El caos del Gobierno en la gestión de las mascarillas sale a la luz en el juicio del Supremo

La crónica de la última jornada de la segunda semana del juicio del 'caso mascarillas' deja sobre la mesa del Supremo todo un reguero de despropósitos, sin respuesta. ¿Cómo es posible que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, facilitara un contacto que luego dice no haber elegido? ¿Por qué le «chocaba» a la ex alto cargo la presencia de Víctor de Aldama en el despacho del entonces ministro, José Luis Ábalos, incluso en ausencia de éste pero en compañía del «peculiar» Koldo y, sin embargo, su entidad accedió a firmar la adjudicación de compra de5 millones de mascarillas a favor de Soluciones de Gestión ? ¿Hasta dónde llegaba el «transmisor» Koldo, dueño y custodio de la agenda ministerial y hasta dónde el conocimiento del ministro sobre sus andanzas y amistades? ¿Omitió, deliberadamente, Pardo de Vera su reunión con Aldama, por indicación de Ábalos en las oficinas de su empresa? ¿Y qué hay de su encuentro con el empresario José Ruz, uno de los presuntos pagadores de 'mordidas' a cambio de obra pública amañada?.

Lejos de quedar claros los términos en los que el Gobierno gestionó, en plena emergencia sanitaria, la adquisición de 13 millones de mascarillas, por más de 30 millones de euros, a través de Adif y Puertos del Estado, el rosario de testigos citados en el salón de plenos de la Sala Segunda del Alto Tribunal dibujaron un 'caos' preocupante que, difícilmente, encuentra explicación en la mera situación de «urgencia» y la «rotura del mercado».

Además, resulta chocante que todos conociesen de la existencia de un proveedor, Soluciones de Gestión, que estaba en disposición de proporcionar la cantidad necesaria de unidades de protección requeridas, incluso, antes de que se publicase, de forma oficial, la Orden Ministerial de compra de las mismas, firmada por Ábalos.

La expectación era máxima ante la comparecencia de Isabel Pardo de Vera. La que fuera presidenta de Adif y secretaria de Estado de Transportes, entre 2018 y 2021, actualmente investigada en la Audiencia Nacional por cooperar en los presuntos enchufes de Jéssica Rodríguez —ex amante de Ábalos— y por las adjudicaciones de obra pública a dedo, tenía derecho a no declarar y, sin embargo, optó por hacerlo.

Su intervención, abiertamente auto exculpatoria, entró en contradicciones manifiestas con las versiones prestadas por otros de los testigos previos y puso de manifiesto una brecha insalvable con las conclusiones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en los diferentes atestados e informes sobre el reparto de roles.

Cabe recordar que, este mismo martes, Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de Adif —también investigado en la causa paralela—, señaló directamente a Pardo de Vera. Según su versión, fue la entonces presidenta de la institución quien le facilitó, a finales de marzo de 2020, el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama. Si bien, aclaró, que la entonces presidenta «no me trasladó ninguna otra oferta».

Miranda relató cómo Adif llevaba semanas buscando proveedores ante la escasez global de material y tras recibir el 'chivatazo' correspondiente, él mismo propuso decantarse por esa compañía «por la seguridad en el suministro». Una elección que Pardo de Vera, como órgano de contratación, asumió en último término. El Consejo de Administración de Adif, dijo el testigo, «hasta le felicitó».

El exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez corroboró el relato de la urgencia ministerial. Contó que Koldo García le pidió, en apenas media hora, duplicar la compra inicial de cuatro a ocho millones de mascarillas porque «o ocho o nada», condición impuesta por Soluciones de Gestión. La decisión última, insistió, fue de Ábalos «como autoridad competente» y fue «la única oferta» viable.

Al día siguiente, miércoles 15, Pardo de Vera compareció y desmontó, punto por punto, la narrativa de los testigos. «No tuve ninguna intervención en la compra de mascarillas por Adif», sentenció. Aseguró que nunca recibió «ninguna instrucción» concreta para contratar con Soluciones de Gestión y que la cantidad y el proveedor venían «encomendados» por orden ministerial de Ábalos de 26 de marzo de 2020. «Mi equipo tomó una decisión acertada», subrayó, y defendió que el contrato se cumplió «impecablemente» mientras otra empresa suministró solo un tercio de lo pactado y con material defectuoso. No mencionó, sin embargo, las alternativas más baratas que, según Miranda, existían ni por qué se descartaron.

