Cerrojazo informativo: los asuntos que Sánchez oculta mientras alardea de transparencia con el 23-F

El Gobierno de Pedro Sánchez presume de transparencia con la desclasificación de los documentos del 23-F, pero oculta información sobre todo aquello que no le interesa que se sepa. Y cuando alguna persona recurre al Consejo de Transparencia para obtener información, el Gobierno se aferra con frecuencia a la seguridad nacional o al secreto de Estado para eludir una respuesta e imponer el cerrojazo informativo. En los casi 50 años de democracia nunca ha habido en España un Gobierno tan opaco como el que preside Sánchez.

Algunas de las cuestiones sobre las que Moncloa se ha negado a facilitar información son el rescate de la compañía Plus Ultra, el cambio de postura respecto al Sahara, la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con un empresario de Plus Ultra en una zona restringida del Monte de El Pardo, y el uso de los aviones oficiales para actos privados del presidente o por parte de su esposa, Begoña Gómez, según explica a El Debate el abogado Julio R. Naranjo, socio director general de ITCD, firma especializada en asuntos públicos y derecho de acceso a la información pública.

Pero el jefe del Ejecutivo también se ha negado a informar sobre el tiempo y el coste de la estancia de su hermano, David, en Moncloa; los motivos del apagón eléctrico del pasado 28 de abril; la lista de los más de 900 asesores que trabajan para el presidente y sus ministros; los viajes de los altos cargos o la verdad sobre la estancia de Delcy Rodríguez en Barajas en enero de 2020.

Y, en el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, Moncloa hizo algo peor aún que ocultar información: envió a la prensa un documento de 32 páginas con datos falsos. Entre otras cosas, afirmaba que en el tramo del accidente se había hecho «el reemplazo completo del carril y las traviesas»; una información que se ha demostrado falsa.

El hermano escondido en Moncloa

En el caso que afecta a su hermano, el imputado David, Sánchez se negó a informar cuánto tiempo le tuvo escondido en el Palacio de La Moncloa, y cuánto costó su estancia y la de su esposa, Kaori Matsumoto, embarazada en aquel momento, así como los recursos y medios de transporte que se pusieron a disposición de la pareja. El presidente se negó a informar a pesar de que una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le obligaba a facilitar esa información.

Aviones oficiales para uso privado

Uno de los ejemplos de opacidad más llamativos es el del uso del Falcon por parte de Sánchez para actos privados. Esta información se solicitó respecto a los primeros meses de 2019 y, tras tres años de silencio -sin contestar a la solicitud, ni a las alegaciones del Consejo de Transparencia-, en 2022 la Audiencia Nacional condenó a Moncloa y la obligó a reconocer la existencia de 51 desplazamientos privados de Sánchez en coche oficial pero «cero» en avión o helicóptero, a pesar de que había constancia de una treintena de traslados en los que, lejos de acudir a los destinos como presidente, lo hacía para asuntos privados.

Para justificarlo, Presidencia alegó que Sánchez es presidente las 24 horas al día, después de que en sede judicial asegurasen que no poseían la información privada de Sánchez y que facilitarla pondría en peligro la seguridad nacional, explica Julio R. Naranjo.

Argumentos para no informar

No obstante, añade, para esgrimir la excusa de la seguridad nacional no siempre recurren a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, sino que se agarran al artículo 14.1.a) de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que establece que «el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional» o al 14.1.d), que lo limita para ocasiones en las que consideran que se pone en peligro la «la seguridad pública», aunque no deja de ser una consideración arbitraria.

Zapatero en un espacio restringido

Es el caso, por ejemplo, de la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero en el Monte del Pardo con el empresario de Plus Ultra detenido. Patrimonio Nacional se negó a informar sobre quién y cómo se permitió la entrada del expresidente del Gobierno, explicando que hay «zonas de acceso restringido, así como de procedimientos internos de control y gestión de accesos cuya divulgación a terceros podría comprometer la seguridad del espacio».

