El ex DAO pide al juez que compruebe si el destino profesional de la policía fue impuesto o «libremente elegido» por ella

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, que dimitió tras ser denunciado por una subordinada, como presunto autor de un delito de agresión sexual, se sentará este martes ante el juez instructor del caso para prestar declaración.

Sus abogados han pedido al magistrado que compruebe, entre otras cuestiones, si como manifestó la querellante, una policía con rango de inspectora, en su escrito inicial, el destino profesional en el que ambos coincidieron, en las dependencias de la Dirección General del Cuerpo, fue «impuesto» por el entonces DAO o si, por el contrario, se trató de un puesto «solicitado, elegido y aceptado» por la mujer en un «marco libre de elección personal».

No en vano, al tratarse de un dato que, por su propia naturaleza, responde a un planteamiento objetivo, reflejado en los trámites administrativos necesarios para llevarlo a término, resulta «imprescindible» para la defensa jurídica del ex mando policial, de cara a acreditar si la versión proporcionada por su presunta víctima coincide para el resto de los hechos narrado, tal y como sucedieron en la realidad.

De lo contrario cabría entender, sostiene la representación jurídica de González, en su oposición a las alegaciones, que el indicio penal aportado por la querellante está «contaminado» por la única versión de la mujer y «en múltiples ocasiones (y platós de televisión) por su abogado».

Una prueba que, sin embargo, como el resto de las solicitadas por el resto de las partes, ha quedado relegada a los interrogatorios que tendrán lugar a lo largo de esta mañana, en sede judicial. Según ha podido confirmar El Debate, sólo una vez se hayan producido estos, el juez titular del Juzgado de Violencia número 8 de Madrid valorará las pesquisas instadas y la procedencia de las mismas.

Así las cosas, cabe recordar que el propio magistrado apuntó en el auto que dio origen a la investigación que apreciaba en los hechos reflejados en la denuncia, detalles que «hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales», además de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad que recaerían en la figura del ex DAO.

«Subordinación, control y dominación»

La denunciante, agente de la Policía subordinada de González, mantuvo «en el pasado una relación de afectividad» con el que fuera su máximo superior jerárquico que «estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta» dada su posición, según la querella.

«Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión», señalaba el escrito de acusación.

Un vínculo sentimental que terminó «por decisión unilateral» de la mujer, una «circunstancia» que González «no aceptó», iniciando «a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos» denunciados.

En concreto, y según el relato de la mujer, estos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando ella se encontraba prestando «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada» y, a partir de la hora del mediodía, habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» de González «requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria», en un restaurante en el que el ex DAO estaba comiendo, en aquel momento, con otro comisario.

«Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente», recogió el escrito.

La mujer se habría trasladado al destino solicitado, permaneciendo en su interior con ambos hombres y, después de compartir un rato con ellos, González y la mujer se desplazaron juntos a la que era la vivienda oficial del mando. Fue entonces cuando, presuntamente, su superior la habría propuesto subir al piso, a lo que ella habría manifestado «su incomodidad y su deseo de marcharse», en varias ocasiones.

No obstante, al final accedió y, una vez dentro de la casa, el ex DAO habría servido dos cervezas e iniciado «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». «Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento», añadió la querella.

Pese a las negativas, el hombre habría comenzado entonces «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional», agregó la querella en la secuencia de hechos.

Una querella por «control» y «celos»

Por su parte, el ex DAO afirmó que ofreció a la denunciante marcharse de la vivienda en la que habrían ocurrido los hechos y negó que le impidiera irse, al tiempo que vinculó la querella a «celos» de la mujer.

La representación legal de González señaló, en un escrito remitido al juez, «contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental».

En su opinión, lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar o un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención por parte de ella, formulados con expresiones afectivas y en un tono de confianza personal.

De hecho, el abogado de la mujer entregó al juez una serie de pruebas para probar la acusación, entre las que se encuentran audios, un listado de llamadas y pantallazos de mensajes, sobre los que pidió la «plena reserva» y «salvaguarda» en sede judicial. Es decir, que sólo se pudieran consultar en el juzgado.

Una solicitud a la que el magistrado respondió garantizando la «confidencialidad» del material aunque sin la «plena reserva» que demandaba la denunciante, motivo por el que entregó a la defensa del ex DAO una copia de las pruebas aportadas por la denunciante. En relación a este extremo, la mujer ha reclamado al juez que investigue una supuesta filtración de su identidad, solicitando que se deduzca testimonio por los presuntos delitos de revelación de datos reservados y vulneración del secreto sumarial.