El 40 % de los nuevos jueces tiene padres sin estudios superiores: los datos desmontan los ataques de la izquierda

Ione Belarra, la líder de Podemos –formación con la que el Gobierno acaba de pactar llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes– exigió en noviembre a Pedro Sánchez que materializara «un plan para reventar a la derecha». Desde el tribunal del Congreso, Belarra pidió al jefe del Ejecutivo reformar «el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional».

«Empecemos a quitarle las telarañas a esa Justicia que todavía tiene rémoras franquistas. ¡Y que diga, presidente, Europa misa! Y que vaya Junts a explicar en Cataluña cómo se va a oponer a un acuerdo para quitar los privilegios a los jueces fachas», añadió la dirigente de extrema izquierda.

Poco después, tras conocerse el fallo que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, Belarra calificó como «franquistas» a los magistrados del Tribunal Supremo que habían enjuiciado el caso. «La derecha judicial y mediática asesina civilmente al Fiscal General del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?», destacó.

La semana pasada, tal y como publicó El Debate, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, denunció que el Ejecutivo central está «relegando los principios de mérito y capacidad en el acceso a la judicatura y posibilitando la entrada por la puerta de atrás de jueces sustitutos e interinos que sean más del gusto del Gobierno de Sánchez». Además, destacó que «el pasado 13 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, lo que ha supuesto un nuevo intento de control de la carrera judicial».

En este contexto, desde que comenzó la legislatura el Gobierno ha arremetido en una gran cantidad de ocasiones contra la judicatura. En septiembre, el propio Sánchez aseveró en una entrevista en TVE que hay «jueces haciendo política» que «hacen un daño terrible, un inmenso daño a la Justicia, al Poder Judicial».

De hecho, en abril de 2024, en su primera carta a la ciudadanía, el también líder del PSOE subrayó que «un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista»; resaltando, de forma velada, que el juez Juan Carlos Peinado había hecho caso a una solicitud de un sindicato de «ultraderecha».

A pesar de estos constantes ataques de la izquierda, el CGPJ acaba de hacer públicos los datos sobre el perfil de los nuevos jueces que se incorporan este año a la carrera judicial, los de la de la 74ª promoción. Según se recoge en una encuesta realizada por la Escuela Judicial «cuatro de cada diez nuevos jueces y juezas –el 38,79 %– vienen de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores, porcentaje superior al 35,34 % de los casos en los que tanto el padre como la madre son licenciados (sic)». «En el 25,86 % restante, solo uno de los dos progenitores posee título universitario», se añade.

Igualmente, ocho de cada diez –el 78,45 %– no cuentan con ningún jurista entre sus allegados y solo el 6,03 % tiene a un juez o magistrado en la familia, mientras que el 15,52 % restante procede de entornos familiares en los que hay otros profesionales jurídicos, sobre todo abogados. Asimismo, las mujeres representan el 70,25 % del total y vuelven a ser –como viene sucediendo desde 1997– amplia mayoría; con una edad promedio de 29 años.

El plan de becas del Gobierno

Este periódico publicó en noviembre de 2021 que el Gobierno había diseñado un programa de becas para captar más jueces y fiscales de izquierdas, medida que se materializó al año siguiente y que se ha seguido aprobando hasta hoy en día. Pese a no tener Presupuestos, el Ministerio de Justicia aprobó en mayo de 2025 estas ayudas, que ascendieron el año pasado a 15,6 millones.

Para 2025 no se estableció la nota en el grado de Derecho, el mérito o la capacidad como principal motivo para recibir la beca, sino la menor renta familiar: «La finalidad de estas becas para opositores en el ámbito de la Justicia es facilitar el acceso a estos cuerpos a quienes tengan la capacidad y los méritos necesarios para acceder a los mismos con independencia de cualquier otra condición económica, personal o social. Por este motivo, se ha establecido como criterio principal para el acceso a estas ayudas la menor renta familiar, además de otros aspectos como la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo».

«El mensaje del eslogan deberá ser impactante y original, deberá poner en valor las ventajas de este programa (eliminación de barreras socioeconómicas, diversidad de las personas beneficiarias, representación de todo el territorio nacional, etc.) y asociarse con la idea de atracción de talento y el desarrollo de una carrera profesional motivadora en la Administración de Justicia», remarcó el Gobierno en la licitación pública que sacó para promocionar las becas, que tuvo un precio total de 300.000 euros.