Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en la playa de El Bocal, el 5 de marzo de 2026
La cadena de responsabilidad en la pasarela mortal de Santander: quién debía inspeccionar y quién debía actuar
Este mismo martes, la jueza ha imputado a tres funcionarios de Costas por seis delitos de homicidio por imprudencia grave y uno de lesiones
El derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, que el pasado 3 de marzo se saldó con seis jóvenes fallecidos y una herida grave, sigue en busca de respuestas. Más de un mes después, ahora el foco se sitúa en la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al que corresponde la gestión, conservación y supervisión de este tipo de infraestructuras.
La instructora del caso considera que la pasarela formaba parte del dominio público marítimo-terrestre y que, al no haber sido finalizada ni recepcionada por el Ayuntamiento, su mantenimiento recaía exclusivamente en Costas, es decir, en la Administración General del Estado.
Es por eso que las últimas resoluciones judiciales van en esa línea y han endurecido el foco sobre este organismo. Este mismo martes, la jueza ha imputado a tres funcionarios de Costas por seis delitos de homicidio por imprudencia grave y uno de lesiones, al apreciar indicios de una falta prolongada de inspección y mantenimiento de la estructura.
Entre los investigados figuran el actual responsable del Servicio de Proyectos y Obras, su predecesor –que ocupó el cargo desde la construcción de la pasarela en 2014 hasta 2023– y el jefe de la propia Demarcación. Según el auto, todos ellos tenían una posición de garante sobre la seguridad estructural y la obligación de promover o verificar las actuaciones necesarias para evitar riesgos.
Ante esto, la magistrada sostiene que durante años no se realizaron controles adecuados sobre la infraestructura, lo que habría impedido detectar el deterioro progresivo de elementos clave. En este sentido, los informes periciales apuntan a una corrosión avanzada en los herrajes metálicos, fabricados con materiales no adecuados para un entorno marino, y a la ausencia de un mantenimiento efectivo desde su instalación. El auto judicial subraya que esa falta de inspecciones y actuaciones pudo generar un riesgo no controlado que finalmente se materializó en el colapso de la pasarela.
En paralelo, la causa también analiza el recorrido de los avisos previos sobre el mal estado de la estructura y la jueza mantiene abiertas diligencias sobre la gestión de esas alertas, que implican a servicios de emergencia y a la Policía Local, aunque la responsabilidad sobre el mantenimiento recae en Costas.
El modelo de gestión sitúa la competencia en el ministerio, pero su ejecución se articula a través de servicios territoriales, lo que concentra en estos cargos técnicos la supervisión directa de las infraestructuras. En este caso, la investigación trata de determinar si esa cadena de control funcionó conforme a sus obligaciones o si existió una omisión prolongada de actuaciones.
Los tres funcionarios imputados están citados a declarar el próximo 15 de mayo, en una fase en la que también se practicarán nuevas pruebas periciales para determinar el estado real de la pasarela antes del accidente y las actuaciones realizadas sobre ella, todo para averigüar en qué punto de la cadena de responsabilidad se produjo el fallo que impidió evitar la tragedia.
