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La presidenta del la AVT, Maite Araluce, en una manifestación a favor de las víctimas del terrorismo, en la Plaza de Colón, en 2022

La presidenta del la AVT, Maite Araluce, en una manifestación a favor de las víctimas del terrorismo, en Colón, en 2022Jesús Hellín / Europa Press

Las víctimas alertan tras el nuevo pacto del Gobierno y Bildu: «Quieren eliminar el rastro de ETA. Es demoledor»

Cada decisión que ha ido tomando el Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder en lo que se refiere a ETA y a Bildu, empezando por tener al partido de Arnaldo Otegi como uno de sus socios más fieles y abrirle las puertas del Palacio de la Moncloa, o considerarlo, en palabras de Óscar Puente, un «partido progresista democrático» más, ha supuesto una humillación para las víctimas del terrorismo. Este sábado, El Debate reveló un nuevo pacto entre el Ejecutivo y Bildu para sacar a ETA de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, de la que forma parte desde que esta se creó, en 2001, tras el atentado de Al-Qaeda en las Torres Gemelas. Las víctimas lo reciben como una muestra más de la indiferencia y la nula empatía del presidente del Gobierno hacia ellas.

Para Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) e hija de Juan María Araluce, asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976 en San Sebastián, este pacto es un paso más. Hasta ahora ha habido un blanqueamiento de la banda terrorista, denuncia, pero «ahora quieren eliminar el rastro de ETA» como si aquí no hubiera pasado nada. «Es borrar la memoria de lo que ha pasado antes de ayer», señala en conversación con El Debate.

«Es demoledor», traslada, y además, «muy peligroso» porque se está cambiando la historia con el objetivo de que se blanquee su pasado y que las nuevas generaciones, que ya apenas conocen lo que ocurrió, los tengan «como héroes» y se justifique lo que hicieron. Algo que, como lamenta, «están consiguiendo», y prueba de ello es el trato que los etarras reciben de forma recurrente en el País Vasco y en Navarra.

Araluce remarca que el partido de Otegi es el brazo político de ETA y recuerda en este sentido que han llevado a terroristas en sus listas electorales (40 en las listas municipales de 2023, siete de ellos condenados por delitos de sangre) y que han hablan de ellos como «los suyos». Reveladoras fueron aquellas declaraciones del propio Otegi en las que afirmó textualmente en 2021, desvelando lo que quieren tras su apoyo: «Tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos».

Y así, mientras, van consiguiendo todo lo que querían: el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco, la transferencia de las competencias penitenciarias... Se les concede para que Sánchez se mantenga «un tiempo más» en el poder, denuncia Araluce.

La presidenta de la AVT critica que se quiere meter a las víctimas «debajo de la alfombra» porque son «incómodas» y siente por parte del presidente del Gobierno «empatía cero» hacia ellas. También hacia la sociedad española, porque, como subraya, todos somos víctimas de aquel periodo oscuro de nuestra democracia.

Las políticas en materia penitenciaria, en vez de arropar a las víctimas, señala, «favorecen a los terroristas». Araluce lamenta que la sociedad, que en un primer momento puede indignarse con hechos como este nuevo pacto, parece que «se deja llevar». «Debíamos de dar un paso más», apunta, e indica que tienen pensado reunirse con los partidos de la oposición para preguntarles si revertirán todo esto cuando lleguen al poder.

En una línea similar se pronuncia Daniel Portero, que cree que con esta información «queda acreditado que a Pedro Sánchez y todo su Gobierno les da igual absolutamente todo lo que tenga que ver con las víctimas de ETA». El presidente de la asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, asesinado por la banda terrorista el 9 de octubre del 2000, traslada a este periódico que a las víctimas les hiela la sangre cada vez que el Gobierno toma una medida que tiene que ver con Bildu, «sucesor de ETA en su rama política».

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, durante un momento de la entrevista en la redacción de El Debate

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, durante un momento de la entrevista en la redacción de El DebateEl Debate (copyright)

«Nunca dieron el pésame a una familia de víctima de ETA desde que comenzaron a gobernar hace casi ocho años en España y sí lo hicieron con el terrorista de ETA que se suicidó en la cárcel», recuerda Portero en alusión al pésame que dieron a la familia de Igor González Sola.

El presidente de Dignidad y Justicia recuerda la mentira de Sánchez cuando dijo que no querría saber nada del partido de Otegi mientras hoy «lo saben todo de ellos y han negociado todo con ellos». «Tienen gran relación con Bildu para perpetuarse en el poder a pesar de la sangre de sus compañeros socialistas derramada (...). No tienen escrúpulos, no tienen principios, no tienen moral, no tienen absolutamente nada. Solo quieren el poder», denuncia al tiempo que recuerda que, no obstante, el PSOE perdió las elecciones en 2023 pero se apoya «en los que quieren romper España o los que ya la rompieron asesinando a nuestros compatriotas, entre otros mi padre».

El presidente de Dignidad y Justicia recalca que nunca se debe consentir que se saque a ETA de la lista europea de organizaciones terroristas mientras haya «más de 30 (etarras) huidos de la justicia por casi 100 asesinatos», mientras haya 376 asesinatos sin resolver «sin la colaboración expresa de ningún etarra para esclarecerlos» o continúen abiertas causas contra los jefes de la banda terrorista en la Audiencia Nacional.

Contra este nuevo pacto y en apoyo a las víctimas también se han pronunciado desde la sociedad civil. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de «mafia traidora» al Gobierno de Sánchez, al que ha recriminado que quiera borrar la historia de España y «que nos olvidemos del sufrimiento reciente y de lo que han hecho los criminales de sus socios contra los españoles».

Desde la Fundación NEOS, que preside el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, han descrito este pacto como «una de las expresiones más brutales de la inmoralidad y del desprecio a las víctimas». También desde Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, han denunciado que es «el pacto de la vergüenza»: «Jamás asesinar a más de 850 inocentes —357 de ellos compañeros— había tenido un coste político tan bajo», han lamentado.

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