Las tres «transgresiones de la justicia» con las que todos los gobiernos socialistas han blanqueado a ETA

En el Gobierno de Felipe González «se transgredió la ley y se constituyó una organización terrorista, los GAL». Durante el Gobierno de Zapatero «se transgredió la legalidad y se dieron chivatazos a ETA, el caso Faisán». Y con el Gobierno de Pedro Sánchez «volvemos a tener otra transgresión de la Justicia, que es el artículo 100.2, por el cual se está haciendo una excarcelación gratuita y una amnistía a los presos de ETA más criminales de su historia».

Con estas tres frases, y en tan solo 35 segundos, el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, ha hecho un repaso de un historial de «transgresiones de las leyes» que han empleado los tres gobiernos socialistas que ha habido en Democracia para contentar y blanquear el terrorismo de ETA.

De esta forma, De Andrés coloca la utilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario como herramienta para sacar a la calle a los presos más sanguinarios de ETA, esos que no pueden acceder ni con triquiñuelas al tercer grado, a la altura de los GAL, que cometieron 31 asesinatos, o del polémico 'chivatazo' a miembros de ETA con el que se les advertía de una inminente operación policial.

Porque, tal y como recuerda el Partido Popular del País Vasco, el 85 % de las concesiones de la semilibertad que supone el artículo 100.2 se están dando al 8 % de los presos vascos, que son los que pertenecen a ETA. Una muestra más de la utilización de las leyes penitenciarias para refrendar el acuerdo entre Gobierno y Bildu, más concretamente con su dirigente Arnaldo Otegi, para sacar a todos los presos de ETA de la cárcel a cambio de recibir el voto favorable en los Presupuestos.

Desde que el pasado mes de abril, El Debate destapó la utilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para sacar a presos de ETA de las cárceles vascas, desconocido hasta ese momento, son ya más de una veintena de presos los que han visto cómo se les concede la semilibertad sin haberse arrepentido (la firma de un texto tipo escrito por sus abogados no es arrepentimiento sincero) y, por supuesto, sin haber colaborado en el esclarecimiento de sus crímenes. La muestra más clara es el caso de Juan Carlos Chouzas 'Gadafi', el primer preso al que se le aplicó este artículo, ya que está condenado por siete asesinatos cuando la Policía le atribuye hasta 15.

El artículo 100.2 es el último escalafón de un programa perfectamente acordado y estructurado para sacar a todos los presos de ETA de la cárcel que comenzó con el acercamiento de los presos; continuó con el traslado de todos los presos de ETA a las cárceles vascas o navarras al tiempo que se le entregaba al Gobierno vasco las competencias de la política penitenciaria. Una vez agotadas todas las posibilidades de concesión del tercer grado, se optó por aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone la misma semilibertad del tercer grado pero sin la necesidad de cumplir sus requisitos (aunque tampoco los presos que salen en tercer grado cumplen con los requisitos de arrepentimiento y colaboración).

Estos presos no podían acceder al tercer grado precisamente por su 'curriculum' especialmente sangriento, como son José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri' o, en último lugar, Soledad Iparraguirre 'Anboto', ambos con una quincena de asesinatos.

Vigilancia de Bruselas

Por eso mismo, los eurodiputados Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos se dirigieron recientemente por carta a la Comisión Europea para que "requiera información al Gobierno de España sobre las circunstancias y el fundamento jurídico de los beneficios penitenciarios concedidos a Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', otro de los beneficiados por el 100.2.

Recuerdan los integrantes del Partido Popular en el Parlamento Europeo que «al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios que les permiten circular libremente por las calles de Euskadi y coincidir con sus víctimas».