Así funciona el indulto que anularía la condena a García Ortiz

El Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites –tras recibir una primera solicitud– para indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; que fue condenado a una pena de 12 meses de multa y dos años de «inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado» por revelar secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La petición de indulto ha sido presentada por dos particulares y, una vez recibida, el Ministerio de Justicia la ha remitido al Tribunal Supremo para que manifieste su criterio. «Es una solicitud, por lo que hemos podido saber, que hacen ciudadanos. El Ministerio de Justicia lo que hace es dar trámite a una solicitud formalizada con respecto a un indulto que se solicita por parte de la ciudadanía. Ya veremos qué es lo que dice en este caso el Tribunal Supremo, que es a quien se le ha solicitado esa información», señaló este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La profesora titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo y abogada Gemma Martínez Galindo explicó a El Debate que esta medida de gracia podría concederse al exfiscal general del Estado y encajaría dentro del ordenamiento jurídico español. El artículo 4 de la Ley del Indulto establece que «el indulto podrá ser total o parcial». «Será indulto total la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente. Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas en que hubiese incurrido», añade la norma, siendo este último el tipo de indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a los condenados por el procés de 2017.

Igualmente, el artículo 11 de la misma norma expresa que «el indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador». De esta forma, para que todas las penas de García Ortiz fueran borradas el Alto Tribunal tendría que realizar un informe favorable, algo que, por ejemplo, no ocurrió con el indulto a los políticos catalanes que llevaron a cabo el procés en 2017.

No obstante, el Gobierno podría plantear un indulto parcial reduciendo, por ejemplo, la pena de multa -que el exfiscal general del Estado ya ha abonado- y anulando la condena accesoria de inhabilitación. Al mismo tiempo, García Ortiz tendría la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

El procedimiento se inicia con la presentación de un escrito dirigido al Ministerio de Justicia, en el que deben figurar la referencia del órgano judicial que dictó la sentencia, el número de la resolución y el procedimiento al que está vinculada. A continuación, el Ministerio solicita un informe al tribunal sentenciador, que no tiene carácter vinculante. Para que la medida de gracia sea plenamente efectiva, es necesaria su publicación en el Boletín Oficial del Estado.