresidenta María Jesús Montero, a su vez candidata del PSOE en Andalucía, quien encabezará la representación gubernamental. La acompañarán los ministros de Política Territorial y Agricultura, Ángel Víctor Torres y Luis Planas.