Además, mientras que apela a la seguridad nacional para ocultar información, no aplica este precepto cuando tiene que hacerse con las riendas de situaciones de emergencia como la dana o los incendios del verano pasado, señala el experto en derecho de acceso a la información.

Vaguedades sobre la dana y los incendios

Respecto a la dana, Sánchez no respondió sobre su papel en las horas críticas hasta que no fue obligado por el Consejo de Transparencia. Y, después, alegó, tras varios requerimientos, que la única información que poseía eran notas internas o borradores que no constituyen trámites en ningún procedimiento.

En el caso de los incendios, Presidencia se limitó a decir que se activaron «los mecanismos de protección civil desde los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España, no habiéndose activado para la gestión de esta crisis el Sistema de Seguridad Nacional (Ley 36/2015, de 28 de septiembre) por lo que no obra en poder de este órgano información al respecto».

Rescate de Plus Ultra

El rescate de Plus Ultra es otro de los asuntos que el Gobierno ha intentado silenciar, puesto que desde Transportes se sostuvo que la información de las operaciones financiadas a cargo del Fondo de Apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas tiene la categoría de «carácter reservado». Finalmente, tras obtener el respaldo del Consejo de Transparencia, tuvo que claudicar y entregar el informe elaborado por Aviación Civil que sustentó el rescate. No obstante, la SEPI se negó a facilitar el expediente completo del rescate, un asunto que está en el Tribunal Supremo.

No hubo comité de expertos

También en medio de la pandemia y gracias a la presión ejercida a través de los mecanismos de la Ley de Transparencia, el Gobierno tuvo que reconocer que no creó un comité de expertos para apoyar la toma de decisiones, sino que fueron los técnicos adscritos al Ministerio de Sanidad y técnicos designados por cada una de las Comunidades Autónomas los que se pusieron al frente de la evaluación de la evolución de la pandemia.

Tapar los indultos

El Gobierno trató de esconder los expedientes de los indultos a los líderes independentistas con el argumento de que debía proteger los datos personales de los implicados, aunque tuvo que claudicar y facilitarlos, cumpliendo la orden del Consejo de Transparencia.

El misterio sobre el Sáhara

El giro radical de la posición española sobre el Sáhara sigue estando bajo sospecha, pues el Gobierno tampoco quiso aclarar nada al respecto. Exteriores se agarró a que este giro se sustentó en «información auxiliar» que no podía desvelar para no causar perjuicio a las relaciones exteriores, la garantía de la confidencialidad y el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Este giro se hizo sin el respaldo formal del Rey, ya que Moncloa solo indicó que Sánchez tuvo cinco despachos con Felipe VI en el que se trataron «temas de actualidad internacional», de forma genérica.

Los despachos con el Rey

En este punto cabe señalar que, durante un tiempo, cada vez que se solicitaba información sobre las reuniones entre el Rey y Sánchez, Presidencia alegaba que «despachan habitualmente, tanto de forma presencial como telefónica, sin que en todos los casos se intercambie documentación entre los órganos de apoyo de ambas instituciones».

Sin embargo, esto cambió cuando el 23 de noviembre de 2021 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, en el que ampliaba las restricciones de acceso a la información a «las comunicaciones con los miembros de la Familia Real y la Casa de S.M. el Rey». No obstante, el Consejo de Transparencia echó por tierra el argumento porque para que dicha posibilidad se traduzca en una limitación efectiva del derecho de acceso es «necesario que el legislador estatal» lo incluya en su normativa, algo que no ha hecho.

Vuelos de Begoña Gómez

Por su parte otras cuestiones que tampoco ha aclarado Presidencia es lo relativo a los vuelos de Begoña Gómez en los aviones oficiales de la Fuerza Aérea Española, cuya información ha ido desvelando a cuentagotas para intentar frenar la demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.