El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz
Claves de la ley antiokupas del PP: desalojo exprés, cortar los suministros o que la comunidad tapie puertas
La normativa busca que los okupas no puedan empadronarse, y también diferenciar jurídicamente el domicilio constitucionalmente protegido de la vivienda okupada ilegalmente
El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados este mes su ley antiokupación, con el nombre «proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios», tal y como publicó el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 13 de febrero. Después de que el pasado mes de noviembre el Senado aprobara la «ley Feijóo» para cambiar el Código Penal y que sea legal cortar los suministros a los okupas, ahora los 'populares' han llevado esta norma a la Cámara Baja.
El texto del PP recoge varias novedades legislativas, como el desalojo exprés de los okupas, que sea legal que una comunidad pueda tapiar puertas si hay riesgo de okupación, que el propietario del inmueble pueda cortar los suministros sin que sea considerado un delito o separar jurídicamente el concepto de domicilio protegido del de okupado ilegalmente.
El escrito parlamentario asegura, en su exposición de motivos, que «la ocupación ilegal de una vivienda, constituida por la tenencia o posesión de un bien de manera ilegal por carecer de título jurídico alguno para ello que la haga legítima, es una vulneración del derecho al disfrute de la vivienda por el legítimo titular, reconocido como principio rector de la política social y económica por el artículo 47 de la Constitución Española».
Devolución de impuestos y herramientas para las comunidades
En este contexto, la ley de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo señala en su artículo 3 que «el ocupante ilegal de cosa inmueble no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes». A su vez, los dueños «podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento».
La disposición final indica que «en el plazo de dos meses» tras la aprobación de la norma, el Gobierno modificará «la legislación tributaria de forma que, en supuestos de ocupación ilegal, se reconozcan a los legítimos propietarios» que «sean devueltas las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre el Patrimonio, por el periodo que haya durado la ocupación», y que la «vivienda ocupada será considerada como residencia habitual de su propietario».
Por su parte, se prevé cambiar el Código Penal para endurecer las penas para los okupas —hasta los tres años de cárcel— y castigar como «colaborador o instigador» al que «promoviera la ocupación sin justo título de una cosa inmueble ajena o la usurpación de un derecho real inmobiliario, a través de la elaboración o distribución de instrucciones o recomendaciones para la ocupación, o señalare inmuebles para ser ocupados ilegalmente». Asimismo, aspiran a que el artículo 172 diga que «la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones».
Igualmente, el PP propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se produzca el desalojo exprés: «Iniciado un procedimiento penal por delito de ocupación ilegal de inmueble del artículo 245 del Código Penal, el Juez de Instrucción, en su caso el de guardia, ordenará a la Policía Judicial que requiera a la persona o personas ocupantes del inmueble para que desalojen voluntariamente el mismo en el plazo máximo de 24 horas (...) En caso de que no se acreditase en el plazo establecido en el apartado anterior la tenencia de título jurídico que legitime la ocupación, el Juez ordenará a la Policía Judicial el desalojo inmediato del inmueble».
Puedes descargar el pdf desde aquí: Ley antiokupación del PP
Los 'populares' también quieren reformar la ley de propiedad horizontal y que pase a señalar que «en caso de que alguna de las viviendas o locales se encontrara vacía y existiera riesgo de que resultara ocupada ilegalmente, el presidente, a iniciativa propia o de cualquier vecino, pondrá en conocimiento del propietario la posibilidad de adoptar medidas preventivas, tales como tapiar, cerrar puertas o ventanas o instalar sistemas antiocupación». «La ocupación ilegal de cosa inmueble no podrá dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal», afirma la proposición para prohibir el empadronamiento.
