Podemos dicta al PSOE el próximo objetivo con los inmigrantes regularizados: «Que puedan votar»

Podemos ya ha fijado su próximo objetivo después de pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez la regularización masiva de inmigrantes ilegales que afectaría a, al menos, 500.000 personas en situación irregular. «Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto», ha asegurado la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, este sábado durante un mitin el partido morado en Zaragoza. «Si vives aquí, tienes que tener derecho a votar aquí, para que sepas a dónde van tus impuestos», ha señalado la secretaria general del partido y diputada en el Congreso, Ione Belarra.

Montero y Belarra defienden incorporar a los inmigrantes que se beneficien de esta medida al censo electoral, sabiendo que votarían en un futuro a Podemos o al PSOE, al ser los partidos que han promovido su regularización y facilitando su nacionalidad. Huelga decir que esta regularización beneficiaría a aquellas personas que hayan llegado en los últimos cinco meses a España, por lo que recibirían, en caso de que salga adelante, una nacionalidad española que tantos años y entramado burocrático les cuesta superar a otros inmigrantes que llevan más tiempo en nuestro país.

Esta regularización masiva y la posterior reforma de la ley para que puedan votar cuanto antes daría un vuelco electoral en España si tenemos en cuenta que las encuestas electorales que se han realizado en los últimos meses dan una victoria holgada a la suma del PP con Vox en caso de unas hipotéticas elecciones generales.

El PSOE podría verse beneficiado de este incremento del censo electoral tras sufrir varios batacazos electorales como el que se produjo en las elecciones autonómicas de Extremadura, una tierra que hasta hace no mucho era un bastión para los socialistas.

Podemos y PSOE defenderían otorgarles el derecho al sufragio activo cuanto antes, sin tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales que tendrían para España esta medida, como la saturación de los servicios públicos o un efecto llamada que se ve reflejada en la llegada de inmigrantes ilegales a través de multitud de pateras.

Sin la aprobación del Congreso

El Gobierno de Sánchez aprobó la regularización de inmigrantes ilegales el pasado martes en el Consejo de Ministros. Lo hizo a través de un real decreto para evitar que el texto tenga que aprobarse en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de PSOE y Sumar ha optado por esta vía al ser conscientes de su fragilidad parlamentaria y de las derrotas sufridas a la hora de intentar sacar leyes de calado, como ha ocurrido con otras que no han prosperado por el rechazo de Junts o, en ocasiones, Podemos.

En mitad de la tragedia de Adamuz

Por otra parte, llama la atención el momento escogido para aprobar esta medida. La eurodiputada Irene Montero anunció su acuerdo con el Ejecutivo de Sánchez el pasado lunes durante un mitin de Podemos en Madrid. Esto ayudó a opacar la tragedia que se produjo en Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

El accidente dejó un total de 46 muertos y, a pesar de eso, no ha habido ninguna dimisión. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha negado a asumir responsabilidades a pesar de las contradicciones en las que ha incurrido a la hora de dar explicaciones y después de que Junts o ERC, socios del Gobierno de Sánchez, hayan pedido su dimisión también por el caos ferroviario en Rodalies, el servicio de cercanías de Cataluña.

El Gobierno optó por suspender el homenaje laico que había planeado hacer este sábado en Huelva después de la negativa de varios familiares de las víctimas a asistir al evento. Y es que muchas de ellas han expresado su negativa a compartir espacio con miembros del Ejecutivo central y debido a preferían que se hiciese un funeral católico.

Además, Pedro Sánchez optó por no acudir a la misa funeral por las víctimas de Adamuz que se realizó el pasado jueces en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva. El acto fue oficiado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y también estuvieron presentes los Reyes de España. Felipe VI y Letizia, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.