La contradicción es palmaria. Miranda la sitúa como la persona que facilita el contacto y decide; Pardo de Vera se presenta como mera supervisora de una orden venida de arriba. La expresidenta omitió detallar cómo se evaluaron las ofertas o si existió alguna preferencia inexplicable por la empresa de Aldama. Tampoco profundizó en los informes de la UCO que ya habían apuntado su «intervención destacable» en la contratación.

Donde Pardo de Vera sí entró en detalle fue en el malestar que le producía la presencia de Aldama en el Ministerio. Reconoció que le «chocaba» verlo en el despacho de Ábalos, incluso cuando el ministro no estaba, reunido con Koldo García. «Desde el código ético e institucional, no había visto jamás una cosa así», confesó. Llegó a preguntarle directamente a Ábalos: «¿Quién es esa persona que está en tu área reservada?». El ministro, según ella, se extrañó y respondió que «sería un amigo» de Koldo. A mediados de 2020 le transmitió su preocupación: «No entendía cuál era su papel allí». Ábalos tomó nota, pero no dio explicaciones. «Después no volví a verlo», añadió, aunque admitió que tenía la impresión de que Aldama frecuentaba el ministerio «con más asiduidad de lo correspondiente».

Koldo García fue definido por Pardo de Vera como «una persona peculiar» que «no responde a los estándares institucionales». Prefirió ella misma llevar la interlocución con él porque su equipo «estaba acostumbrado a unas relaciones institucionales de otra manera». Lo describió como «transmisor» del ministro, no como alguien que tomara decisiones.

Otro capítulo incómodo fue el del currículum de Jéssica Rodríguez. Pardo de Vera admitió que recibió el CV a través del gabinete del ministro y lo reenvió a Ineco con un escueto «me pasan esto del ministro, no sé si tiene encaje». Negó que Ábalos la llamara directamente y aseguró que, al descubrir la relación sentimental, vio «un conflicto de interés claro» y no renovó el contrato. «Lo que tú hagas, bien hecho está», le habría respondido el ministro. Contradicción aquí también: el testigo Ignacio Zaldívar había declarado que Pardo de Vera llamó dos veces porque Ábalos se quejó del trato a Jéssica en Ineco y Tragsatec. Ella lo negó «rotundamente»: «El ministro a mí no me llamó por esta señora».

En un momento especialmente llamativo, Pardo de Vera arremetió contra el actual ministro Óscar Puente: «No puede auditar los contratos de mascarillas quien es parte del proceso». Criticó la auditoría interna de 2024 porque «las conclusiones no están verificadas ni son demostradas». Una forma elegante de cuestionar la imparcialidad del actual equipo ministerial.

Las omisiones fueron tan elocuentes como las palabras. Pardo de Vera no explicó por qué, si todo fue tan correcto y «acertado», la UCO la ha situado en el centro de la operación. No entró en los detalles de los correos internos donde Miranda mencionaba una «instrucción» que luego matizó. Apenas rozó el posible conocimiento previo de los vínculos entre Aldama y Soluciones de Gestión. Y, sobre todo, mantuvo la versión de que ella era una mera ejecutora cuando los testigos la sitúan como decisora.

La crónica judicial de esta jornada deja un reguero de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que la presidenta de Adif facilitara un contacto que luego dice no haber elegido? ¿Por qué le «chocaba» la presencia de Aldama y, sin embargo, el contrato se firmó? ¿Hasta dónde llegaba el «transmisor» Koldo y hasta dónde el conocimiento del ministro?

El Supremo ha escuchado dos versiones difícilmente reconciliables. Una, la de los testigos, que dibujan una cadena de mando clara desde el ministerio hasta Adif. Otra, la de Pardo de Vera, que se desmarca con precisión quirúrgica y señala incómodos «shocks éticos» que, sin embargo, no impidieron que los contratos se firmaran. El tribunal tendrá que dirimir quién miente y quién omite. Mientras, la opinión pública asiste a un espectáculo que, más allá de la pandemia, revela las grietas de un sistema donde la urgencia sanitaria pudo servir de coartada para algo más turbio. El juicio sigue. Y las contradicciones, también.