Vox ensaya en Extremadura su plan migratorio para un futuro Gobierno de coalición

Decía ayer Santiago Abascal que el acuerdo alcanzado en Extremadura es un acuerdo razonable y satisfactorio en el que las dos partes avanzan algo en sus planteamientos y ambas ceden, en su caso más por ser la fuerza minoritaria en esa futura coalición. El programa de gobierno pactado recoge varias de las exigencias de Vox, y en Aragón, donde el pacto está próximo, esa exigencia será algo mayor en tanto que obtuvieron más fuerza en las urnas y hay menos diferencia de escaños respecto al PP (26 logró Jorge Azcón y 14 Vox).

Una de las líneas rojas que dibujó la formación de Abascal antes de las elecciones es aquella que tiene que ver con la inmigración ilegal y masiva. Que cobra especial importancia en un contexto en el que está en el debate político y social la regularización extraordinaria y masiva de extranjeros en España. El acuerdo firmado en Mérida este jueves se hace eco de varias propuestas en esta materia, que parten de un rechazo «frontal» a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Si bien, dentro de los márgenes que en este momento les marca la legislación a nivel nacional y dentro de las competencias autonómicas.

PP y Vox se han comprometido a oponerse «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad» y a no participar «en ningún caso» en reformas de leyes o normas ni tampoco en acuerdos presupuestarios que faciliten, financien o consoliden la entrada, acogida o permanencia de los inmigrantes ilegales en la región.

Aunque el planteamiento de Vox frente a lo que denuncia como una invasión migratoria es llevar a cabo deportaciones de los que han llegado de manera ilegal, los que habiendo llegado legalmente hacen del delito su forma de vida o vienen a vivir del esfuerzo de los españoles o vienen a imponer su cultura y no respetar la española, se ajustan en este caso a los límites que permiten las competencias de una región en este sentido.

Así, han acordado instar al Gobierno central a adaptar a la legislación nacional con carácter inmediato el Reglamento Europeo de Retornos que se aprobó en Bruselas en marzo y que busca «endurecer la política migratoria». Y en cuanto a los menores no acompañados, trabajar «activamente» por devolverlos a sus países de origen y en concreto apelan al artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos con los países de origen «dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia». Además, el nuevo Gobierno va a realizar pruebas de edad para comprobar si realmente son menores, que es una propuesta que Vox ha llevado a todos los parlamentos autonómicos.

Sobre los centros de menores no acompañados, Vox ya ha trasladado en muchas ocasiones que su intención, si tuviera mayoría absoluta, es cerrarlos por la inseguridad que generan y, hasta que eso pueda hacerse efectivo, reubicarlos «alejados de núcleos urbanos», tal como recoge en el programa con el que se presentó a las últimas elecciones generales. No obstante, a nivel autonómico en este contexto lo que han negociado con el PP es que en Extremadura no se va a abrir ningún centro nuevo en la legislatura ni se van a ampliar las plazas de los que ya existen, así como endurecen el régimen disciplinario en estos centros para aumentar la seguridad tanto dentro como fuera de ellos.

Por otro lado, desde el punto de vista económico, el partido de Abascal inició hace unos meses una campaña para tratar de conseguir que se fiscalicen los gastos de dinero público vinculados a la inmigración ilegal. En el acuerdo firmado con María Guardiola se recoge el compromiso de elaborar al final de cada ejercicio una auditoría en este sentido, así como el de eliminar por completo las subvenciones a ONGs o entidades que «participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas». «La Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada», aseguran ambos partidos.

Se recoge también en el programa acordado la creación, antes de marzo del año que viene, de una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva que luche contra el «uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales». A través de esta unidad se busca entre otras cosas desmantelar mafias que operan en muchas ocasiones mediante lo que se conoce como pisos patera.

Y unido a esto, el nuevo Gobierno ha fijado como otro de sus compromisos, para antes de que termine este año, exigir al Ejecutivo central que modifique la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para evitar el uso fraudulento del padrón municipal, de manera que se considere «nula de pleno derecho» la inscripción que realice una persona que no tenga un título que habilite la ocupación de la vivienda.

Y, en este mismo año, pretenden también prohibir, en el ámbito de sus competencias, el uso del burka y el nicab en espacios públicos, al considerar que es «incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia». Y, por otro lado, eliminar el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Primaria y Secundaria de Extremadura.

Prioridad nacional: eje clave

Y relacionado con el tema migratorio, un eje clave en el planteamiento de Vox y que ha articulado buena parte del mensaje que a lo largo de estos meses la formación ha lanzado en las campañas electorales, y ahora lo vuelve a enarbolar en Andalucía, es el principio de prioridad nacional, «adecuado a la legalidad vigente», en el acceso a las ayudas y a los programas de vivienda. El nuevo Gobierno va a procurar que los recursos públicos se asignen primero a los que tienen un arraigo «real, duradero y verificable» con la región. Al mismo tiempo, va a reclamar a nivel nacional que se reforme la Ley Orgánica 4/2000 y aquellas normas que dificulten que esto se pueda llevar a cabo.

En cuanto a las ayudas, por ejemplo, se tendrá en cuenta la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema, y no podrán acceder a prestaciones ni servicios sociales estructurales las personas que estén en situación irregular salvo en supuestos de «urgencia vital». Respecto a la vivienda protegida y de alquiler social, además de lo primero, entre otras cuestiones, también van a exigir que haya un mínimo de 10 años de empadronamiento para comprar y 5 para alquilar; y se va a excluir a los que en los últimos cinco años hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de viviendas.